Una iniciativa de reformas a la Constitución de Yucatán que permitía el matrimonio igualitario fue rechazada este mes en una votación secreta del poder Legislativo, por lo que activistas de la entidad iniciaron una lucha legal contra los legisladores locales a través de dos demandas.

La primera demanda fue presentada en contra de la decisión de votar de manera secreta la iniciativa, lo que impidió conocer el sentido en el que votó cada uno de las y los legisladores; la segunda plantea que la decisión de no aprobar el matrimonio igualitario incumple con decretos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 Por David Rico

Mérida, Yucatán, 29 de abril (Por Esto/SinEmbargo).– El Colectivo por la Protección de Todas las Familias de Yucatán (Colectivo PTFY), conformado por activistas, integrantes de la academia y ciudadanos, presentó dos demandas de amparo en contra del Congreso de Yucatán por negarse a aprobar el matrimonio igualitario en la entidad.

El pasado 10 de abril, el Poder Legislativo de Yucatán desechó por mayoría y por medio de votación secreta una iniciativa de reformas a la Constitución local que abría la puerta al matrimonio igualitario.

Después de manifestar públicamente su condena hacia esa decisión, los miembros del Colectivo PTFY presentaron el pasado 22 de abril dos demandas de amparo en contra del Congreso de Yucatán.

La primera demanda, que será resuelta por el Juzgado Primero de Distrito, fue presentada en contra de la decisión de votar de manera secreta la iniciativa de matrimonio igualitario, sin que pudiese conocerse el sentido en el que votó cada uno de las y los legisladores.

Alex Orué, vocero del Colectivo PTFY, manifestó que si bien algunos miembros de la legislatura habían hecho pública su posición ante el tema, la votación en secreto viola los derechos humanos y es antidemocrática.

“El derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a ser debidamente informado de las decisiones de las autoridades para que las y los ciudadanos podamos hacer escrutinio público”, indicó el activista.

“No solo la legislación yucateca no permite votación secreta para este tipo de reformas, sino que la modalidad por sí misma viola los derechos humanos de todas las personas, independientemente de si está a favor o en contra del matrimonio igualitario”, concluyó Orué.

El Colectivo PTFY también anunció que el juicio de amparo en contra de la votación secreta lo lleva de manera conjunta con la organización Artículo 19 México, especializada en temas de libertad de expresión.

Carlos Escoffié Duarte, abogado del colectivo, señaló que la segunda demanda presentada, que será resuelta por el Juzgado Cuarto de Distrito, plantea que la decisión de no aprobar el matrimonio igualitario viola el pacto federal al incumplir con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya dijo que para cumplir con la Constitución federal debe permitirse el matrimonio igualitario, el Congreso de Yucatán decidió que esa parte del pacto federal no la va a cumplir y que puede arbitrariamente seleccionar en qué cosas le hará caso a nuestro máximo tribunal y en cuáles no”, advirtió.

? COMUNICADO: Primeras dos demandas contra el @CongresoYucatan por rechazar el matrimonio igualitario. #Yucatán ?️‍???

Gracias a @article19mex por el acompañamiento. ? pic.twitter.com/yUsOedETOa

— Colectivo PTF Yucatán (@ColectivoPTFYuc) 28 de abril de 2019

“En esa demanda señalamos que, además de los efectos legales que esto genera, la decisión del Congreso avala y refuerza discursos discriminatorios en contra de la comunidad  de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGBT+), lo cual es grave en la entidad con mayor índice de suicidios del país ocasionados por problemas familiares”, indicó.

Los activistas señalaron que ambas demandas de amparo fueron admitidas en los juzgados y que el Congreso de Yucatán ya debió haber sido notificado. De las 36 personas que demandaron al Congreso en ambos juicios, la mayoría son miembros de la comunidad LGBT+. Los demás son activistas de derechos humanos y académicos, así como familiares de personas LGBT+.

El Colectivo informó que estas dos demandas son los primeros pasos en el marco de una serie de esfuerzos conjuntos que realizarán con otros grupos y asociaciones a favor del matrimonio igualitario. Asimismo, anunció que publicará en su página de Facebook información acerca de sus próximas acciones y la forma por la cual la gente interesada podrá apoyar esta lucha.

Esta acción se suma a la petición que en días pasados un grupo de activistas entregaron al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), Miguel Óscar Sabido Santana, para que con base en sus atribuciones emita una recomendación al titular del Ejecutivo y al Congreso del Estado por violaciones a los derechos humanos, luego de que el Legislativo no aprobara modificaciones a la Constitución del Estado que permitirían el matrimonio igualitario.

CONAPRED SE PRONUNCIA

Antes de la votación del Congreso yucateco, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) había pedido a las y los legisladores eliminar las leyes estatales que prohibían la unión de personas del mimo sexo.

“Al respecto de la postura del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, entidad rectora del Gobierno federal en la materia, consiste en que todas las autoridades del estado mexicano debemos, en el marco de nuestras competencias, reconocer y acatar las decisiones jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, expuso la dependencia en una carta citada por medios locales en febrero pasado.

“Desde el Conapred reiteramos nuestro interés en que el H. Congreso del Estado de Yucatán se una a la construcción de un México donde todas las personas puedan tener un goce efectivo de todos los derechos reconocidos en nuestro marco jurídico como lo es el derecho al matrimonio sin discriminación”, señaló el texto.

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