Dos años después de la muerte de 22 civiles a manos de militares, organizaciones civiles señalan que la justicia se ve cada vez más lejos ante los obstáculos que han puesto las autoridades para proteger al Ejército. Afirman que a 730 días de la masacre, no existe ningún detenido, ha habido manipulación de la evidencia, ocultamiento de información y de los responsables de la primera gran masacre del Gobierno de Enrique Peña Nieto, como lo señaló alguna vez Human Rights Watch.

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- A dos años de las ejecuciones  de 22 civiles en Tlatlaya, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) bajo el mando del General Salvador Cienfuegos Zepeda no ha permitido que se haga justicia, aseveraron organizaciones no gubernamentales y legisladores de oposición.

“Sin duda alguna, la participación activa de la Sedena para esclarecer los hechos resultaba fundamental para llegar a la verdad de lo que ocurrió en Tlatlaya. El hecho de que no haya una adecuada participación por parte de Sedena y colaboración en los términos de la PGR [Procuraduría General de la República] obstaculiza el proceso de acceso a la justicia”, detalló Nancy López, encargada del área de Defensa de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

De acuerdo con la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 30 de junio, hace dos años,  fueron ejecutados de forma arbitraria por elementos del Ejército entre 12 y 15 personas en la comunidad San Pedro Limón.

Pese a que presuntos responsables estuvieron sometidos a procesos de justicia en el ámbito civil y militar, hasta el momento todos los militares del 102 Batallón de Infantería implicados se encuentran libres.

Desde un principio, las organizaciones civiles apuntaron que estos casos no debían ser juzgados en el fuero militar: “Son claramente civiles quienes competen únicamente al orden civil. Estas determinaciones de que hay una investigación divida es una clara afrenta a los avances en temas de Derechos Humanos”, dijo López.

La versión oficial de la Sedena afirmó que los delincuentes atacaron primero a los militares que patrullaban la zona, que hubo un enfrentamiento entre ambos bandos y que los miembros del Ejército mataron a todos.

El Juzgado Sexto Militar no consideró la masacre como una violación a los derechos humanos, sino que juzgó a los elementos castrenses por infracciones a los deberes militares. En marzo, este juzgado dependiente de la Sedena, dictó sentencia absolutoria a seis soldados de los ocho presuntamente implicados.

Por otra parte, en el fuero civil, la PGR también ha quedado a deber, insistió la abogada del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Gabriela Carreón Lee.

“No ha tomado sus atribuciones como debería ser, y no realizó una investigación que fuese eficiente ni rápida”, dijo. En mayo, el Magistrado Adalid Ambriz Landa del Sexto Tribunal Unitario resolvió dejar sin cargos a tres militares.

“Esta sentencia del Magistrado consideró pruebas que son producto de violaciones a derechos humanos, como las declaraciones obtenidas bajo tortura y tratos degradantes a las tres mujeres sobrevivientes de la ejecución arbitraria”, dijo Lee.

Durante una labor de reconocimiento, el 30 de junio de 2014, elementos castrenses se percataron a las 4:00 de la mañana de que una persona armada cuidaba una bodega. Tras un fuego cruzado de cinco minutos las personas se rindieron rápidamente, recreó la recomendación de la CNDH.

El resultado final fue la muerte de 22 personas. En su mayoría asesinadas de forma extrajudicial. Ahora la PGR tiene la oportunidad de robustecer el expediente y someter de vuelta la acusación en contra de los castrenses, dijo Lee.

El año pasado, en el primer aniversario de los hechos, el Centro Prodh publicó un informe después de acceder al expediente militar. Ahí resaltaba que los elementos armados cargaban con la orden de abatir delincuentes en horas de oscuridad.

“A partir de ese momento presentamos esto como una prueba a ser investigada. Ha pasado un año y no se ha investigado nada sobre esta orden que tuvo un papel relevante en los hechos de Tlatlaya”, recordó Lee.

La Diputada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Araceli Damián González, enfatizó que en el caso de Tlatlaya se escondió la manipulación que se hizo de la información.

“En realidad es un problema estructural del sistema de impartición de justicia de nuestro país. Y es un problema donde los miembros del Ejército son colocados por encima de las instituciones de justicia. En el sentido de que se juzgan a sí mismos, por un lado, y por el otro lado se manipularon los tiempos de tal manera, que los soldados salieran en libertad”, dijo.

EL PAPEL DE ERUVIEL

El Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, acusó Human Rights Watch (HRW), es uno de los responsables de que los hechos no se hayan dado a conocer con transparencia. Ávila Villegas dijo el 1 de julio que “el Ejército en legítima defensa abatió a los delincuentes”.

“Él fue una figura clave que a las horas de ocurrida la masacre, estaba repitiendo literalmente la versión oficial elaborada por el ejercito en el sentido de que se había tratado de un enfrentamiento por un grupo de delincuentes donde de un lado murieron 22 y del otro ninguno”, dijo en octubre del 2014 José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

A dos años de los hechos ocurridos el 30 de junio, la CMDPDH, sostiene que el Gobernador debió abstenerse de participar en los trabajos de la escena del crimen.

“Sin duda alguna por un tema de una adecuada investigación y de cadena de custodia era importante que entre las primeras diligencias estuviera ahí la jurisdicción competente. En este caso la Federal. Era claro que si era de índole federal, el Estado de México debió haberse inhibido de que se pudiese contaminar la escena del crimen, y poner en riesgo la cadena de custodia”, dijo López.

Fallas en la que se apoyó el Magistrado Ambriz para absolver a los militares. “Le dio mayor valor probatorio a periciales del Edomex, en vez de a la PGR, cuando ya había un antecedente de que el Gobierno del Estado de México pues tenía una postura de negación ante la ejecución arbitraria”, dijo Lee.

Clara Gómez González, sobreviviente de la masacre y madre de una las jóvenes asesinadas, dijo temer por su seguridad una vez que estos castrenses estuvieran en libertad. “A Clara nadie le ha garantizado su derecho a la verdad”, dijo la abogada del Centro Prodh.

TRASCENDENCIA INTERNACIONAL

El alto comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, crítico también el manejo que el Gobierno dio al caso en mayo de este año.

“Estamos muy preocupados de que casi dos años después de que se cometieran violaciones muy serias a los derechos humanos en Tlatlaya, incluyendo la supuesta ejecución sumaria de al menos 12 personas, el caso continua en la impunidad y se les niega a la víctimas el derecho a la verdad y a la justicia”, indicó en una rueda de prensa la portavoz del alto comisionado, Ravina Shamdashani.

“Durante su visita a México, en octubre del año pasado, el alto comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, dijo que el caso de Tlatlaya sería vigilado de cerca como un test del compromiso de las autoridades de luchar contra la impunidad tras la decisión de que los militares sean juzgados por cortes civiles en casos civiles”, sostuvo la portavoz .

Otras organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) se han sumado a las exigencia de justicia.

“Ante la muerte de estas personas, es fundamental que todos los elementos militares que tengan responsabilidad, incluso por cadena de mando, sean llevados ante la justicia y que se investigue cualquier responsabilidad en que hayan incurrido otros funcionarios públicos durante la deficiente investigación de estos hechos” afirmó Perseo Quiroz Rendón, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, en el cumplimiento de un año de los hechos.

PROBLEMA LATENTE

El Diputado del Partido Movimiento Ciudadano Víctor Manuel Sánchez Orozco apuntó que la participación del Ejercito en las calles dará como resultado nuevos enfrentamientos como el de Tlatlaya. Pero también puede haber violaciones a los derechos de civiles están amparadas en el recientemente aprobado Código Militar de Procedimientos Penales.

“Es muy claro que ahí se van a dar violaciones a los derechos humanos. Y tan es así que la CNDH interpuso una controversia constitucional”, dijo Sánchez. Con la reforma aprobada en abril, los juzgados militares están facultados para realizar cateos de los domicilios de civiles, la intervención de telecomunicaciones privadas y la presentación de civiles a Juzgados de fuero militar.

Algo que a todas luces va contra los antecedentes asentados por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, dijo el Diputado.