Dos mensajes cargan de negra nubosidad la vida política del país a partir de ahora: el primero es el desconocimiento de los diputados federales de Morena del papel que juega la Suprema Corte de Justicia de la Nación; el segundo, que el Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, se asuma como guardián electoral, facultad que le está vedada constitucionalmente. Algunos ven en esto un desmantelamiento del entramado institucional del país, otros el afán de concentrar el máximo y absoluto poder en el Ejecutivo en demérito de la vida democrática y federativa del país, por decirlo suavemente.

Comentaré brevemente ambos temas. La presidenta de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de una facultad que le concede el reglamento de la cámara que preside, inició una controversia constitucional para que sea nuestro más alto tribunal el que decida si en las tareas de seguridad pública es válido que se disponga del uso completo de las fuerzas armadas en tareas que corresponden a los brazos civiles del Estado. Como se sabe, en mayo de 2019 se creó la Guardia Nacional para dar paso, supuestamente, a un nuevo régimen que permita encarar de fondo la crisis de seguridad pública que se ha convertido en endémica desde hace varias décadas. El procesamiento para establecer la Guardia Nacional siempre tuvo cuidado en todo lo referente a la vida de las personas, sus libertades, integridad y patrimonio; la visión de orden público obligada para construir una paz social y fortalecer las policías locales. Esta última, ofrecida permanente, nunca se ha logrado.

Somos el país en el que aspectos fundamentales de la Constitución se norman a través de artículos transitorios, que por su puro nombre expresan sus alcances. Pero en este artículo se dio una transacción para militarizar al país, autorizando al Ejecutivo a disponer excepcional y temporalmente a estas fuerzas armadas en las tareas que menciono. Pero no fue un cheque en blanco a final de cuentas. Quedaba obligado a fundarlo y motivarlo de manera que fueran causas extraordinarias, debidamente reguladas, subordinadas a lo civil, siempre complementarias y, sobre todo, fiscalizables. Pregunto: ¿los militares permitirán ser auditados y fiscalizados por civiles?

López Obrador, a un año de la reforma constitucional de 2019 decretó, como ya quedó dicho, disponer de la totalidad de las fuerzas armadas. Es un acto en el que él no necesariamente tiene la última palabra, pues en su contra se puede incoar una acción de inconstitucionalidad para que sea la Suprema Corte la que pronuncie las palabras concluyentes. La presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, ejercitando una legal facultad dio ese paso. Por tanto, tendrá que ser la Corte la que resuelva este asunto, y va a batallar si da pábulo a una falta de personalidad y legitimidad por ser del Partido Acción Nacional, porque la ley lo estipula muy claramente: puede hacerlo. No está a discusión judicial, constitucional o convencional a qué fuerza representa; la ley dice que es la presidenta originaria de un poder del Estado y eso basta. Pueden patalear lo que quieran los diputados morenistas que se deshacen sobre todo en miedos y en denuestos. Tengo para mí que lo único correcto en este punto es que la Corte se pronuncie y que todos acatemos su fallo definitivo, ciudadanos, gobernantes o representantes.

Por otra parte, López Obrador no puede levantarse en calidad de guardián electoral. Es una tarea que le corresponde al Instituto Nacional Electoral, le guste o no. La existencia del INE es quizá, a partir de 1994 en su versión IFE, la esencial reforma política para normar la pugna por el poder, ancestralmente motivo de conflictos y rijosidad, de tal manera que el árbitro es fundamental para que quien se haga de él tenga la legitimidad para representar a la sociedad en todos sus niveles. No me queda duda del que el INE es perfectible, que debe desburocratizarse, tecnificarse, despartidizarse, todo lo que se quiera, pero considero un peligroso absurdo regresar a los tiempos en el que todos los asuntos electorales se decidían en la Presidencia de la república o en las oficinas de los gobernadores.

Agredir o atentar contra el INE es, no tengo la menor duda, un casus belli; además, ni para qué meterse a un conflicto de esa naturaleza, salvo que quieran continuar y profundizar la polarización y convertir las elecciones de 2021 y la revocación de mandato de 2022 en sendos plebiscitos, para dar paso a unas elecciones búlgaras.

25 junio 2020

Jaime García Chávez

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Político y abogado chihuahuense. Por más de cuarenta años ha dirigido un despacho de abogados que defiende los derechos humanos y laborales. Impulsor del combate a la corrupción política. Fundador y actual presidente de Unión Ciudadana, A.C.

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