La Sociedad Cooperativa de Tzibanzá interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación por los delitos de peculado y fraude, mismos que esperan sean investigados por la FGR por tratarse de un asunto que supuestamente involucra dinero del erario local y federal, y que involucra posiblemente a funcionarios públicos.
Ciudad de México, 29 de marzo (SinEmbargo).– Familias de la comunidad hñähñu del municipio de Cadereyta acusaron al Gobierno panista de Querétaro de presunto fraude y peculado, pues aseguran que se habría engañado a los miembros de una cooperativa para que se les entregara el título de cuatro hectáreas de tierras ubicadas en la isla de Tzibanzá, un espacio ecoturístico que es el sustento económico de más de 600 personas.
“[Los miembros de la cooperativa] son dueños de una superficie de cuatro hectáreas, y ellos son víctimas de un engaño por parte del Gobierno de Francisco Domínguez”, resaltó Rafael Arriaga Conde, el abogado de los denunciantes, en entrevista con SinEmbargo. “El señor exsenador y exgobernador se ofreció a bajarles 64 millones de pesos” del Gobierno queretano para la ampliación y remodelación del hotel de la cooperativa. “Les pidió, a personas que no saben leer ni escribir, que pongan una hectárea a nombre del Ejecutivo local, pero en el texto no fue una hectárea, fue la totalidad de la propiedad de la cooperativa”.
SinEmbargo buscó al Gobernador Mauricio Kuri, cuyo equipo de comunicación argumentó que no tenía espacio en su agenda y remitió a una entrevista que había concedido en días pasados la Secretaria de Gobernación local, Guadalupe Murguía, quien cuestionada por medios locales en días anteriores sobre el tema declaró:
“Es un asunto en el que un grupo de pobladores presentó una denuncia. Lo que yo conozco es que, en su momento el Gobierno del Estado anterior convino con la comunidad el que ellos aportaran, y fue una transmisión regulada por el Registro Agrario Nacional, claramente, con asambleas, y aportaron cuatro hectáreas, para que el Gobierno del Estado pudiera ejecutar obra con recursos federales y estatales, que fue precisamente la construcción de un hotel. A estas cuatro hectáreas, que para que Gobierno aportara recursos públicos, necesitaban ser inmuebles del Estado, se destinaron alrededor de 60 millones de pesos para construir un hotel, hotel que se les dio precisamente a la comunidad para su operación. En su momento se fijó que ellos iban a pagar una renta, sin embargo vino la pandemia dijeron que no tenían recursos, este asunto de la renta no operó, nunca se les ha demandado por la falta de pago de renta y ahora, nuevamente en este Gobierno al momento que identifica que hay este inmueble –porque, además, la entidad Superior de Fiscalización le dice, ‘Tienes tal inversión en este inmueble que aparentemente iba a haber una contraprestación por parte de la comunidad y no lo ha hecho’, y esto los lleva a presentar una denuncia, ni siquiera aquí, se fueron al Estado de Hidalgo a hacerlo. Entonces, pues es el estado de cosas”.
Este medio también buscó al exgobernador Francisco Domínguez, pero al cierre de esta edición no respondió a la solicitud de su postura.
LA DENUNCIA DE LA COOPERATIVA
De acuerdo con el litigante y Moisés Hernández, secretario de la Sociedad Cooperativa de Producción Tzibanzá, el Gobierno del panista Francisco Domínguez –quien estuvo a cargo del Ejecutivo queretano entre 2015 y 2021– les indicó que la cooperativa firmaría un contrato en el cual se comprometerían a pagar un arrendamiento por 190 mil pesos más IVA; se firmaría un primer y único arrendamiento para que posteriormente se les pudieran reintegrar los terrenos acordados, valuados en 700 millones de pesos, según Arriaga Conde.
“Nos presentaron un proyecto [para ampliar el hotel porque ya no cabía la gente]. Nos dijeron: si ustedes ponen una hectárea para que el Gobierno del Estado de Querétaro pudiera bajar 64 millones de pesos para remodelación y ampliación del hotel, una vez que se baje el recurso y se haga la obra, les regresamos la hectárea a nombre de la cooperativa para que ustedes sean los dueños y la sigan trabajando como hasta ahorita se ha estado trabajando. Nosotros siempre habíamos confiado en los gobiernos, porque todos nos habían ayudado”, expuso Moisés Hernández.
Al concluirse el proyecto, dijo el secretario, una de las socias de la cooperativa le cuestionó al entonces Gobernador Francisco Domínguez Servién cómo le podía asegurar que una vez terminada su administración en el 2021, los terrenos regresarían a la propiedad de la Sociedad Cooperativa, a lo cual el mandatario respondió en conferencia de prensa el 17 de diciembre de 2018, con motivo de la entrega de la remodelación del hotel:
“Es un proyecto 100 por ciento comunitario que genera empleos directos e indirectos en la región, cuya operación no es para el Gobierno. Y cuenten con ello, no tengan duda, porque me decían ahorita, ‘¿Y cuando se vaya usted, qué va a pasar?’. No te preocupes, vamos a dejar amarrado jurídicamente todo esto, pero todavía me faltan casi tres años, no te apures”.
Moisés Hernández recordó dicho momento y relató en entrevista. “Cuando vino Pancho Domínguez a entregar el hotel, aquí ya estaban las escrituras y dijo él ya estaba amarrado jurídicamente… pero fue para el Estado, no para nosotros”.
En el contrato de arrendamiento OMCP-CAG/41/2020, celebrado entre el Estado de Querétaro como “Arrendador” y la Sociedad Cooperativa de Producción Tzibanza, SC de RL de CV como “Arrendatario”, se reconoce al Estado de Querétaro como propietario del inmueble ubicado en Lote 1, Manzana 20, Zona 1, Poblado de Tziquia, Municipio de Cadereyta de Montes, Querétaro; el cual es rentado por un monto de 190 mil pesos más IVA a la cooperativa a partir del día 01 de abril de 2020 al 31 de diciembre de 2021.
En el transcurso del inicio de la disputa, inició la pandemia de COVID-19, lo cual complicó la situación, reconoció Hernández como también ha señalado el Gobierno actual de Querétaro.
“A nosotros nos llega el primer arrendamiento, que teníamos que pagar renta por el hotel. (…) Nos llegaban los arrendamientos y vinieron y nos dijeron que teníamos que firmar uno, y sí firmamos uno porque nos dijeron: ‘Fírmelo porque es el proceso que se va a llevar para que se pase a la Cámara de Diputados para poder regresarles el predio a nombre de la Sociedad Cooperativa, lo que es la hectárea que se les había dado para que bajaran los 64 millones, que cuando cumpliera la obra nos lo iban a devolver, cosa que no fue así”, añadió el secretario de la cooperativa.
“Ellos dijeron que era para que se pasara al Congreso local para que me lo devolvieran, pero después nos dijeron que no se podía y que iban a ver si el Estado se lo podía dar al Municipio y ya el Municipio que nos lo diera a nosotros, pero para eso hablaron con el Secretario del Municipio –el Presidente Municipal en ese momento era Enrique Bolaño–; su secretario vino aquí y nos dijo: ‘Oiga, dice que van a pasar a nombre del municipio el hotel, para que después nosotros se los demos a ustedes’; pero dice: ‘pero yo quiero, para que nosotros lo pasemos a nuestro nombre y los podamos ayudar, ¿cuántas habitaciones me van a dar al municipio, para mí? ¿Qué beneficio voy a tener yo para que me lo pongan al nombre del municipio y nosotros después dárselos a ustedes?’, y nosotros le dijimos que en eso no habíamos quedado nada. Desde ahí, las cosas ya empezaron a ir mal”.
DE ZONA RURAL AL “EDÉN DE QUERÉTARO”
“Tzibanzá es el edén de Querétaro y sólo falta asomarse a rincones como éste para comprobar por qué Querétaro es orgullo de México”, expresó en diciembre de 2018 el entonces mandatario Domínguez Servién en la entrega del hotel remodelado de “El Anzuelo”. Pero Tzibanzá, que forma parte de la localidad del Ejido de Tziquiá en el municipio de Cadereyta de Montes, no siempre ha sido un “edén”.
Según la académica Ilithya Guevara Hernández, en el texto de su coautoría “Impacto de la política social en la construcción de autonomía femenina, Tzibanzá, Cadereyta de Montes, Qro”, en el 2010 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) situaba al 72.9 por ciento de la población de Cadereyta de Montes en situación de pobreza, y 17.2 por ciento en pobreza extrema.
En las décadas previas a la construcción de la presa de Zimapán, en 1995, que dio origen a la formación de la Isla de Tzibanzá, el trabajo en la región era escaso y los habitantes, en particular hombres y jóvenes, migraban hacia Estados Unidos para buscar un sustento económico para ellos y sus familias.
El propio Moisés Hernández recordó que él y sus compañeros estaban listos para emigrar en su adolescencia, con alrededor de 13 y 14 años, para poder apoyar a sus familiares.
Esto cambió una vez que se formó la Isla de Tzibanzá y hubo un fomento por parte de los gobiernos locales y el federal para disminuir los impactos negativos de la construcción de la presa, lo que dio pie a que la economía local transitara de pesca comercial a pesca deportiva, y el turismo, de acuerdo con lo expuesto por la académica Ilithya Guevara Hernández y Moisés Hernández.
“Nosotros hemos, como cooperativa, subido mucho. Subimos con ayuda de los gobiernos anteriores; cuando recién empezamos con Ignacio Loyola, cuando entró el siguiente Gobernador panista (Francisco Garrido Patrón) y se hicieron las cabañas, pero ellos venían y nos prometían que iban a ayudarnos; ellos nos daban el dinero, y nosotros el trabajo”, expuso Hernández. “Antes, yo y mis compañeros salíamos de la primaria y lo que queríamos era irnos a Estados Unidos porque no había fuentes de empleo aquí. Pero cuando ya se empezaron a hacer los torneos de pesca deportiva, se empezaron a dar más empleos, se hizo la Isla, se hizo parte del hotel y un restaurante”.
El hecho de que gobiernos en años anteriores les hubieran apoyado a crecer económicamente, les dio confianza en que el Gobierno de Domínguez también haría lo mismo, dijo.
En el “Sistema de información geográfica de Pobreza, 2020” del Coneval, el municipio indicó que tenía una población de 69 mil 600 personas, de las cuales el 41.2 por ciento se encuentran en una situación de vulnerabilidad por carencias sociales; 52.2 por ciento en situación de pobreza, 43.3 por ciento en pobreza moderada, y 8.9 por ciento en pobreza extrema.
La suma del hotel y de las cabañas que pertenecen a la Sociedad Cooperativa de Producción Tzibanzá dan empleo no sólo a las familias, sino también de manera indirecta a cientos de personas de la comunidad y de poblaciones cercanas, de acuerdo con lo señalado por Hernández y las propias autoridades.
“Las tierras nos la donaron los ejidatarios a la Cooperativa. Ellos son abuelos de nosotros, en la cooperativa existen todavía algunos ejidatarios, pero la mayoría somos hijos o nietos de ejidatarios, y en su tiempo, cuando nosotros en el año 1998 entramos jurídicamente como cooperativa, desde ahí nos donaron a nosotros una parte”, indicó Hernández.
CAMBIO DE GOBIERNO… MISMO PROBLEMA
Durante la campaña gubernamental de 2021, el panista Mauricio Kuri González realizó en mayo un evento en la comunidad de Tzibanzá. Ahí, apuntó el secretario de la Sociedad Cooperativa, nuevamente se le presentó la preocupación de los socios sobre los arrendamientos y la restitución de los terrenos firmados que originalmente pertenecían a los otomíes.
“Nos dijo: ‘Sí, cuando yo entre vamos a ver para que ustedes no estén pensando, vamos a ver el tema de sus tierras para que jurídicamente queden bien’, pero en los primeros día de su Gobierno, le habla el Presidente Municipal de Cadereyta, Miguel Martínez, a la Presidenta de la Cooperativa, Antonia Biais Trejo, porque el Gobernador quería hablar con nosotros”, indicó Moisés Hernández.
Inicialmente, contó, ellos pensaron que se trataba de una reunión para dialogar sobre los terrenos, pero fue una solicitud para apoyar con sus lanchas por las inundaciones en el municipio de San Juan del Río, ocurridas en octubre de 2021.
La cooperativa auxilió para rescatar a personas del municipio vecino que habían quedado atrapadas en sus hogares debido al fenómeno meteorológico, pero no volvió a saber sobre sus problemas hasta meses después, cuando el Oficial Mayor del Gobierno del Estado los citó a una comida para tratar el tema.
“Tratamos el tema ahí, y nos dijeron que el Gobernador decía que pagáramos la renta. Ya no íbamos a pagar los 190 mil, que ahora íbamos a pagar 50 mil más IVA, y esos 50 mil se iban a ir a una cuenta donde nosotros después los pudiéramos disponer, pero resulta que cuando mandan el arrendamiento, no decía nada de lo que se había hablado ahí”, explicó Hernández. “Entonces buscamos asesoría de un abogado”.
Con la asesoría de un abogado, indicó, se percataron que las escrituras estaban a nombre del Gobierno de Querétaro y no era sólo una hectárea, sino las casi cuatro sobre las cuales está el Hotel “El Anzuelo” que fue remodelado y entregado en el 2018.
“Fuimos víctimas del Gobierno, porque anteriormente otros gobiernos sí nos habían cumplido, pero Francisco Domínguez no. Y Saúl [Cruz Gutiérrez, expresidente de la cooperativa] les firmó todo, pero él no sabe leer ni escribir, sólo sabe hacer su nombre y su firma, entonces él firmó todo lo que le decía y es ahorita que las escrituras están a nombre del Gobierno del Estado”.
De acuerdo con Hernández, se tuvo una última reunión con miembros del Gobierno de Mauricio Kuri, en la cual estuvo presente el Oficial Mayor, Mario Fernando Ramírez Retolaza, y gente bajo su cargo, pero no el mandatario estatal. En ese momento, el secretario de la cooperativa les indicó que levantaría una denuncia frente al Gobierno federal ya que no vio disposición por parte de Kuri ni de su Gobierno para resolver el asunto.
“Ellos me contestaron: ‘Hagan lo que ustedes quieran'”, comentó Hernández. “Nosotros no nos esperábamos que nos fueran a hacer eso, porque los demás gobiernos nos habían apoyado. (…) Y uno de sus trabajadores, Alejandro González Valle [secretario de Servicios Públicos del Municipio de Querétaro], nos dijo, ‘A mí ya me firmaron aquí el arrendamiento que firmaron una vez, a mí me queda claro que Pancho Domínguez ya se los chingó. A mí me pagan y ustedes ya tienen el chile adentro'”, relató, de acuerdo con su versión.
A mediados de 2022, la cooperativa y el abogado Rafael Arriaga decidieron interponer una denuncia ante el Ministerio Público de la Federación en Tula, Hidalgo, por los presuntos delitos de peculado y fraude, mismos que esperan sean investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de un asunto que supuestamente involucra dinero del erario local y federal, y posiblemente funcionarios públicos, y que no se remita a la justicia queretana pues temen un tráfico de influencias en su contra.
“No es ningún secreto que los gobernadores son muy poderosos y tienen a su alcance muchas cosas”, señaló el licenciado Rafael Arriaga. “La petición es que esto sea atraído por la Fiscalía General de la República pero en la Ciudad de México, porque se teme un tráfico de influencias, que es de todos sabido. (…) Se teme un tráfico de influencias directo del Gobernador Kuri, del exgobernador Domínguez, que fue Senador de la República, entonces imagínese lo que pueden hacer eso. Entonces, para que esto sea parejo, queremos llevarnos el caso a la Ciudad de México”.
Actualmente, el predio ha sido asegurado mientras la investigación por parte del Ministerio Público corre su curso. En tanto, las familias de la cooperativa de Tzibanzá esperan que se logre recuperar sus tierras, que no sólo son el sustento de sus familias, sino también parte de la herencia que quieren transmitir a sus hijos y nietos de las generaciones venideras.
