El 29 de marzo Juan Manuel Oliva se despidió del cargo de gobernador de Guanajuato para irse a donde lo necesitan como “soldado” del PAN: a la campaña de Josefina Vázquez Mota. Por los resultados de su gestión, el nuevo operador le aporta al equipo de la aspirante presidencial panista más señalamientos de corrupción y nepotismo, ineficacia y contubernios… Como si quisiera desatar ya las críticas, el exmandatario se mudó inmediatamente a un exclusivo fraccionamiento.

Por Verónica Espinosa

Guanajuato (Proceso).- Profundas desigualdades que enraizaron en el campo y las zonas urbanas; instituciones convertidas en agencias de empleo para el panismo y corrupción en organismos como el DIF, es lo que deja en Guanajuato el gobierno de Juan Manuel Oliva Ramírez al pedir licencia para integrarse a la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota.

Oliva Ramírez administró la entidad al estilo de los exgobernadores de su partido en Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí, quienes contribuyeron a las correspondientes derrotas de Acción Nacional con sus escándalos de dispendio, corrupción y opacidad.

Por lo pronto el mandatario con licencia está bajo sospecha, pues tan pronto abandonó el palacio de gobierno se mudó a una residencia con valor estimado de 10 millones de pesos en un nuevo fraccionamiento de León.

Si bien para muchos aún se ve difícil que el PAN pierda la gubernatura, el PRI acorta la distancia rumbo a la elección del 1 de julio, con la ayuda del liderazgo que en la percepción general mantiene el aspirante presidencial Enrique Peña Nieto.

El mismo fenómeno se aprecia en Aguascalientes y San Luis Potosí, donde los gobiernos de Luis Armando Reynoso Femat y Marcelo de los Santos, respectivamente, parecían competir en dispendio, caprichos y endeudamiento. En las elecciones locales pasadas, ambos tuvieron que entregarle el poder al PRI. En Querétaro, el autoritarismo y la opacidad de Francisco Garrido acabó por facilitar también el retorno del priismo con José Calzada, después de sólo dos sexenios de ausencia.

         En cuanto al impacto social del gobierno de Oliva Ramírez en el estado, el analista Saúl Arellano, investigador del Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), lo califica:

         “Reprobado. Fue mediocre en términos de lo social; más que mediocre. Hubo avances raquíticos en temas sustantivos, pero la desigualdad se disparó y no salimos del sótano de los indicadores educativos, como ocurre con el analfabetismo, que sigue por encima de la media nacional e incluso de estados como Chiapas y Guerrero. Y eso que este fue ‘el sexenio de la educación’, según Oliva”.

         Las cifras son aún más contundentes: hoy existe medio millón más de pobres que cuando Oliva asumió el cargo de gobernador; se padece un rezago de 50 años para resolver la miseria; 58 de cada cien niños de la entidad viven en condiciones precarias; y por cada persona que habita en el campo y no es pobre, 20 sí lo son.

         “Sin las remesas –enfatiza Arellano–, otros 200 mil guanajuatenses serían marginados. Y el recurso propagandístico de Oliva, presumir que la mitad de los guanajuatenses tiene Seguir Popular, es cínico y sinvergüenza: la otra mitad no lo tiene. Es decir, lo mínimo para los pobres”.

 

La casita

El domingo 8, día de la tradicional quema de Judas en el céntrico barrio de La Llamarada, en León (donde nació Oliva Ramírez), estalló un clamor: “¡Que quemen a Oliva!”.

         Los organizadores de la tradición encendieron la mecha y en unos cuantos minutos la figura de cartón que representaba al exgobernador se convirtió en pavesas que se desperdigaron en la calle.

         Mario Díaz, uno de los encargados de preservar esta tradición, explica: “El cohetero elabora las figuras de cartón desde un mes antes, y el mero día la misma gente le da el nombre a los monos y les pone por qué se van a quemar. (Este año) hubo varios, entre ellos se eligió a Oliva. Esto salió de la misma gente, muchos están enojados por la compra de la casa”.

Como se trataba de un político, la figura de cartón se representó vestida de traje y con anteojos. Una cartulina decía “Oliva y su mansión de 10,000,000” y un dibujo alusivo a la mansión a la que el nuevo operador electoral de Vázquez Mota se había mudado una semana antes con todo y “sus guarros” o guaruras, como publicaron los diarios locales Milenio y A.M. el domingo 1 y el lunes 2.

Apenas el 29 de marzo el panista entregó su petición de licencia al Poder Legislativo. La bancada de su partido, que es mayoría en la Legislatura local, la autorizó de inmediato y en la misma sesión nombró a un sustituto: Héctor López Santillana. Horas después, desde el palacio de gobierno anunció ante los medios de comunicación que se iba porque es “un soldado de Guanajuato, un soldado de México, un soldado del Partido Acción Nacional”.

         En los días siguientes los diarios mencionados dieron a conocer fotografías del nuevo domicilio del exgobernador: una residencia de dos plantas, con diez habitaciones, que abarca 700 metros cuadrados y se ubica en la privada Punta Mita, del fraccionamiento Punta del Este. Según su anuncio en internet, este conjunto residencial fue “diseñado por el arquitecto Humberto Artigas”.

         Ubicado entre los bulevares Vicente Valtierra y Paseo Magisterial, el fraccionamiento cuenta con seguridad privada, salón de usos múltiples y zona comercial. Su publicidad ofrece “cuatro diseños exclusivos de Artigas” desde 1 millón 970 mil pesos y 180 metros cuadrados de construcción. Con base en este dato, se calcula que la vivienda de 700 metros cuadrados –la más grande de la privada– pudo costar cerca de 8 millones de pesos.

         En el portal de la Desarrolladora El Vergel, S.A. de C.V., se añade que  “la calidad en infraestructura es única porque utilizamos materiales como piedra natural, madera y ladrillo artesanal… en una división por exclusivas privadas, lo que hace de Punta del Este un fraccionamiento cuidadosamente planeado y realizado”.

         Se asienta que desde octubre de 2006 a la fecha ese fraccionamiento incrementó su plusvalía en casi 60%, por lo que es “una muy buena inversión” y está protegida con malla electrificada, barda perimetral y vigilancia permanente.

         Si bien Punta del Este no es el fraccionamiento más lujoso de León, la nueva residencia de Oliva Ramírez dista mucho de la casa que ocupó en los últimos años con su esposa y sus cinco hijos, situada en el fraccionamiento Real Providencia, en la zona aledaña al bulevar Hilario Medina, un rumbo de clase media-baja en la misma ciudad.

         Al día siguiente de la publicación de su cambio de domicilio, Oliva envió cartas a los dos periódicos mencionados para afirmar que la casa no costó 10 millones de pesos, como difundió A.M., pero no reveló el supuesto monto real. En cambio argumentó que la compró “con los ahorros realizados a lo largo de mas de 30 años de trabajo; para los guanajuatenses es conocida mi trayectoria en los medios de comunicación, en el partido y los distintos cargos públicos que he ocupado, de donde he obtenido mis ingresos”.

         En efecto, el nuevo integrante del equipo electoral de Vázquez Mota ha sido diputado local y senador –cargo al que pidió licencia para integrarse como secretario de Gobierno a la administración de Juan Carlos Romero Hicks–, y luego llegó a gobernador. Durante todo ese tiempo se dijo orgulloso de su origen humilde y de haber crecido en el populoso Barrio de San Miguel, barrio bravo del antiguo León.

         A la par, durante los más de cinco años de su mandato rechazó aprobar las solicitudes de información presentadas por ciudadanos y medios de comunicación a fin de conocer sus declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública, mismas que permanecen reservadas.

De todos modos, en su misiva a los periódicos Oliva aseguró que para adquirir su residencia en Punta del Este tuvo que vender su casa anterior y conseguir un crédito hipotecario a 20 años, “de la misma forma en que lo hacen muchas familias…es absolutamente falso que dicha casa sea producto de mi gestión como gobernador”.

Indicios de corrupción

El panista adquirió en 1992 su lote de 170 metros cuadrados en el 417 de la calle Dinastía, del Fraccionamiento Real Providencia II, en 8.5 millones (de viejos pesos), pero para ello adquirió un crédito hipotecario con Bancomer por 160 millones de (viejos) pesos, de acuerdo con las escrituras 25632 y 19122, ambas del 18 de junio de 1992 ante el notario Luis Ernesto Aranda, consultadas en el Registro Público de la Propiedad.

El 19 de enero pasado, cuando aún era gobernador, Oliva vendió esta casa. Lo hizo mediante la escritura 33381, ante el notario 36, Alfonso Fernández Mendoza. De acuerdo con el documento, le pagaron un millón 500 mil pesos.

Para realizar esta compraventa Oliva Ramírez designó como representante legal general para pleitos y cobranzas a un conocido empresario inmobiliario en León: Eduardo Manuel Medrano Lozano, según consta en la misma escritura, de la que Proceso tiene copia.

Medrano Lozano, una de las cabezas del poderoso grupo Edificasa, fue consejero de vivienda en el gobierno de Oliva y actualmente preside la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda (Canadevi), pero también es socio y ha fungido como representante legal de la Desarrolladora El Vergel, S.A., la empresa que levantó el residencial Punta del Este, donde ahora vive el operador panista.

Esto puede corroborarse en el Registro Público de la Propiedad, donde se obtuvo una copia de la escritura 50,748 del 28, fechada en diciembre de 2007. Ahí Medrano Lozano figura como secretario del consejo de administración de Desarrolladora El Vergel para un trámite relacionado con un fideicomiso de las propietarias originales del predio ubicado en la zona originalmente conocida como “Jesús María”, donde se edificó Punta del Este.

El gobierno de Oliva concretó otros negocios con Medrano Lozano, como la adquisición de unos predios que tendrían como fin la construcción de unidades deportivas y la ampliación del Parque Metropolitano, según anunció en 2010, en ocasión del informe del alcalde leonés Ricardo Sheffield.

Aunque el gobernador pactó la compra, el ayuntamiento de León le compró la mitad de los predios acordados a Residencial Villamagna, otra empresa que tiene como socio a Medrano Lozano.

En los convenios del gobierno del estado y el municipio se establece que se pagarán casi 221 millones de pesos por 250 mil metros de terreno de agostadero en la zona Arroyo el Calvillo, en San Nicolás del Palote. Es decir, a 900 pesos el metro cuadrado.

La compraventa entre Villamagna y el municipio de León quedó legalizada por la escritura pública 37,667, del 9 de mayo de 2011. Ahí se asienta que los terrenos fueron adquiridos por Villamagna en 2003 y que pagó 31 millones 641 mil pesos (aproximadamente 123 pesos por metro cuadrado).

Y según la escritura 15,909, levantada ante el notario público José Lomelí Origel, en 2007 Medrano y otro de los socios vendieron a Villamagna otra parte de los predios en la misma ubicación, de 19 mil 92 metros, con un valor comercial de 115 pesos por metro cuadrado.

Un avalúo fiscal del Municipio de ese tiempo fija un valor promedio de 93 pesos el metro cuadrado. Casi cuatro años después, el municipio y el estado pagaron casi diez veces ese monto. Lo peor es que hasta la fecha, en los predios adquiridos a la empresa de Medrano Lozano por los gobiernos estatal y municipal, no hay obra alguna. Siguen en breña.

Si bien Juan Manuel Oliva reconoció plenamente la compra de la residencia de Punta del Este –que aún estaba en construcción cuando se mudó–, hasta la semana pasada el inmueble no aparecía a su nombre en el Registro Público de la Propiedad.

En cambio sí está registrada la adquisición de otro inmueble en el mismo fraccionamiento y la misma calle, a nombre de su hija María de Monserrat Oliva Martínez. De acuerdo con la escritura pública 25475, del 31 de enero pasado, formalizada por el notario número 12, José Lomelí Origel, la hija del gobernador (que no había pedido licencia todavía para esa fecha) pagó 785 mil 210 pesos por un lote en el Circuito Punta Mita 222, con una superficie de 295 metros cuadrados.

La esposa de Oliva, Marta Martínez, que es maestra, hizo sus propias adquisiciones cuando ocupaba la presidencia del voluntariado del DIF. En diciembre de 2008 compró un terreno de mil metros cuadrados en un predio ubicado entre el bulevar Vicente Valtierra y Camino a Alfaro, según la escritura pública 1,994. El valor de la operación fue de 888 mil 250 pesos.

Un año después, en junio de 2009, pagó un millón de pesos por otro terreno de mil metros cuadrados en el mismo predio, según la escritura 2,398, del 23 de junio, levantada ante el notario público 15, Jesús César Santos del Muro. En ese rumbo de la ciudad comienza una serie de fraccionamientos privados, que terminan precisamente con Punta del Este.

En junio de 2005 la señora Martínez adquirió un inmueble en la colonia donde vivía, Real Providencia II, donde actualmente funciona un lavado de automóviles.

Movimientos sociales como el de Ciudadanos Hartos iniciaron ya acciones legales para pedir cuentas al operador de Josefina Vázquez Mota por los presuntos casos de corrupción y sostienen su exigencia de que se esclarezcan las anomalías en el Sistema DIF estatal.

En este organismo, cuyo voluntariado presidió Marta Martínez, se dispuso de recursos y servicios para contratar a la empresa gastronómica de una de sus hijas, a su consuegra que vende miel de abeja; a una sobrina, a quien se le dio empleo, y se hizo lo mismo con familiares del principal auspiciador de Oliva en campañas, el empresario leonés Elías Villegas Torres.

En el Tribunal Colegiado en Materia Penal del XVI Circuito se encuentra en revisión un amparo para que proceda una denuncia penal por los posibles delitos cometidos en esas contrataciones (expediente 472/2011).

“En la comparación –resume el investigador Saúl Arellano– quizá la gran diferencia entre los sexenios anteriores del PAN y el de Oliva es el tema de la corrupción”.

–Apro