Para los mexicanos la corrupción, impunidad y los intereses extra-legales son los factores principales que impiden que la justicia funcione en nuestro país, según los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, elaborada por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
La mayoría de los encuestados consideran que la justicia en México no existe o no funciona adecuadamente. Así, cinco de cada diez (el 47.7 por ciento) señalaron que la impartición de justicia en el país no es el idóneo y el 22 por ciento ubicó en la corrupción el problema principal en su impartición.
La encuesta realizada por la máxima casa de estudios se aplicó durante el mes de mayo a dos mil 208 personas de 15 años y más en sus viviendas. Tiene un nivel de confianza del 95 por ciento, con un error máximo de más/menos 2.85 puntos porcentuales.
El documento también señala que el nivel de confianza que los mexicanos tienen a sus funcionario públicos como a las corporaciones policiacas es muy bajo. El 36.3 por ciento considera que los políticos son quienes violan más las leyes, seguidos de los policías, con un 21.9 por ciento.
En cuanto a seguridad, la encuesta revela que actualmente la población se siente más insegura que en 2003, fecha en la que se levanto la anterior encuesta. La percepción que tienen los entrevistados sobre la situación del país es calificada como “muy negativa”. Siete de cada diez expresaron que en relación con el 2010 empeoró, o sigue mal, y más de la mitad creen que el panorama empeorará para el próximo año.
En 2003, los entrevistados estaban preocupados por el incremento de crímenes como el robo o el secuestro; sin embargo, hoy, la violencia generalizada y la delincuencia organizada son los referentes de criminalidad en la población mexicana.
Pese a que el gobierno federal sostiene una guerra contra el crimen organizado lanzada en el 2006, no todos los entrevistados están de acuerdo con dicha estrategia.
El 75.7 por ciento considera que debe transparentarse la información relacionada con la lucha contra el narcotráfico. Mientras que un 54.8 por ciento respondió que se pueden respetar los derechos humanos en la lucha contra la delincuencia organizada. Por el contrario, tres de cada diez afirmaron que tales garantías no pueden respetarse en medio de una lucha así.
Otro dato importante que arroja la encuesta es que cerca de siete de cada diez entrevistados aprobaron la frase “en algunos casos no estoy dispuesto a apoyar las políticas del gobierno”, mientras que sólo 28.7 por ciento estuvo en desacuerdo. A lo anterior, hay que agregar que seis de cada diez encuestados están de acuerdo con la revocación del mandato presidencial, en caso de que el Ejecutivo infringiera la Constitución.
Pero por otra parte, el uso de las fuerzas armadas en la guerra contra el narcotráfico tiene buena aceptación entre los entrevistados. El 57.1 por ciento consideró que los diputados deberían autorizar al presidente el uso de las fuerzas armadas para mantener la seguridad del país; mientras que el 66.3 por ciento aseveró que un toque de queda ayuda, o ayudaría en parte, a reducir la inseguridad.
En cuanto a la situación política que se vive actualmente y a un año de las elecciones presidenciables, el informe señala que para la mayoría de los entrevistados describieron la situación política, como preocupante; y, uno de cada seis mexicanos, la calificó de peligrosa.
