No conocemos ninguna política en el mundo que haya logrado lo que la ley de Alimentos en Chile. Foto: EFE

En 2010 en Chile había  un millón 200 mil personas con diabetes, en México alrededor de 10 millones. La población chilena es una sexta parte de la mexicana, por lo cual, la incidencia en México de la diabetes es aún mayor. El origen principal de esos niveles de diabetes se encontraba ya en el deterioro de los hábitos de alimentación, por la introducción masiva de comida chatarra y bebidas azucaradas en la dieta de chilenos y mexicanos.

El actual Presidente de Chile, Sebastián Piñera, ejercía su primer periodo, cuando en 2011, desde el legislativo de ese país, se presentó una iniciativa que con el tiempo se volvería una de las más avanzadas en bajar el consumo de comida chatarra y bebidas azucaradas. Piñera, siempre al servicio de los intereses de las grandes corporaciones de alimentos, se opuso por todos los medios a esta iniciativa.

Cuando el Senado de Chile en 2011 presentó la Ley de Alimentos para establecer el etiquetado de advertencia en los productos, la prohibición de éstos en las escuelas y el retiro de su publicidad a menores de 14 años, el consumo de bebidas azucaradas y comida chatarra era muy similar al mexicano. Las dos naciones han venido compitiendo por el primer lugar en América Latina en el consumo de estos productos, al mismo tiempo que compiten por el primer lugar en sobrepeso y obesidad.

Cuando en 2012 se aprobó en el legislativo chileno la llamada Ley de Alimentos, el Presidente Piñera se pronunció abiertamente en contra de la ley y amenazó con vetarla respondiendo a las presiones de las grandes corporaciones, como Nestlé, Coca Cola, Pepsico, etc. Cada semana, un grupo de senadores, encabezados por el Presidente de la Comisión de Salud y Presidente del Senado, Guido Girardi, se apostó por un par de horas frente al Palacio de la Moneda para protestar y denunciar la alianza de Piñera con los productores de comida chatarra y bebidas azucaradas.

Piñera no soportó la presión y al final la Ley fue publicada y comenzó la elaboración del reglamento que definiría las características del etiquetado y los criterios nutrimentales para
establecer cuando un producto fuera alto en azucares, sodio, grasas saturadas y calorías. El Gobierno de Piñera volvió a atacar y derogó el reglamento tan sólo dos meses antes de que
entrara en vigor.

Vinieron las elecciones y tomó la presidencia, por segunda ocasión, Michel Bachelet en 2014. Con su llegada, la alianza entre el poder político y el económico se debilitó y el reglamento fue revisado, mejorado, publicado para entrar en vigor, en forma, en 2016.

Hay que decir que el desfile de CEOs de las grandes corporaciones y de ataques de todo índole contra el etiquetado chileno lo podemos ver hoy en día contra la propuesta de etiquetado de advertencia en México que es muy similar al chileno. El etiquetado frontal propuesto para México y en consulta actualmente ha retomado las experiencias de Chile y Perú, de aquello que los expertos de esos países han reconocido que es necesario perfeccionar y que no lograron incorporar en sus iniciativas.

Cuando Sebastián Piñera volvió a ocupar el cargo de Presidente de Chile en marzo de 2018, la ley de Alimentos ya estaba en plena operación. Gran parte de los productos ultraprocesados en el mercado tenían un sello o más de advertencia y un porcentaje importante de esos productos ya habían sido reformulados para no tener sello o tener menos sellos. Para ese entonces, las evaluaciones ponían a esta iniciativa como una de las más efectivas en el mundo para reducir el consumo de alimentos y bebidas altos en azúcares, grasas saturadas y sodio, los nutrimentos críticos que se encuentran como causa central de las epidemias de sobrepeso y obesidad.

Los logros de la ley de Alimentos y de su etiquetado frontal de advertencia, que es el eje para regular los alimentos y bebidas en las escuelas y su publicidad a niños (con un etiquetado el producto ya no puede entrar a las escuelas y ya no puede ser publicitado a niños), han tenido que ser reconocidos por la propia administración del Gobierno de Piñera.

El Ministerio de Salud de la administración de Sebastián Piñera, opuesto en origen la Ley de Alimentos, publicó en julio pasado la Evaluación de la Ley de Alimentos, entre lo que destaca:

– Una disminución de un 14 por ciento en la compra de cereales azucarados para el desayuno

– Un 25 por ciento menos en la compra de bebidas azucaradas

– Un 17 por ciento menos en la compra de postres envasados

– Una reducción promedio entre 46-62 por ciento de exposición de publicidad de alimentos en preescolares y adolescentes

– Que el 90 por ciento de las medres de preescolares, entienden y valoran positivamente los sellos de advertencia

– Una reducción en promedio de 25 por ciento de azúcares en las categorías de alimentos estudiadas

No conocemos ninguna política en el mundo que haya logrado lo que la ley de Alimentos en Chile. Podemos decir que el proyecto de NOM de etiquetado en México no comprende regular la publicidad en los medios y los alimentos en escuelas, sin embargo, la NOM de etiquetado establece que el producto que tenga un sello o más no podrá tener ningún elemento atractivo como personajes, promociones, calcomanías, estampas, etcetera, que induzca al consumo del producto. Al mismo tiempo, la Secretaría de salud ha anunciado su compromiso para hacer efectiva la regulación de alimentos y bebidas en las escuelas.

Veremos en las próximas semanas una campaña de descrédito a la propuesta del etiquetado frontal de advertencia igual o superior a la que se vivió y se repite periódicamente en Chile. Las grandes corporaciones de la comida ultraprocesada y las bebidas endulzadas han iniciado su campaña de terror argumentando que la economía del país va a resentir un etiquetado que no les permite reformular, que no les permite innovar, que ya no tendrá sentido añadir minerales y vitaminas a sus productos, que espantará la inversión, etc, etc. Si van a seguir invirtiendo en producir y comercializar más chatarra, mejor que no lo hagan, los costos son mayores. Si invierten en alimentos más saludables, bienvenidos.

Si Chile obligó a reformular a las grandes corporaciones pero no logró impedir que sustituyeran ingredientes que representan un riesgo a la salud en altas concentraciones (azúcares, grasas saturadas, sodio) por otros ingredientes que no son saludables y que representar un riesgo a la salud (p.e. edulcorantes no calóricos); México puede dar un gran paso haciéndoles un favor a las grandes corporaciones presionándoles para que elaboren productos menos procesados, más saludables. No se trata de que reformulen para que sustituyan ingredientes que representan un riesgo por otros ingredientes sintéticos que pueden representar otro riesgo aún no reconocido. Se trata de que elaboren productos más saludables, no que pasemos de un tipo de enfermedades a otros por mantener su negocio sin cambiar su naturaleza.

Como la industria del tabaco, como la industria petrolera, la industria de la comida chatarra y las bebidas azucaradas ha tenido la información suficiente desde hace años sobre el daño que provoca la formulación de sus productos. Sin embargo, lo ha negado, ha engañado y sigue pagando y comprando consciencias para sembrar dudas y confundir sobre lo que se debe hacer.

Mientras se discutían estas políticas en el legislativo chileno, en México las comisiones de salud de diputados y senadores se mantenían paralizadas frente a estos problemas que ya colapsaban los sistemas de salud, en manos de panistas aliados de las corporaciones de alimentos. En las anteriores dos legislaturas, ninguna iniciativa trascendente fue aprobada para combatir la obesidad en el legislativo mexicano. Lo anterior no quiere decir que hubiera importantes excepciones en el Pan y que actualmente algunos legisladores de ese partido se sumen a las iniciativa como la del etiquetado frontal de advertencia.