América Latina ha sido una de las regiones más impactadas por la COVID-19. Foto: Daniel Augusto, Cuartoscuro.

Por: Anaid García Tobón (@laanaidtobon)*

El día de ayer -28 de septiembre- se conmemoró el Día Internacional del Derecho a Saber. La fecha nos obliga a reflexionar sobre las medidas que, en el marco de la pandemia, han tomado los países para garantizar información adecuada para enfrentar la situación de emergencia, como la gravedad de los contagios, las medidas sanitarias que deben tomarse, saber si se están ejerciendo recursos públicos y cuál es su destino, qué medidas se adoptan para proteger a grupos vulnerables, etc., así como entender en qué medida se ha garantizado el ejercicio de este derecho y los obstáculos representa en un contexto como el que estamos viviendo. El Informe Saber Más: El impacto de la pandemia de Covid-19 sobre el Derecho de Acceso a la Información en la región, (1) documenta las acciones que 15 países parte de Alianza Regional por la Libertad de Expresión en América Latina intentaron implementar para garantizar el derecho a la información.

A raíz de la pandemia muchos países tomaron medidas inmediatas para evitar la rápida propagación del virus, como restringir la movilización de la población y las actividades económicas, lo que no sólo ha tenido un impacto negativo en su estabilidad financiera, también ha afectado en la garantía de otros derechos; entre estos, el derecho de acceso a la información. Frente a las necesidades de la población de conocer datos sobre la prevención y mitigación de la enfermedad, así como las acciones para resarcir el impacto económico, la gran mayoría de los gobiernos de la región desarrolló ejercicios de transparencia proactiva a través de sitios web con datos relativos a la emergencia sanitaria, con información sobre los niveles de contagio del Covid-19 y, en algunos casos, sobre acciones públicas y de gasto. Por ejemplo, Colombia, además de generar un portal con datos epidemiológicos e información general sobre la evolución de la emergencia, generó una plataforma que permite conocer los procesos de compras realizados por las entidades públicas durante la pandemia. También ha sido común la emisión de la información a través de conferencias de prensa nacionales de carácter oficial, como es el caso de México.

Asimismo, destaca el rol estratégico de la sociedad civil, que se ha movilizado para exigir y transparentar más datos que los que son proporcionados públicamente por las autoridades. Por ejemplo, en Nicaragua, ante la escasa información sobre las cifras de contagio y medidas de prevención proporcionada por el gobierno, así como las inconsistencias de los datos, la sociedad civil realizó campañas educativas con base en información internacional confiable de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Además, generó un observatorio en el que se alojan datos oficiales y extraoficiales de los hospitales para contrastar información y tener un grado de certeza de la magnitud de la pandemia. En el caso de México, la sociedad civil también se organizó para exigir al Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), disminuir el impacto sobre el derecho a la información, ante su decisión de suspender los plazos para tener acceso a este derecho durante la pandemia. Así, mediante recomendaciones puntales, se logró que el INAI restableciera los procedimientos para el ejercicio de acceso a la información, al menos en sectores esenciales, como salud, ejercicio de recursos públicos, etc.; práctica que fue replicada por algunas entidades federativas.

Sin embargo, aún se identifican importantes retos en el ejercicio de este derecho, que enlistamos enseguida:

1- Al inicio de la pandemia, en una tercera parte de los países analizados, se suspendieron, de forma absoluta, los plazos para las peticiones de información de cualquier tipo (México, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Argentina), lo que es contrario a estándares internacionales y regionales ya que limitó a la población a contar únicamente con la información dada oficialmente por sus gobiernos, sin posibilidad de contrastarla o verificarla
2- En otro tercio de los países de la región latinoamericana, aunque no hubo ningún cambio legal en los plazos para el ejercicio de acceso a la información (Guatemala, Ecuador, Uruguay, Paraguay, y Costa Rica), en la práctica no se entregaba a tiempo la información o no era de calidad.
3- Aunque se publicó información proactiva en sitios web especializados en COVID-19 y se presentaron deficiencias importantes debido a que los datos no se encontraban actualizados, no fue oportuna, estaba incompleta o en datos cerrados, lo que impidió su reutilización por parte de la ciudadanía.

Otro de los hallazgos importantes es que, si bien, puede ser complejo garantizar adecuadamente el acceso a la información en una situación de emergencia que implicó privilegiar el derecho a la salud frente a otros derechos, en realidad muchos de los obstáculos que se presentaron durante la pandemia responden más a retos estructurales que ya se presentaban en los países y sobre los que es necesario avanzar en los próximos años para fortalecer la difusión y circulación de información pública en la región.

En el marco de la presentación de este informe, se realizará un conversatorio el próximo jueves 01 de octubre a las 12:00 p.m. en el que expertos y expertas regionales reflexionarán sobre estos problemas estructurales del acceso a la información, con el fin de analizar estrategias para que este derecho pueda ser realmente utilizado como un instrumento efectivo en la rendición de cuentas y que habilita otros derechos para que la ciudadanía mejore sus condiciones de vida.

[1] Las organizaciones integrantes de la Alianza Regional que participaron de este informe, fueron: la Asociación Civil Igualdad y la Justicia (ACIJ-Argentina), la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD – Ecuador), la Fundación Democracia sin Fronteras y C-Libre (Honduras), el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Cuba), el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA – Paraguay), Acción Ciudadana (Guatemala), Participación Ciudadana (República Dominicana), Artigo 19 (Brasil), CAinfo (Uruguay), el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX – Costa Rica), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES – El Salvador), Transparencia por Colombia (Colombia), Fundar (México), la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH – Nicaragua), Transparencia Venezuela y Espacio Público (Venezuela) y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP – Bolivia).

* Anaid García Tobón es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico


(1) Las organizaciones integrantes de la Alianza Regional que participaron de este informe, fueron: la Asociación Civil Igualdad y la Justicia (ACIJ-Argentina), la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD – Ecuador), la Fundación Democracia sin Fronteras y C-Libre (Honduras), el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (Cuba), el Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA – Paraguay), Acción Ciudadana (Guatemala), Participación Ciudadana (República Dominicana), Artigo 19 (Brasil), CAinfo (Uruguay), el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX – Costa Rica), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES – El Salvador), Transparencia por Colombia (Colombia), Fundar (México), la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH – Nicaragua), Transparencia Venezuela y Espacio Público (Venezuela) y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP – Bolivia).