Por Claudia Campero*

Pocas cosas son tan importantes para la vida de las personas como el agua. Sin embargo, involucrarse en la gestión de este bien común resulta un verdadero reto.

En México históricamente la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los sistemas de agua locales han sido, por decir lo menos, torpes para trabajar en conjunto con la ciudadanía. Acceder a la información más sencilla y básica de estos organismos ha implicado una batalla de años al grado que se han formado mesas de trabajo y espacios de incidencia simplemente para que cumplan con sus obligaciones de ley.

Frecuentemente funcionarios de organismos de gestión del agua reducen el involucramiento ciudadano en este tema a dos aspectos: “ahorrar” y pagar el agua. En algunos casos, ha sido tan torpe su aproximación al tema que su comunicación va dirigida a la población que menor acceso al agua tiene, demandándole un uso eficiente a quienes precisamente reutilizan el agua dos o tres veces y cuidan cada gota. Peor aún, en más de una docena de estados de la república se sigue suspendiendo el servicio de agua en viviendas por falta de pago a pesar de que esto es contrario al derecho humano al agua.

Siendo que el agua es parte tan esencial de toda la vida y de la dignidad humana, creer que es un tema a resolverse por expertos en ingeniería y que al resto de la población sólo nos corresponde “cuidarla” y pagarla es verdaderamente ofensivo y autodestructivo.

Naturalmente que el uso del agua debe ser responsable, pero esto también pasa por admitir que el mayor consumo y contaminación del agua con sustancias peligrosas está en los usos agroindustriales, industriales y extractivos. Los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar que esos usos no atenten contra el derecho al agua de las personas y nos han quedado a deber por años en este tema.

¿Por qué la participación ciudadana en la gestión del agua tiene que ser significativa? Respuesta rápida, porque es un bien común y un derecho humano. Sin embargo, es pertinente destacar que un involucramiento ciudadano tiene valor mucho más allá, pasando por lo más evidente que es la vigilancia del ejercicio del presupuesto público, pero incluyendo también la urgente necesidad de un cambio de paradigma. El cambio al que nos referimos es a uno que incluya una visión de regeneración de cuenca, una gestión democrática y una perspectiva de equidad de género y de derechos humanos.

Gran cantidad de personas y organizaciones han estado trabajando para asegurar una buena gestión del agua, por ejemplo, cambiando el marco legal demandando una nueva Ley General de Aguas que asegure el alto a la privatización, acaparamiento y contaminación del agua. También, a escalas más locales, están las luchas contra proyectos como aeropuertos, segundos pisos e inmobiliarios que no tienen ninguna consideración por alterar irremediablemente humedales o zonas de infiltración que desesperadamente necesitamos restaurar.

Entender que tenemos que restablecer el ciclo del agua para asegurar nuestra viabilidad social -particularmente en un contexto de emergencia climática- es indispensable, pero los obstáculos de inercias institucionales e intereses económicos están bloqueando el cambio. La movilización y participación diversa es la que tendrá que abrir brecha para asegurar el acceso justo y equitativo al agua y la restauración de los ecosistemas que la proveen.

*Claudia Campero, Estratega para Movilización Urbana, Greenpeace México

Greenpeace

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