En octubre de 2017 Emilio Lozoya fue cuestionado sobre las acusaciones en su contra por el soborno que presuntamente recibió de la constructora brasileña Odebrecht y que fueron a parar a la campaña presidencial del PRI en 2012. “Lo digo con mucha humildad: tengo recursos y tiempo para romperles la madre”, declaró en esa ocasión. Se sentía confiado porque seis días antes se había destituido al titular de la Fepade, Santiago Nieto, quien inició la investigación en su contra.

Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).– “Es lamentable lo que ha sucedido en los últimos meses, cómo la gente puede tirar piedras impunemente, no. Lo digo con mucha humildad: tengo recursos y tiempo para romperles la madre”, decía Emilio Lozoya Austin en octubre de 2017 al ser cuestionado sobre las acusaciones en su contra por el soborno que presuntamente recibió de la constructora brasileña Odebrecht y que fueron a parar a la campaña presidencial del PRI en 2012.

La declaración de Lozoya se dio durante la ceremonia en la que la Academia Mexicana de Derecho Internacional reconoció a su abogado Javier Coello Trejo, según lo publicó El Sol de México.

Lozoya se sentía confiado. Seis días antes de esa declaración, el 20 de octubre de 2017, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) había sido destituido del cargo “por faltar al código de conducta de la dependencia”, luego de que declarara al diario Reforma que había recibido presiones por parte del ex titular de Pemex para que declarara públicamente su inocencia.

El titular de la Fepade destituido era Santiago Nieto Castillo, hoy encargado de la Unidad de Inteligencia Finaciera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, organismo que esta semana congeló las cuentas de Lozoya por posible corrupción.

“En el caso de Lozoya, el congelamiento de cuentas es una medida nacional. Hay elementos para hablar de casos de corrupción vinculados con su administración. Hemos encontrado nuevas triangulaciones de recursos, es lo que da soporte al bloqueo de dinero”, dijo el funcionario ayer durante una entrevista en Noticias MVS.

Emilio Lozoya en la Cámara de Diputados en 2014 para comparecer ante la Comisión de Investigación de los contratos celebrados por Pemex, sus empresas subsidiarias y filiales de 2006 a la fecha. Foto: Diego Simón Sánchez, Cuartoscuro.

La Fepade, bajo el mandato de Santiago Nieto, abrió en agosto de 2017 la carpeta de investigación para indagar si una parte de los 10 millones de dólares que habría recibido Lozoya en sobornos por parte de la brasileña Odebrecht fue destinada a financiar al PRI.

Entre los elementos de la investigación había cuentas ligadas a Lozoya y Odebrecht ubicadas en las Islas Caimán, Suiza y Brasil.

A pesar de las investigaciones de la Fepade y de que su nombre aparecía en la prensa de países latinoamericanos como uno de los funcionarios a los que Odebrecht les pagó dinero para conseguir concesiones, Lozoya libró la justicia la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto.

La situación de Lozoya cambió estos últimos días: la semana pasada, la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos durante 10 años; el lunes la UIF bloqueó sus cuentas bancarias y también las de su hermana Susana Gilda; y ayer un juez federal giró órdenes de aprehensión en su contra y del dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira.

LA FORTUNA DE LOZOYA

La Unidad de Datos de SinEmbargo halló en agosto 2017 datos relevantes en la fortuna de Lozoya cuando fue funcionario con Peña Nieto: además de la casa de 38 millones de pesos adquirida al contado, declaró relojes de oro y un Dalí de 50 mil dólares para acompañar su Picasso, de medio millón.

Él mismo lo declaró en 2013, cuando apenas había tomado posesión como director de Petróleos Mexicanos.

En julio de 2012, el Instituto Nacional Electoral (en ese tiempo IFE) reconoció como ganador al priista Enrique Peña Nieto con 38.21 por ciento de la votación. Lozoya Austin, en ese momento Coordinador de Vinculación Internacional de la campaña, echó por sí mismo las campanas al vuelo. Por lo menos en sus compras.

En noviembre de ese año pagó al contado una casa de 38 millones 175 mil pesos. Ocho meses antes, en marzo, quien se convertiría en director de Pemex del Gobierno peñanietista, le habría pedido al ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses Weyll, cuatro millones de dólares como pago por haberlo ayudado a posicionar la compañía en Veracruz, según revelaron el diario brasileño O’Globo y la organización periodística mexicana el Quinto Elemento Lab.

El hecho de que Lozoya Austin tuviera millones de pesos en sus cuentas aquel año es un dato que él mismo dejó asentado en la primera declaración patrimonial que presentó en 2013 ante la Secretaría de la Función Pública al ingresar a Pemex.

Conforme al artículo 80 de la antigua Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, los funcionarios mexicanos podían hacer públicos sus bienes sólo si así lo deseaban. Y Lozoya, quien se inauguraba en un cargo de dirección del Gabinete ampliado, decidió hacerlo público y así lo dejó asentado.

Pero la transparencia del funcionario se agotó. Tres días antes de dejar el cargo, el 5 de febrero de 2016, presentó una última declaración con los datos cerrados por completo y firmó ante la Función Pública que no deseaba hacer público ningún bien patrimonial ni de ahorro. De modo que no puede conocerse con qué fortuna concluyó el cargo.

Lozoya Austin dejó el asiento principal de la petrolera nacional cuando la ola del escándalo de OHL crecía con más nombres de funcionarios públicos implicados en una presunta corrupción para beneficiar a la firma española.

LOZOYA, PIEZA CLAVE 

El futuro de Emilio Lozoya aún no se define, pero las acciones emprendidas por las autoridades del nuevo Gobierno parecen dar señales de un nuevo intento por castigar la corrupción del anterior sexenio.

Este miércoles el abogado de Emilio Lozoya solicitó que se citara a una comparecencia a Enrique Peña Nieto porque en México no se movía una hoja sin el mandato del Presidente.

En entrevista con Televisa, Javier Coello aseguró que para que se llevara a cabo una operación como la que se describió, el Consejo de Administración de Pemex tenía que haber autorizado una serie de estudios. Pedro Joaquín Codwell (ex titular de la Secretaría de Energía) y Luis Videgaray (ex Secretario de Hacienda) formaban parte de ese consejo.

“Yo tengo conocimiento que mi cliente no firmó ese contrato”, dijo su abogado y reiteró que Lozoya es el “chivo expiatorio” en la red de corrupción del Gobierno anterior.

“Yo citaría al Presidente Peña Nieto, que declare, porque no se movía una sola hoja si no era por instrucciones del Presidente”, afirmó Coello.

Las declaraciones del abogado de Lozoya pueden traducirse como una ruptura del ex director de la petrolera mexicana con el grupo político con el que anduvo desde la campaña de 2012.

La denuncia contra Lozoya presentada por Pemex es la primera acusación por un caso de corrupción que se hace contra el gobierno anterior. Hoy, acorralado por las autoridades, Lozoya intenta evitar la prisión. Un juez federal le otorgó este día una suspensión provisional a la orden de aprehensión librada en su contra.