Sobre los hombros del expresidente Ernesto Zedillo (1994-2000) pesa la privatización del sistema ferroviario, la deuda pública millonaria por el Fobaproa y la matanza de Acteal. ¿Será juzgado en 2021 junto con otros de sus antecesores, como se planea con la consulta popular del próximo agosto?
SEGUNDA PARTE DE UNA SERIE
Ciudad de México, 28 de diciembre (SinEmbargo).– El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León (1988-1994) figura en la lista negra de exmandatarios que serán sometidos en agosto del próximo año a una consulta ciudadana sobre su posible juicio, herramienta impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero la pregunta fue reformulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) omitiendo nombres y dirigida a los actores políticos en general para garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas.
“El Presidente Ernesto Zedillo continuó las políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó hasta sus últimas consecuencias: privatizó bienes nacionales como los ferrocarriles, pero además adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos en el marco del ‘rescate bancario’ de 1998. A la fecha, aunque el país ha pagado a los bancos 700 mil millones de pesos por bonos del Fobaproa, esa deuda pública asciende a cerca de dos billones y no terminará de saldarse sino hasta el año 2070″, escribió en septiembre López Obrador en una carta enviada al Senado para solicitar la consulta popular, figura de la que habló desde el proceso de transición de Gobierno para juzgar a sus antecesores.
Además, durante la Administración del sucesor del candidato priista asesinado, Luis Donaldo Colosio, se registró la masacre de 45 indígenas tzotziles en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. Sin embargo, a 23 años, para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) continúa la impunidad sobre la identificación de los autores intelectuales, la cadena de mando y las violaciones graves a derechos humanos, por lo que el caso es abordado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Su última participación pública fue a mediados de diciembre en el foro organizado por Inter American Dialogue, “Juntos Adelante: Una conversación con ex presidentes de las Américas”. Ahí, el último presidente priista antes de los diez años de panismo planteó que, frente al “desastre enorme” que implica la pandemia por la COVID-19 y la crisis económica, “no hay que jugar con el tema de la popularidad política” ni es cuestión de “ideologías” para resolverlo.
“Algunos líderes piensan que los métodos que han usado para lograr el poder democrático son métodos que se pueden seguir en esta situación política tan diferente y eso no es verdad”, declaró el expresidente Zedillo, quien consideró que América Latina ha sido el continente que peor ha gestionado la pandemia.
Una vez que la Suprema Corte aprobó la constitucionalidad de la consulta, el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó mil 500 millones de pesos para realizarla. A la par de organizar las elecciones más grandes de la historia en 2021, deberá capacitar a ciudadanos para recibir y contar, instalar mesas receptoras en diversas zonas del país, así como monitorear incidentes de esta promesa presidencial.
LA PRIVATIZACIÓN DE FERROCARRILES
De 1996 a 1998, el Gobierno de Ernesto Zedillo Ponce privatizó el sistema ferroviario mexicano. Otorgó concesiones por entre 20 y 50 años al Grupo Ferroviario Mexicano (Ferromex), Grupo Acerero del Norte (Peñoles), Medios de Comunicación y Transporte de Tijuana, Grupo Triturados Basálticos (Tribasa) y a Transportación Ferroviaria Mexicana (TFM), asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries.
Al término de su gobierno, Zedillo Ponce de León participó en el Consejo de Administración de Union Pacific, miembro del Grupo Ferroviario Mexicano (GFM) formado también por Grupo México e Ingenieros Civiles Asociados (ICA), a quien le dio una concesión en 1997 para operar el Ferrocarril Pacífico Norte.
Las líneas concesionadas cubrieron 22 mil 130 kilómetros de vía, el 84 por ciento de la red ferroviaria y el 95 por ciento del sistema ferroviario nacional a finales de la década de los 90; el personal empleado era de 15 mil 500 personas y se contaba con mil 220 locomotoras y 254 mil carros de carga, de acuerdo con el Instituto Mexicano del Transporte (IMT).
La primera ruta México-Veracruz fue inaugurada en 1873 durante la presidencia de Sebastián Lerdo de Tejada. Los Ferrocarriles Nacionales de México fueron creados por Porfirio Díaz en 1907, sirvieron en la Revolución para transportar tropas y fueron nacionalizados por Lázaro Cárdenas del Río en 1937. “Llegaron estos tecnócratas, corruptos, irresponsables, y en un abrir y cerrar de ojos acabaron con los ferrocarriles”, acusó López Obrador en febrero de 2019.
En 1995 inició el proceso de privatización del sistema ferroviario mexicano al aprobarse una reforma al artículo 28 constitucional que permitió la inversión privada en ferrocarriles. En diciembre de 1996, Transportación Marítima Mexicana, asociada con la estadounidense Kansas City Southern Industries y filial de Transportación Ferroviaria Mexicana, ofreció al gobierno mil 400 millones de dólares por la concesión de 3 mil 960 mil kilómetros de vías, más de 3 mil locomotoras y alrededor de 10 mil vagones. Ese tramo de vías férreas, que movía el 40 por ciento de la carga, se conectó con vías de Estados Unidos y Canadá.
Ferromex y Ferrosur de Grupo México, así como Kansas City Southern de México (hasta 2005 Transportación Ferroviaria Mexicana) son las empresas ferroviarias que acaparan más del 90 por ciento de la participación en las vías terrestres, de acuerdo con la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, se define como la empresa de transporte ferroviario más grande, más rentable y de mayor cobertura en México al ofrecer servicios de carga general e intermodal por ferrocarril, así como de transporte de pasajeros. Sus filiales son Ferromex, Ferrosur e Intermodal México.
ERROR DE DICIEMBRE
El 20 de noviembre de 1994, tras la bomba política del levantamiento zapatista y el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, el entonces Presidente Carlos Salinas, así como Ernesto Zedillo y Pedro Aspe –parte del Pacto de Solidaridad Económica– decidieron posponer la devaluación de la moneda mexicana. Tomó la banda presidencial Ernesto Zedillo el 1 de diciembre de 1994 y días después hizo el ajuste cambiario en medio de un desplome de las reservas internacionales por un ataque especulativo. Con la devaluación, la deuda se disparó.
Se perdieron 1 millón y medio de empleos ante la quiebra de las empresas, y los ciudadanos no podían pagar los créditos. En enero de 1995 Zedillo anunció que logró un respaldo financiero con el Presidente de Estados Unidos Bill Clinton, y además el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó un préstamo de más de 20 mil millones de dólares. Pese a ello, quebraron los bancos y miles de empresas, por lo que se requirió el rescate de Fobaproa y las pérdidas se socializaron.
Zedillo decidió convertir los pagarés del Fobaproa en deuda pública a través de una iniciativa de ley, donde pidió que el Congreso reconociera la deuda pública por 552 mil 300 millones de pesos. Y reprivatizó la banca tras la estatización en el sexenio del Presidente José López Portillo (1976-1982). En la banca quedó Bancomer, Banamex, HSBC y Banorte. El resto desapareció y solo los extranjeros quisieron comprarlos. En 1998, BBVA adquirió Bancomer, Citibank compró a Banamex y Santander, a Serfín y lo fusionó con Banco Mexicano.
“Uno tiene que actuar de forma decidida, confrontar con los mejores esfuerzos la crisis y hay que hacerlo, independientemente de la popularidad política para el Presidente que esté a cargo de resolverla”, declaró Zedillo a sus recién cumplidos 69 años este diciembre en el foro organizado por Inter American Dialogue. “La idea de un nuevo contrato social es sumamente importante para poder tener una fortaleza social mayor, ser más productivos e incrementar nuestra economía. Un contrato social que no lo hemos tenido en nuestra historia en América Latina”.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta una caída del PIB regional del 7.7 por ciento en 2020 como efecto de la pandemia y estima que como la recuperación será más lenta de lo esperado la región se enfrenta a otra “década perdida”. En 2021, Zedillo Ponce de León podría ser juzgado por sus actos en la década de los noventa.
