Hay una lectura equivocada o al menos, se puede decir, sesgada de lo que sucede políticamente en las regiones del país. Pareciera que el potencial y nunca bien ponderado régimen federal provoca la corrupción e impunidad en algunas entidades del país. Lo cierto es que la simbiosis entre crimen y política se expresa en varias dimensiones: desde las localidades, donde los municipios han sido los más vulnerables, hasta los corporativos financieros donde el flujo de dinero del crimen encuentra rutas legales para multiplicarse.

La red es diversa y compleja y los poderes políticos y económicos asentados en capital del país juegan un papel más que estratégico, es ahí donde los diversos grupos criminales que operan en las regiones encuentran respaldo protección y estímulos. Políticos de todos los partidos, y algunos en posiciones claves de la operación del estado respaldan y usan a sus aliados locales para garantizarse recursos que les permitan sostener sus políticas clientelares.

Los gobernadores no son el problema principal, la definición de los territorios para el uso criminal depende de esas alianzas económicas, políticas judiciales y hasta militares que operan desde la Ciudad de México y permiten que las redes criminales se fortalezcan en las diversa provincias del país. Ningún partido político ha sido ajeno a ello.

Las luchas para rehacer el tejido social, que restablezca la seguridad y la paz de los ciudadanos, son diversas y plurales .y estas son la clave para fortalecer el régimen democrático.
La nueva estructura que se propone para distribuir el presupuesto no afecta esa red de complicidad, solo afectará la cohesión política del país al yuxtaponer un control político y administrativo centralizado, sobre las autoridades elegidas.

El Estado ya no es el mismo, y el lenguaje político y conceptual no lo advierte, por ello pueden tropezarse a sí mismos, y provocar más vacíos al tratar de operar cambios políticos sostenidos en propuestas de un Estado que ya no está.

El tema fundamental es uno: contener, reducir, e impedir la expansión del capitalismo salvaje que ha generado violencia, impunidad y corrupción. La economía de mercado en el caso de México se degradó por la expansión del crimen en todos los ámbitos, cuyo centro de gravedad, el narcotráfico, ha definido su naturaleza que afecta a la sociedad en su conjunto.

Lo que debe impulsar el cambio político es una profunda reforma social en todos los órdenes, que debe conjuntar al sector público y privado, a los diversos sectores académicos y laborales como a las localidades y regiones; promoviendo el respeto a las expresiones de ordenamiento político diverso como las autonomías indígenas, donde se expresa una resistencia democrática vital para impedir la expoliación de la tierra y la desintegración del hábitat natural e histórico.

La posibilidad de edificar un país más justo, en paz, próspero, democrático y seguro, va a depender de la capacidad que tenga el nuevo gobierno de construir sus alianzas con las diversas fuerzas democráticas de la república, y no en reeditar la construcción de un partido político centralista, vertical y autoritario. Los enemigos son muchos y no hay tiempo para un experimento fallido que hiera a las comunidades de la nación que han resistido la erosión del crimen agazapado en los diversos rostros políticos.

Una de las características de las frágiles democracias hoy en día es su volatilidad y a eso apuestan ciertos actores que saben de la porosidad del maltrecho cuerpo social, en la era digital de la ambigüedad y la confusión de la tabla rasa.

El tiempo como bien sabemos es un recurso no renovable (y en esta época se caracteriza por su vértigo y precipitación) y ciertamente el vacío en política siempre es un desafío; por ello la memoria en su hondura y amplitud puede ayudar estratégicamente a no perder el rumbo, marca pausas (lo que hoy es una riqueza) y también subraya la evidencia de la responsabilidad asumida.

Tomás Calvillo Unna

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