El pasado fin de semana renunció Rodolfo Ríos Garza a la titularidad de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, cuya administración quedó marcada por la revictimización de las mujeres: la falta de investigación, la opacidad y la criminalización, sostienen grupos civiles y litigantes.

Y precisamente se separó del cargo tras las críticas de la CDHDF a uno de los casos que tuvieron la marca de su gestión: el multihomicidio ocurrido en la colonia Narvarte en 2015.

“No había voluntad de investigar, se actúo discriminando a las víctimas, con desprecio por la vida de las mujeres, esa es la impresión que nos queda a nosotros de la actuación del ex titular [de la PGJ-CDMX]”, sostiene Sayuri Herrera, abogada la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio.

Rodolfo Ríos Garza, renunció hace cinco días a la titularidad de la PGJCDMX. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– Rodolfo Ríos Garza se despidió de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) con un cúmulo de casos sin resolver y en los que muchas veces se “criminalizó” a las mujeres víctimas de un delito y se ignoró la perspectiva de género en las indagatorias, sostuvieron litigantes y organizaciones civiles.

Ríos Garza fue secretario particular de Miguel Ángel Mancera como titular de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Más tarde le sucedió en el cargo, en el que duró desde el año 2012 hasta el pasado fin de semana.

“Yo diría que Rodolfo Ríos fue un procurador sumamente ineficaz, para investigar y procurar justicia en el caso de las víctimas. Su gestión quedó caracterizada por la estigmatización de las víctimas o lo que se llama la criminalización de las víctimas”, dijo Karla Michel Salas Rodríguez, abogada de algunos de los casos más emblemáticos en el último lustro, como el multihomicidio de cinco personas en la colonia Narvarte el 31 de julio del 2015.

Salas lamentó que este caso no escapó de la criminalización de la mujer, mediante filtraciones que surgieron de parte de la PGJ-CDMX, en las que se daban a conocer declaraciones de detenidos sobre la supuesta vida de la joven de origen colombiano asesinada ese día, Mile Virgina Martín.

“En el caso de Mile Virginia Márquez, prácticamente la relacionaron con drogas, con ser colombiana, donde le adjudican el móvil del crimen, y nada de eso constaba en el expediente”, dijo Salas.

Desde entonces, las hipótesis del asesinato de Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, Rubén Espinosa y Mile Virginia Martín, se intentaron ligar al crimen organizado.

“Esto generalmente se da a través de servidores públicos de bajo rango, policías y agentes del MP que se corrompen; pero en el caso Narvarte lo que nosotros denunciamos fue una narrativa, una interacción de información, que no fue desde la policía solamente, sino dirigida desde las más altas estructuras [de la PGJ-CDMX]”, detalló la abogada.

La misma actitud de negación por parte de esta dependencia quedó en el caso de la muerte de la modelo colombiana, Stephanie Magon Ramírez, registrada en agosto del 2016.

Los primeros reportes de la Coordinación de Servicios Periciales de la PGJ-CDMX apuntaron que presentaba diversos golpes e incluso Edgar Elías Azar, presidente del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, dijo que la necropsia reveló que la chica fue “intencionalmente asesinada a golpes”.

Sin embargo, la PGJ-CDMX alegó que las lesiones fueron consecuencia de una “precipitación” o caída.

“De acuerdo con la Procuraduría sin ninguna motivación, que la orillara a cometer suicidio, se lanzó de un balcón. A pesar de las lesiones que las había identificada el propio presidente del Tribunal. Pasó en el caso de Lesvy, Stephany, de Mile. No son filtraciones cualquiera ni aisladas”, recordó Salas.

EL ASESINATO DE LESVY

El 3 de mayo fue hallado el cuerpo sin vida de Lesvy Berlín Rivera Osorio en el campus central de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La joven de 22 años fue aparentemente estrangulada con un cable de teléfono.

Dos días después la PGJ-CDMX publicó en su cuenta oficial de Twitter presuntos datos sobre la vida y actividades realizadas por la joven. De inmediato se levantó una ola de críticas y protestas bajo el hashtag #SiMeMatan, con el que acusaron a la dependencia y a Ríos Garza de usar los mensajes para justificar la muerte.

Más tarde, Ríos Garza se deslindó de los mensajes y se los atribuyó al departamento de comunicación social.

Sayuri Herrera, abogada de la señora Aracely Osorio, madre de la víctima, coincidió que estas publicaciones fueron un intento “desde un inicio culpabilizar a la víctima de su propio muerte, para eludir su responsabilidad de esclarecer los hechos y de que se sancione a los responsables porque el feminicida de Lesvy esta suelto esa persona camina con libertad, anda tranquilamente por las calles en total impunidad, y todas nosotras estamos en riesgo”.

Actualmente, la abogada pelea porque la dependencia capitalina conceda la información del expediente, a través de copias autenticadas del caso. Sin embargo, no se les ha permitido la simple lectura del mismo en el que se encuentran detalles como el levantamiento del cuerpo, y fotografías de la diligencia y videos que la UNAM entregó a las autoridades.

“El argumento de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México es que no cuenta con esa información, que ya no la tiene en su poder, que la dio a la PGR”, dijo la litigante.

De ser así, señaló, es una situación totalmente irregular, ya que aún en esta situación la dependencia está obligada a mantener una copia de las originales y de esta forma limitado a la familia de Lesvy conocer y coadyuvar en el caso, un derecho de las víctimas.

Sobre Ríos Garza dijo: “No había voluntad de investigar, se actúo discriminando a las víctimas, con desprecio por la vida de las mujeres, esa es la impresión que nos queda a nosotros la actuación del ex titular [de la PGJ-CDMX]”.

ITZEL

La señora Hernández detalló que dos días después se enteraron de que el agresor falleció. Foto: Cencos.

El casó mediático más reciente fue el de Itzel, una adolescente de 15 años que sufrió una violación e intento de homicidio el pasado 1 de junio. La joven hirió al agresor, quien murió días después.

“Me decía [el agresor] que me iba a morir, entonces comenzó a enterrarme el cuchillo con el que me había amenazado y comenzó el forcejeo. El tipo me dijo que lo había picado en el pecho, empecé a llorar y me puse mi ropa. Pedí auxilio y luego llegaron dos motocicletas, los policías me vieron y se llevaron al sujeto”, narró la menor en un video difundido por su familia a través de YouTube.

La familia temía que las autoridades intentaran culpar a Itzel de homicidio y buscaron conocer la situación legal. No obstantes, la PGJ-CDMX informó apenas el día de ayer que la joven no era investigada por el delito de homicidio.

“Se tardó una hora después de nuestra conferencia de prensa sobre el caso, lo que no pudo hacer en 30 días prácticamente”, dijo Salas, quien también asesora este caso.

Itzel no recorrió el mismo proceso judicial que Yakiri Rubio, la joven que quedó absuelta del cargo de homicidio después de matar a su violador en mayo del 2015, un año y medio después del incidente.

El caso le ganó a la PGJ-CDMX de Rodolfo Ríos Garza un emplazamiento de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) para pedir una disculpa pública por no abordar el caso con un enfoque de género, como quedó consignado en la recomendación 6/2016.

Una recomendación que no se respetó en el caso de Itzel, así como tampoco protocolos de protección a la niñez, dijo Salas.

“Haciendo el recuento te das cuenta que todo lo que dice la ley fue absolutamente letra muerta, los protocolos dicen se tiene que llevar al centro de salud, dar la pastilla del día siguiente, dar retrovirales, o sea lo principal es salvaguardar la integridad de la víctima. A pesar de que llegó prácticamente ensangrentada, dicho por la propia madre, las autoridades no la llevaron al hospital, y aún así tuvieron que estar vagando de agencia en agencia, aguantando groserías de médicos y médicas”, explicó.

Estudiantes, integrantes de distintos grupos feministas y familiares de la joven Lesvy Osorio durante una manifestación en CU, el pasado 18 de mayo. Foto: Cuartoscuro

GESTIÓN DE CANGREJO

Rodolfo Domínguez Márquez, abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), considera, en retrospectiva, que la gestión de la PGJ-CDMX sufrió un retroceso con Rodolfo Ríos Garza, particularmente en materia de investigación de feminicidios, algo que ha quedado documentado en el trabajo del Observatorio, dijo Domínguez.

Domínguez detalló que a pesar de que en el 2012 había una expectativa por la implementación de un protocolo de investigación de casos de feminicidios de avanzada, la gestión de Ríos Garza representó un graves vuelcos en la investigación de feminicidios y desaparición de mujeres y niñas.

“Hemos denunciado formalmente ante la Procuraduría de la Ciudad de México esto, en su momento lo hicimos ver al propio Procurador, el responsable final, a su personal de mayor jerarquía, y finalmente nos topamos con una pared y oídos sordos ante los cuestionamientos que se hacían”, dijo Domínguez.