Mañana, en el último segundo del 30 de noviembre, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa dejará de ser Presidente de México. A partir de ese momento comenzará a ser juzgado por sus acciones de gobierno, ya sin el poder que ejerció en la administración federal e incluso en su partido, el PAN.

En los últimos días han comenzado a aparecer acusaciones cada vez más graves en su contra, particularmente en el tema que dominó el sexenio: la guerra contra el narcotráfico. Pero, sin duda, denuncias de ese tipo por irregularidades en su gestión se sumarán otras en los próximos meses.

No hay que olvidar que una de las querellas más importantes en su contra está ya en manos de la Corte Penal Internacional de La Haya, que actualmente estudia si acepta la petición para enjuiciar a Calderón Hinojosa y a su gabinete de seguridad por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Si La Haya abre el análisis preliminar sobre ese caso mexicano, la Fiscalía señalaría la responsabilidad del gobierno federal calderonista sobre los más de 60 mil civiles asesinados, 13 mil desaparecidos, 250 mil desplazados, 30 mil infantes enrolados en los cárteles de la droga y decenas de torturados en cuarteles militares.

De iniciarse ese proceso judicial, el ahora mandatario saliente de México no podría alegar inmunidad presidencial por lo que él mismo ha llamado “daños colaterales” de su guerra, cuyo saldo de muertos alcanza cifras similares a las de las guerras de los Balcanes e Irak, de acuerdo con la organización México Evalúa.

El 14 de julio pasado, en una entrevista con el diario español El País, Calderón afirmó que no teme ser llevado ante la Corte Internacional de La Haya porque, aseguró, ha actuado con escrupuloso respeto a la ley.

Aunque ha habido una gran cantidad de homicidios argumentó –como ha sido su costumbre durante todo su sexenio– que los que los cometen son los criminales y que como gobernante hubiera sido una gran irresponsabilidad no haber actuado.

También dijo que seguramente las fuerzas armadas y la policía federal, que comandó su funcionario intocable Genaro García Luna, han cometido violaciones a los derechos humanos, pero que éstas han sido excepcionales.

Sin embargo, mientras se le echa más aceite al fuego, Calderón aguardará cómodo la oleada de acusaciones en su contra.

Vivirá en Estados Unidos, en Boston, Massachusetts, considerada una de las ciudades con mayor nivel de vida no sólo en ese país sino en el mundo.

Dará clases en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, que es la institución de enseñanza superior más antigua de EU y calificada como la mejor universidad a nivel global.

Y, por si fuera poco, recibirá una pensión de 215 mil pesos mensuales, además de que tiene cubiertos gastos médicos mayores para él y su familia; podrá ocupar inmuebles propiedad del Estado mexicano; podrá utilizar vehículos blindados; dispondrá de boletos de avión; también tendrá a su disposición escoltas que incluyen: 45 elementos del Ejército, entre ellos un general, cuatro jefes de tropa, ocho oficiales y 32 miembros de tropa; además de 22 elementos de la Marina: dos almirantes, cuatro oficiales y 16 miembros de tropa.

Por si lo anterior no fuera suficiente dispondrá de 23 empleados administrativos y un aguinaldo anual de 43 mil pesos.

Más comodidades no se pueden pedir. Ni los ex presidentes de Estados Unidos, aún la nación más poderosa del mundo, reciben ese trato de jeques.

Así de cómodo, y con la protección que ha ganado con sus alianzas políticas, Felipe Calderón Hinojosa enfrentará el juicio de la historia.

No sabemos si las denuncias llegarán a convertirse en procesos judiciales. Pero lo que es seguro es que su imagen permanecerá ligada a la violencia, la muerte, los abusos y el dolor de cientos de miles de familias en México.