“El pueblo tiene una riqueza que el Estado no tiene: la capacidad de auto-organizarse”. Foto: Omar Martínez, Cuartoscuro

Parte de la discusión contemporánea sobre el populismo y su impacto en las instituciones democráticas se ha centrado en determinar quién es el pueblo y quién lo representa. Problemas tales como el carácter carismático del(a) líder, y su capacidad para encarnar los intereses e identidad del pueblo son considerados constantemente. También es usual evaluar las tensiones entre la política pública “técnica” y los usos clientelares de los programas gubernamentales; la capacidad del(a) líder para “moldear” las reglas y mantener o incrementar su poder; la relación entre movimientos sociales y partidos políticos; la integración y / o conflicto entre las diferentes culturas políticas que existen en diversos sectores de la sociedad; la consideración de los elementos mínimos que debe tener una democracia; y la calidad de la democracia misma, entre muchos asuntos.

Estos problemas evidencian que es una simplificación indebida entender al pueblo como una realidad homogénea y unificada, capaz de ser definida, interpretada y representada de manera absoluta por los(as) líderes políticos(as). El pueblo, en realidad, se compone por la sociedad civil organizada y no-organizada, por los mercados -tanto locales como regionales, nacionales e internacionales-; e incluso -dependiendo de los diferentes contextos- por diversas formas de gobierno local y regional, algunas de las cuales integran usos tradicionales y costumbres de pueblos originarios. En realidad existen muchos pueblos: la pluralidad y riqueza de la diversidad es el motor explicativo de las democracias. La vida de lo público y lo cívico proviene de la sociedad, los mercados y los gobiernos locales, los cuales tratan de resolver problemas concretos de personas y comunidades concretas, generando distintas narrativas, dilemas y soluciones. En este sentido, se puede decir que la democracia consiste en la capacidad efectiva de las personas (individuales y consideradas colectivamente como pueblo) para influir en las decisiones públicas que les benefician o perjudican. La democracia es el derecho / deber de contribuir a la solución de los problemas que nos afectan a todos(as).

El pueblo tiene una riqueza que el Estado no tiene: la capacidad de auto-organizarse. Piénsese en el caso de Somalia, analizado por Leeson (2014) en los periodos 1985-1990 y 2000-2005. Este autor muestra que una vez que el Estado somalí dejó de funcionar, las comunidades mejoraron en algunos indicadores de calidad de vida. Después de que el gobierno nacional colapsó, mejoraron los porcentajes de niños(as) vacunados(as) en contra de la tuberculosis y el sarampión, el número de doctores(as) y personal médico por cada 100 mil habitantes, y el porcentaje de personas con radio, televisión y teléfono celular. Bajó la mortandad materna e infantil, el porcentaje de niños(as) con bajo peso al nacer, la pobreza extrema y el número de muertes por sarampión. Sin embargo, también disminuyeron el Producto Interno Bruto (PIB) y el porcentaje de adultos(as) alfabetizados(as) (Leeson 2014, p. 180).

Leeson argumenta que esto fue posible gracias a que, una vez que el gobierno nacional dejó de ofrecer obstáculos a la cooperación internacional para el desarrollo, las diferentes agencias internacionales y organismos intergubernamentales pudieron llevar recursos directamente a las personas y comunidades. En el contexto somalí, esto implicaba que grupos pastoriles y agrícolas, con habilidades y capacidades productivas similares, podían usar de manera más efectiva los recursos que obtenían. Pero también indicaba que las redes directamente vinculadas a los problemas a resolver se empoderaron, generando mayor cooperación entre actores(as) e instituciones locales y regionales.

El argumento de Leeson no es que la auto-organización de las personas y comunidades debe substituir a los gobiernos nacionales, ni tampoco que la sociedad civil organizada es más eficiente que los gobiernos para atender problemas complejos, sino que en el contexto de un gobierno nacional disfuncional o inexistente, las soluciones construidas desde abajo pueden ser más informadas, pertinentes y adecuadas. A pesar de eso, el hecho de que el PIB y la alfabetización disminuyeran sugiere que los gobiernos nacionales deben cumplir una función indispensable en la generación de bienes públicos complejos, que requieren la coordinación de diversos sectores de la sociedad, de los mercados y de los otros niveles de gobierno. Vacunar es relativamente sencillo; lo mismo es llevar radios, televisiones y celulares a la gente. Hacer crecer la economía y aumentar el número de años de escolaridad, por otro lado, es difícil, y requiere que el Estado coordine eficazmente recursos públicos, sociales y privados entre un gran número de actores(as) e instituciones. Dicho de otra manera, la auto-organización de las personas y comunidades tiene sus límites, los cuales se evidencian al tratar de generar bienes públicos que requieren la cooperación a gran escala.

Somalia es muy diferente que México. Sin embargo, un posible aprendizaje de este caso de “anarquía” -como lo llama Leeson- es que, en medio de la crisis, el poder del pueblo no terminó concentrándose en los(as) líderes políticos(as) nacionales, sino que empoderó a los(as) actores(as) sociales y a los mercados locales y regionales. La labor del Estado en este contexto es asegurar el bien de todos(as), por lo que debe ser el garante del Estado de Derecho, la vida de los(as) ciudadanos y comunidades, sus propiedades, la certidumbre jurídica, el debido proceso, y otros derechos humanos. Esto también implica que debe fortalecer a las instituciones encargadas de procesar los desacuerdos, en un entorno de transparencia y rendición de cuentas.

La auto-organización de la sociedad, que es el verdadero poder del pueblo, debe ser reconocida y protegida por el Estado.

 

Referencia

  • Leeson, P. T. (2014). Anarchy Unbound. Why Self-governance Works Better than You Think. Cambridge: Cambridge University Press.