Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).– La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Francisco Alfonso Durazo Montaño, y al Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, por las agresiones que personal de ambas instituciones infligieron a integrantes de la Caravana Migrante a principios de 2020.

“Este Organismo Nacional constató que el 20 y 23 de enero de 2020, personas migrantes que intentaban ingresar a México por los municipios de Suchiate y Frontera Hidalgo, Chiapas, fueron agredidas con piedras, toletes y escudos por elementos del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional (GN) a fin impedir su avance, siendo detenidos y trasladados a una estación migratoria”, detalló la CNDH en un comunicado.

Además, la investigación realizada por la CNDH permitió contar con elementos para acreditar violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, integridad personal, trato digno, así como un interés superior de la niñez y de la adolescencia, atribuibles a elementos de ambas dependencias.

Imágenes captadas por personal de la CNDH, que documentan las agresiones por parte de elementos de la Guardia Nacional e INM a personas de la Caravana Migrante los días 20 y 23 de enero en Chiapas. Foto: CNDH

Imágenes captadas por personal de la CNDH, que documentan las agresiones por parte de elementos de la Guardia Nacional e INM a personas de la Caravana Migrante los días 20 y 23 de enero en Chiapas. Foto: CNDH

“Al permitir que elementos de la Guardia Nacional efectuaran funciones de revisión migratoria y detención de personas en contexto de movilidad, el INM vulneró los derechos a la legalidad y seguridad jurídica de las víctimas; además de que el empleo arbitrario o desproporcional de la fuerza significó una violación al derecho a la legalidad e integridad personal. Asimismo, dichas autoridades omitieron salvaguardar el interés superior de niñas, niños y adolescentes que se encontraban entre la población migrante”, agregó.

Ante dicho suceso, la CNDH solicitó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, procediera a la reparación integral del daño causado a las víctimas e inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas y otorgarles atención médica y psicológica.

La comisión agregó que se deberá colaborar en el seguimiento de la queja que se formule ante la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional; diseñar y aplicar un protocolo de actuación que considere los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad y rendición de cuentas y vigilancia que rigen el uso de la fuerza; así como impartir al personal del Batallón 21 de la Guardia Nacional un curso en materia de derechos humanos con énfasis en el respeto a la seguridad jurídica, integridad personal e interés superior de la niñez y de la adolescencia, delimitando las funciones que, por mandato de ley, pueden realizar al colaborar con el Instituto Nacional de Migración.

Por su parte, al INM se le solicitó realizar las gestiones necesarias para localizar a las víctimas, a efecto de otorgarles atención médica y psicológica, incluyendo, en su caso, la provisión de medicamentos; inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas.

También, colaborar en el seguimiento de la queja que por lo ocurrido se formule ante el Órgano Interno de Control en ese Instituto, además de impartir al personal comisionado en Chiapas un curso en materia de derechos humanos con énfasis en el derecho a la seguridad jurídica que debe regir en las revisiones migratorias.

Imágenes captadas por personal de la CNDH, que documentan las agresiones por parte de elementos de la Guardia Nacional e INM a personas de la Caravana Migrante los días 20 y 23 de enero en Chiapas. Foto: CNDH

Imágenes captadas por personal de la CNDH, que documentan las agresiones por parte de elementos de la Guardia Nacional e INM a personas de la Caravana Migrante los días 20 y 23 de enero en Chiapas. Foto: CNDH