El Presidente AMLO. Foto: Cuatoscuro

Escribo esta columna con una indignación que no encuentra sosiego, pero con una preocupación mayor a ella. Como se sabe, el domingo que fue la caminata del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, un grupo organizado de personas, afines al Presidente (“es un honor estar con Obrador” coreaban portando gorras de Morena), les gritaron a las víctimas de la violencia que entraban al zócalo rumbo a Palacio Nacional, insultos indignos, entre ellos “buitres”, “que se vayan”, “que los maten”, “traidores”.

No logro todavía empatar en mi mente las imágenes de los restos calcinados de las mujeres y niños de la familia Langford en un camino de terracería de Sonora, ni las palabras de una madre que busca a su hijo desparecido, el llanto, mejor dicho, con esa palabra; “buitres”. Es totalmente antitética e injusta, a todas luces. Desde el domingo no dejo de pensar en ella con vergüenza, de pensar en quienes la profirieron sin vergüenza alguna ¿qué se necesita, anímica y hasta ontológicamente, para gritársela a alguien que perdió a su hijo, brutalmente asesinado y abandonado en un camino? ¿qué necesita estar ocurriendo para gritársela a quien perdió a su hija y a sus nietos, niños, calcinados por criminales? ¿qué necesita ocurrir dentro de quien le grita “traidor” a quien tiene una hija enferma de cáncer y no encuentra tratamiento? ¿qué tiene que estar pasando en la mente de quien corea “que los maten” a quienes han sobrevivido al imperio y la desolación de la muerte?

Las caras enardecidas bajo el sol, la actitud pendenciera, la rabia furiosa, la satisfacción enjundiosa de humillar a los humillados por el poder del Estado criminal, de silenciar a los silenciados, habla de algo más que “polarización”, obviamente, en quienes este domingo ofendieron a las víctimas ¿es una falta de información? ¿la gente que gritaba desconocía sus historias? ¿son extranjeros que acaban de llegar al país, no han vivido en él los últimos doce años? ¿se enteraron que hay colectivos de mujeres, madres principalmente, que buscan, escarban con sus manos en la tierra, buscando a sus seres desaparecidos? ¿saben que hay decenas de miles de personas desparecidas en el país? ¿escuchan las noticias? ¿qué estaban haciendo hace diez años cuando asesinaron a setenta y dos migrantes en Tamaulipas? ¿escucharon a los familiares de las personas masacradas en Creel? ¿escucharon a los padres y madres de estudiantes desaparecidos en Iguala? ¿sabían que marchaban en esa caminata las viudas de periodistas asesinados con saña? ¿de niños y bebés? ¿quiénes son esos que gritan? Viejitos, viejitas, adultos mayores, notablemente. Están gritándoles, están convencidos: son culpables. Quieren que se vayan, que no lleguen a la casa del Presidente, que está justo enfrente. Allí vive, el señor servidor público que nos gobierna. Meten el cuerpo, quieren impedirlo: gritan más fuerte, que no se escuche su voz, que nadie la oiga, que sus gritos la silencien, la ahoguen.

Hace nueve años, en esa misma plaza, caminamos muchos, cuando los que ahora caminan, comenzaron a caminar con todo su dolor a cuestas. Fue en abril y la guerra de Felipe Calderón desangraba al país. Por primera vez, gracias a ellos, a su valentía, a su palabra, las personas asesinadas se convirtieron en personas, dejaron de ser criminales, cuerpos desechables tirados en caminos, colgados en puentes, desintegrados en ácido, asesinados por militares, policías, criminales; daños colaterales. Cientos de migrantes mexicanos y centroamericanos que fueron secuestrados, bajados de camiones de pasajeros, asesinados en brechas, en retenes del horror, semefos rebosantes de cuerpos, camiones rebosantes de cuerpos, baldíos rebosantes de cuerpos de personas asesinadas en medio de un silencio atroz: un silencio lleno de propaganda militar y fascista: no son personas, son criminales, son cuerpos desaparecidos, son nadie. Fueron ellos, sí, los que caminaron el domingo hacia las puertas de Palacio Nacional, nuevamente, bajo el sol asfixiante, los que fueron acosados por gritos y empujones, los que cambiaron la narrativa de la guerra calderonista, los que lograron cambiar el debate público, volvieron moral y socialmente inadmisibles las muertes violentas, detuvieron, un momento, las ruedas de la máquina sangrienta, nos prestaron sus ojos, sus palabras y sus lágrimas; los que nos revelaron la naturaleza, nítida y brutal, del horror que padecíamos todos como un mismo cuerpo enfermo, y también, la naturaleza irrenunciable de la humanidad y la decencia: los que construyeron un espejo donde el país pudiera reconocerse, adolorido. Fue su voz, trágica y herida, la que habló en el Alcázar del castillo de Chapultepec, en las caravanas, la que recorrió al país, la que volvió a hablar hace año y medio cuando se juntaron con el Presidente electo y la que se escuchó estos días. No es otra, es la misma, pidiendo verdad y justicia para sus seres queridos asesinados por el amafiamiento del poder estatal, en todos los niveles. El Estado tiene una deuda con ellos, el Estado les debe la verdad de lo que ocurrió y, también, la justicia. Están diciéndonos, están diciéndole al Presidente López Obrador, una cosa muy simple: díganos quiénes mataron a nuestros seres queridos, por qué lo hicieron, dónde están nuestros desparecidos. Queremos saber quiénes fueron, quiénes los protegieron, con la complicidad de quiénes. Queremos que los juzguen, que los procesen, que no quede impune. Queremos que no le ocurra a nadie más, queremos que el Estado se haga responsable.

Eso es lo que el Presidente López Obrador no quiso escuchar: que ahora es su responsabilidad, que no, no quieren perdonar porque no tienen a quién perdonar siquiera; que no, no pueden perdonar cuando no han aparecido sus seres queridos. No, el Presidente no quiso escucharlos, prestarse al “show” de su dolor, a escuchar su palabra indignada, sus exigencias de justicia. Porque el Presidente no quiere amplificar su voz, porque no quiere asumir que, en efecto, es ya su responsabilidad parar el baño de sangre que no, no ha parado durante su administración, sino empeorado; porque no quiere que sobre la falsa felicidad del pueblo, sobre la narrativa ficticia y demagógica de logros de su gobierno se asiente la innegable verdad de quienes son víctimas del narcoestado en el que vivimos desde hace más de una década y que continúa cobrando vidas, no ha sido desmontado.

Eso explica la negativa del Presidente, esa razón, propagandística y muy básica, y también esa racionalidad política lo que ocurrió el domingo en el zócalo: un Presidente que ha deslegitimado, desde su tribuna, a las víctimas; un discurso que los ha calificado como conservadores, corruptos, hipócritas, callados como momias. Un discurso repetido acríticamente en las redes y reproducido por medios y periodistas cercanos al poder, desde que sucedió la masacre de Sonora, sí, durante su administración. Seguidores tomados por las mentiras y la propaganda, inventando que las víctimas “quieren más sangre” o descreditándolas por su apellido, enajenados por los dicterios de las mañaneras: no son víctimas, son enemigos de la transformación y merecen nuestro odio. Mentiras propagandísticas que han logrado lentamente envenenar a la gente, convencerla de cosas absurdas e ignominiosas contra todo aquel que ose disentir del Presidente o ponga en entredicho la “feliz, feliz, feliz” situación de las personas que, según el Presidente, están más preocupadas por los baches de sus municipios que por la inseguridad.

Tristemente, el escenario guarda un parecido ominoso con el escenario anterior a la emergencia del Movimiento por la Paz: las víctimas están siendo criminalizadas de nuevo. Obviamente, un escenario así no puede sino ser síntoma de una enfermedad social a la que habría que prestarle toda nuestra atención y que trasciende lo sucedido el domingo: cuando la gente se convierte en instrumento de la propaganda del poder para deslegitimar a grupos sociales, hay que preocuparse.

López Obrador no creó ni es responsable de la llamada “guerra contra el narco”, pero sin duda, López Obrador es creador y responsable, de una guerra igual de cruenta, nociva y profundamente antidemocrática, contra todo aquel que lo critique o le estorbe en su camino: periodistas, organismos autónomos, defensores de DDHH, médicos, y ahora, las víctimas.
Otro insospechado y amargo saldo de nuestro gobierno de “izquierda”.