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Redacción/SinEmbargo

30/01/2013 - 12:00 am

El IFE: Monex y el desprestigio

Más que allá de que hoy el Instituto Federal Electoral (IFE) imponga o no una multa a la coalición Movimiento Progresista, que compitió con Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Presidencia de la República en las elecciones federales de julio de 2012, queda claro que, para desgracia de la democracia en México, esa […]

Más que allá de que hoy el Instituto Federal Electoral (IFE) imponga o no una multa a la coalición Movimiento Progresista, que compitió con Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Presidencia de la República en las elecciones federales de julio de 2012, queda claro que, para desgracia de la democracia en México, esa institución no es vista ya como una institución confiable.

El IFE, de acuerdo con lo que dice la ley, es un organismo “público, autónomo y permanente” encargado de organizar las elecciones federales. Y, además, tiene como objetivo ser “un organismo público autónomo, transparente y eficiente, en el que la sociedad cree y deposita plenamente su confianza, que se distingue por proporcionar servicios cada vez más confiables y de mayor calidad a la ciudadanía y ser el principal promotor de la cultura democrática en el país”.

Sin embargo, a la luz de los hechos que se han reportado y documentado en la prensa nacional, por organismos nacionales e internacionales de observadores electorales e incluso por ciudadanos en las redes sociales desde la campaña presidencial de 2012, este instituto no le ha cumplido cabalmente a la sociedad.

Si la función principal del IFE, que preside Leonardo Valdés Zurita, es transparentar las elecciones y dar confianza a los ciudadanos de que su voto es respetado, podemos decir que hoy tenemos un grave problema.

Y es que las señales que han enviado los consejeros en la última semana están cargadas de opacidad y no han hecho sino enturbiar aún más la controvertida elección del 2 de julio 2012.

El 23 de enero pasado, el Consejo General del Instituto Federal Electoral eximió de toda responsabilidad al Partido Revolucionario Institucional (PRI) por el caso Monex, lo que generó la ira no sólo de la izquierda –Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC)– sino también del Partido Acción Nacional (PAN).

Para lograr la exoneración, el Instituto Federal Electoral debió recurrir, en una segunda ronda de votación, a la mano alzada del consejero Sergio García Ramírez, un ex priista quien desde el 21 de julio 2012 declaró estar en conflicto de interés por su cercanía con los dueños de la empresa Efra, ligada a Monex y al reparto de dinero del PRI para captar votos a favor de Enrique Peña Nieto.

A menos de una semana, la Unidad de Fiscalización del IFE resolvió que la coalición de izquierda “superó el tope por 62 millones 766 mil 642.80 pesos”, por lo que la multa podría ser de hasta 129 millones de pesos. Y, de nuevo, los partidos de oposición al PRI, han evidenciado su indignación.

El Partido de la Revolución Democrática informó, a través de su coordinador en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles Conejo, que propondrán con urgencia una reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), donde, además, pedirán que se destituya a cada uno de los consejeros empezando por el presidente Valdés Zurita.

Por su parte el PAN, de acuerdo con su presidente nacional Gustavo Madero Muñoz, advirtió a los consejeros que el caso Monex no es un caso cerrado: “Haremos una impugnación y apelaremos a la decisión que tomó el Instituto Federal Electoral y nos iremos al Tribunal para que se revise esta decisión”, dijo el líder de los blanquiazules.

Ayer, Luis Alberto Villarreal, coordinador de los diputados federales del PAN, también la emprendió contra el IFE y sus consejeros a quienes acusó de atentar contra la inteligencia ciudadana.

“Si López Obrador gastó más dinero que Enrique Peña Nieto a ojos del Instituto Federal Electoral nos parece una burla a los ciudadanos que vimos otra cosa”, expuso el legislador guanajuatense.

El próximo 7 de julio se vivirá una nueva jornada de elecciones en 14 estados: Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. En esas entidades se elegirán diputados locales y presidentes municipales, y en el caso de Baja California se votará por el próximo gobernador.

Pero se llega a esos comicios entre la desconfianza e incredulidad ciudadana hacia quienes, por ley, deben ser jueces imparciales de esos procesos. El IFE y sus consejeros, por desgracia, han abonado en los últimos meses para dar un paso atrás y que México reviva el desencanto por la democracia.

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