Grupo México ha protagonizado el peor desastre ecológico de la industria en México. Foto: Margarita García, Cuartoscuro

La mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, causó el peor desastre ecológico de la industria minera en México, en el Río Sonora. Foto: Margarita García, Cuartoscuro

Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).– Los siete alcaldes de los municipios afectados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México en el Río Sonora, y sus familiares cercanos cobraron cheques jugosos por resarcimientos de acuerdo con la lista de beneficiarios del Fideicomiso Río Sonora.

También obtuvieron cuantiosas sumas varios políticos del Partido Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) de renombre y peso en Sonora, de acuerdo con la información entregada por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a SinEmbargo.

La información da cuenta de 536 millones 382 mil 249 pesos con 49 centavos –de los 2 mil millones de pesos del Fideicomiso– que fueron entregados al 16 de junio de este año, excluyendo los datos de las personas que recibieron resarcimientos por concepto de salud, por considerarlos información clasificada.

Sin embargo, el listado comprende con nombre y apellido los beneficiarios por concepto de Proagro, Progan, Unidades Económicas, Tomas de Agua, Cultivos y Pescadores.

El caso de Ures, uno de los municipios afectados localizado a 77 kilómetros de Hermosillo, es quizás uno de los más emblemáticos, pues varios políticos locales del PRI y del PAN han cobrado sumas cuantiosas.

Varios pobladores del municipio confirmaron a SinEmbargo que familiares y allegados del Alcalde panista José Manuel Valenzuela Salcido cobraron cheques del Fideicomiso Río Sonora.

De acuerdo con el listado, el Alcalde cobró 40 mil pesos por concepto de Progran y varios de sus presuntamente parientes, según información de los pobladores, sumas por arriba de los 100 mil pesos.

Es el caso de Abel Salcido Valenzuela, quien recibió 40 mil; Alejandro Córdova Salcido, 100 mil, Alfonso Candelario Félix Salcido, 100 mil; América Letzuana Salcido Martínez, 50 mil; Francisco Javier Salcido Valenzuela, 60 mil; Jaqueline Salcido Valenzuela, 82 mil 800; Jesús Artemio Salcido Romo, 79 mil 900 pesos; Leticia Romo Salcido, 86,000 mil; Rafael Salcido Márquez, 200 mil, y Francisco de Paula Amado Romo Salcido, 150 mil pesos.

Los políticos priistas de la localidad también destacan con cuantiosas cantidades en la lista entregada por la Semarnat:

El ex síndico municipal y ex Diputado local por el PRI José Víctor Martínez Olivarría es uno de ellos. Entre él y varias personas que llevan sus mismos apellidos, cobraron 2 millones 42 mil 226 pesos en el municipio.

José Víctor Martínez cobró 224 mil pesos por concepto de Unidades Económicas; Raúl y Rosa Amelia Martínez Olivarría, 100 mil pesos por Proagro; Alejandro y Luis Antonio Martínez Olivarría, 196 mil por Unidades Económicas.

Luz Mercedes Martínez Olivarría cobró 180 mil por concepto de Unidades Económicas, mientras que María del Carmen Martínez Olivarría 347 mil 200; María Luisa Martínez Olivarría, 350 mil; Maricela Martínez Olivarría, 218 mil, y Raúl Martínez Olivarría 115 mil 696 pesos por el mismo concepto.

Apenas el 11 de junio pasado un centenar de habitantes inconformes tomó las instalaciones del Ayuntamiento en protesta por la falta de pago del Fideicomiso. En esa localidad el ex Presidente Municipal de Ures y el ex Diputado local del PRI Jorge Alberto Gastélum López y Fabián Gastélum López, respectivamente, obtuvieron entere los dos casi medio millón de pesos por concepto de Progran, Proagro y Unidades Económicas.

Tanto José Víctor Martínez Olivarría, como Jorge Alberto Gastélum lideran una organización que exige la remediación del Río Sonora en Ures.

Otro ex Diputado local priista que aparece con grandes sumas de dinero es Ricardo Rivera Galindo. Entre él y dos personas con sus mismos apellidos (José Manuel y Martha Elena) cobraron 1 millón 835 mil 944 pesos.  Los priistas José Alfredo Salcido Munguía y Martín Salcido Munguía se embolsaron casi 200 mil pesos por concepto de Unidades Económicas.

“Aquí en Ures se les nota el dinero y no quiero pensar mucho porque me da mucho coraje oiga: mandaron arreglar sus casas, traen carros nuevos, andan derrochando dinero”, dijo Eleazar Favela, un herrero de Ures.

Debido a la contingencia durante los dos primeros meses después del derrame, en Ures se paralizó la economía. Desde la señora que vende quesos, hasta el herrero que elabora los cercos para los corrales, dejaron de percibir recursos, pues a población apenas si aspiraba a recibir agua embotellada y de alguna de las pipas de Grupo México.

Favela dijo que incluso los tinacos que se repartieron durante la contingencia, fueron colocados en las viviendas de los políticos del pueblo y sus familias.

En la lista que tiene en su poder SinEmbargo, Eleazar Favela no recibió ni un peso por resarcimiento de sus pérdidas.

Los pobladores de Ures aseguran que los políticos de la localidad han recurrido a la falsificación de credenciales de elector para poder cobrar, debido a que sólo pueden recibir el dinero si comprueban que viven en ese municipio.

Varios de los beneficiarios viven en Hermosillo, aseguran y cobran a través de credenciales falsas y cartas poder.

A principios de este mes en entrevista  Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de de Planeación y Política ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y encargado del Fideicomiso del Río Sonora, aseguró que los últimos en darle el “visto bueno” a las listas que se pagarán son los alcaldes de los siete municipios afectados.

Lacy aseguró que la Semarnat trabaja directamente con la delegación de la Secretaría en Sonora y con los alcaldes de cada municipio, que representan el último filtro para generar las listas de beneficiarios.

“No se entrega ni un solo choque o pago, si no se tiene una credencial del IFE de los municipios del río, o si el Presidente municipal no da fe que es un vecino del municipio”, dijo.

El funcionario reconoció que la lista de beneficiarios “incluye a panistas, priistas, perredistas, caóticos, no católicos, mujeres y niños”.

“Puede ser que alguno de los afectados haya sido una persona notable en alguna asociación política y los que están en contra lo señalan. Por eso no quisimos hacer resarcimientos en época electoral, porque la gente utiliza la información a su conveniencia”, dijo.

El funcionario también aseguró que “si buscas los nombres de los panistas, los vas a encontrar, si buscan los normes priistas, perredistas, los vas a encontrar”.

DE BANÁMICHI HASTA ARIZPE LOS ALCALDES COBRAN

En Banámichi, el Alcalde del PAN Jesús Lauro Escalante Peña cobró 160 mil 583 pesos y su esposa Juanita Barrios Estrada, 999 mil 933 pesos. Ana Patricia Escalante Barrios, cobró 39 mil 200. Entre varios beneficiarios con el apellido Escalante Peña sumaron los 668 mil 99 pesos (Jorge, Rogelio, Heberto y Jesús).

Además fueron repartidos entre personas que llevan los apellidos Escalante Barrios, Heredia, Peña Molina, Aguirre Peña y Ochoa Peña entre otros, alrededor de 1 millón 269 mil 849 pesos, entre cheques de 80, 60 y 75 mil pesos.

La Alcaldesa panista de Huépac María Delfina López Quijada cobró como resarcimiento del Fideicomiso 369 mil 130 pesos por Proagro, Progan, Unidades Económicas y hasta por tomas de agua.

María Delfina es madre de Jesús Alfonso López López, Director General de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora con el Gobernador Guillermo Padrés Elías. Aunque el directivo no aparece en la lista, si hay un José Lauro López López quien cobró 142 mil 850 pesos.

En Aconchi justo debajo del nombre de la Alcaldesa en el orden de la lista, aparece un cobro más por 100 mil pesos por concepto de Proagro a nombre de una María Delfina Quijada López. El mismo nombre de la mandataria, pero con los apellidos invertidos.

Ese cobro es el único que realizó la persona que se llama muy parecido a la Alcaldesa de Huépac en Aconchi, un municipio ubicado a unos cuantos kilómetros de la localidad que gobierna López Quijada.

Es en Aconchi en donde aparecen varios Quijada con cobros por arriba de los 100 mil pesos, como Anaís Guadalupe y Carlos Villa Quijada a quienes se les pagó esa cantidad respectivamente.

En San Felipe de Jesús, muy cerca de Aconchi, una mujer llamada María Josefina López Quijada recibió un pago de 100 mil pesos por Proagro, también como único pago.

Pedro Armando Lugo López, Alcalde panista de Aconchi, también recibió 100 mil pesos del Fideicomiso Río Sonora por concepto de Proagro.

Así como Pedro Armando Ruiz López, 100 mil pesos; Víctor Enrique Lugo Trigueras, 50 mil; Eleazar Lugo Vildiola, 48 mil 48 pesos; Adelina Lugo Peralta, 41 mil 048, y Jesús Lugo Durón, 37 mil 296, presuntamente familiares del Alcalde.

Muy cerca de Aconchi, en el municipio de Baviácora, el Alcalde priista Francisco Javier Durán Villa cobró 30 mil 350 por concepto de tomas de agua y Proagro, pero en Aconchi el mandatario cobró 140 mil pesos por Proagro.

En Baviácora los hermanos Eduardo, Fernando e Hilda Villa Acuña cobraron 175 mil pesos, mientras que Jesús Villa Vindiola recibió 130 mil pesos por Proagro.

El Alcalde panista de San Felipe de Jesús José Eleazar de la Torre Curiel cobró 47 mil 183.30 pesos por Progran y Unidades Económicas, mientras que su hermana Gloria Leticia de la Torre Curiel, presidenta del PAN en la localidad, obtuvo 70 mil 900 pesos y sus parientes Martín Ramón de la Torre Cruz y De la Torre Ochoa 30 mil y 100 mil pesos, respectivamente.

Finalmente, el Alcalde de Arizpe el panista Vidal Guadalupe Vázquez Chacón, uno de los más mediáticos a raíz del derrame de Grupo México, cobró 123 mil pesos por concepto de Unidades Económicas.

En diciembre el mandatario interpuso una demanda ante el Ministerio Público de Aconchi en contra de Alfonso Nogales por los delitos de intento de homicidio y amenazas de muerte. De acuerdo con los medios locales, el poblador del Río Sonora le reclamó a Vidal Vázquez la mala distribución de los recursos.

En Arizpe fue repartido casi medio millón de pesos (487 mil 212 ) entre pobladores que llevan el segundo apellido del Alcalde y se apellidan Coronado Chacón, Chacón Coella, Chacón Contreras, Martínez Chacón, Chacón Martínez y Ruiz Chacón. La mayoría en cheques de más de 40 mil pesos.

Con el primer apellido de Vidal Vázquez se repartieron cheques de entre 40 y 130 mil 648 pesos, para sumar un total de 815 mil 311 pesos.

Los pagos más cuantiosos fueron para René Ballesteros Vázquez, con 130 mil 648; Francisco Vázquez Carbajal, 100 mil 800; Carlos Alberto Vázquez Carbajal, 80 mil, y Jesús e Isidro Vázquez Rivera, con 110 mil pesos.

DESDE GÁNDARA MAGAÑA A ALFONSO ELÍAS SERRANO Y FAMILIA

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En Sonora los políticos conocidos por su trayectoria política a nivel estatal también aparecen en la lista del Fideicomiso. Es el caso del ex candidato a la gubernatura por el PAN Javier Gándara Magaña, quien recibió en Ures 105 mil pesos por concepto de Progan.

Pero quienes realmente cobraron más de un millón y medio pesos es la familia de Alfonso Elías Serrano, ex candidato a la gubernatura de Sonora en 2009 y actual presidente del PRI estatal.

El priista originario de Arizpe obtuvo pagos por 168 mil 700 pesos por concepto de Progan. Pero entre todos sus parientes, la mayoría ubicados en Arizpe, se llevaron 1 millón 673 mil 766 pesos.

Es el caso de su hermano Alejandro Elías Serrano, quien cobró entre Arizpe y Banámichi 210 mil pesos, y los hermanos Molina Elías, que se llevaron entre Marco Antonio, Carlos, Octavio, Enrique y Patricia 797 mil 450 pesos entre esos dos municipios.

El hermano del panista Marco Antonio Paz Pellat, ex subsecretario de la Sedesol en Sonora, Ricardo Paz Pellat cobró 105 mil pesos, mientras que León Álvarez Paz Pellat, 123 mil pesos.

Los hermanos Amelia, Jaime y Lourdes Elías Pellat cobraron del fideicomiso 276 mil 616 por Progan, así como Nora Elías Braun quien obtuvo 68 mil pesos por el mismo concepto.

La cronista de Arizpe, asesinada el abril a golpes y con varias lesiones de arma blanca María del Carmen Pellat Sotomayor cobró 105 mil pesos por Progan. El móvil de asesinato de la mujer de 72 años aún no se ha esclarecido. En un principio las autoridades sonorenses indicaron que podría tratarse de un robo o venganza personal.

SIETE MESES EN BUSCA DE TRANSPARENCIA

El 22 de agosto de 2014, 16 días después del derrame, diversas imágenes mostraron cómo los habitantes cercanos al río comenzaron a registrar las consecuencias de los tóxicos. Luz Mercedes Acosta se vio afectada al lavarse la cara con agua del afluente. Foto: Cuartoscuro

El 22 de agosto de 2014, 16 días después del derrame, diversas imágenes mostraron cómo los habitantes cercanos al río comenzaron a registrar las consecuencias de los tóxicos. Luz Mercedes Acosta se vio afectada al lavarse la cara con agua del afluente. Foto: Cuartoscuro

La lista de beneficiarios obtenida por SinEmbargo es producto de un largo proceso de siete meses por obtener la información a través de Transparencia.

En febrero, la Semarnat se negó a revelar el padrón de los beneficiados del Fideicomiso. La dependencia negó la información a una solicitud realizada a través de transparencia –con el número de folio 0001600005015–, argumentando que los datos se encontraban reservados hasta por 12 meses, debido a que aún no se concluye con el proceso de entrega de los recursos.

“En respuesta a su solicitud, la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, le informa que después de haber realizado una minuciosa búsqueda en sus expedientes encontró que aún no se terminan de entregar los montos a todos los beneficiarios y los montos que ya fueron entregados están en proceso de revisión, razón por la cual aún no se tiene un listado definitivo de beneficiarios ni el monto global aplicado, por lo que la información se encuentra reservada por un periodo de un año, o antes si se concluye el proceso de revisión por encontrarse en proceso deliberativo”, respondió la dependencia.

La negativa firmada por Jorge Legorreta Ordorica, quien en el pasado ha sido coordinador en el Senado de la República por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se fundamentó, según precisó la Semarnat, en los artículos 14 fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental que refiere a la información reservada.

La Semarnat negó, además, el monto total otorgado a los beneficiarios, a pesar de que un informe publicado en su página web desglosa a de forma general los recursos entregados hasta diciembre de 2015, sin presentar padrón de beneficiarios.

Luego de la negativa, SinEmbargo solicitó una vez más la información a través de transparencia en mayo.

“Solicito la lista de beneficiarios del Fideicomiso Río Sonora, el monto otorgado a cada uno de ellos y el monto global aplicado para los damnificados del derrame de Grupo México en el Río Sonora en agosto de 2014, hasta la veda electoral que se dio en marzo de 2015, es decir, hace más de dos meses”.

A esto, la dependencia contestó el 10 de junio con una solicitud de prórroga: “El 08 de junio de 2015, la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental emitió el oficio No. SPPA/0260/2015, mediante el cual solicita a este Comité de Información, la ampliación del plazo para dar respuesta a la solicitud de referencia, debido a que esa Unidad Administrativa aún no concluye con la búsqueda minuciosa de la información conforme los parámetros estipulados por el solicitante”.

La prórroga concluyó el 14 de julio, cuando la Semarnat entregó la información, parcialmente reservada, pues omitió los pagos por concepto de salud.

Bajo ese concepto de acuerdo con Lacy Tamayo indicó que oficialmente se reconocen 270 afectados, a los cuales se les repartieron seis millones de pesos “divididos entre esas personas. Son montos muy parecidos”.

Lacy Tamayo reconoció que hay personas que han solicitado las listas de beneficiarios a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales  (INAI), pero que no se han entregado para evitar “un mal uso” de la información.

“Hemos entregado en tres momentos esas listas: al Gobernador [Guillermo Padrés Elías], a los presidentes municipales y a la Cámara de Diputados. Vía el IFAI [hoy INAI] nos están haciendo solicitudes, que se harán públicas. Cuando se trata de dinero hay ciertos riesgos, cuando asocias nombres con montos, riesgos derivados de la delincuencia, donde se pueden cometer actos indebidos. También de polarización social. Nunca faltan las comparaciones, uno nunca piensa que es suficiente lo que le dieron. Hemos sido muy precavidos”, dijo.