Sergio Sánchez Arellano, vendedor de dulces de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, fue detenido arbitrariamente en marzo de 2010 por elementos de la entonces policía de investigación del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, por su supuesta participación en un homicidio y tentativa de robo.

Unas diez personas sin uniforme y que se transportaban en automóviles que no estaban identificados como vehículos policiales fueron por él, lo privaron de la libertad sin explicar el motivo del arresto, sin informar a qué lugar o institución lo trasladarían, sin identificarse y sin presentar ningún tipo de documentación. En el proceso, fue incomunicado, golpeado y amenazado para que se inculpara, pero nunca lo hizo. Sin embargo fue condenado por homicidio a 27 años y 6 meses de prisión.

El caso de Sergio recuerda al del joven de 17 años Marco Antonio Sánchez Flores, quien ayer fue hallado con vida en Tlalnepantla, Estado de México, cinco días después de ser detenido y golpeado por policías de la Ciudad de México. Ambos estaban indefensos ante las autoridades, y ambos fueron víctimas del abuso de poder de la policía capitalina.

Ahora, Sánchez Arellano obtendría su libertad si el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito acata la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le mandató a revisar y estudiar de nuevo el caso y desechar todas las pruebas que se hayan en el expediente de forma ilegal, explica en entrevista con SinEmbargo la abogada del caso.
Sánchez saldría libre casi al cumplir ocho años en prisión [en marzo próximo], para volver con una familia que hoy experimenta consecuencias del encierro de quien era el sostén del hogar.

Ciudad de México, 30 de enero (SinEmbargo).- Si el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito acata la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso del indígena mazahua Sergio Sánchez Arellano, preso desde hace siete años, la víctima de detención arbitraria en la Ciudad de México podría salir libre en las próximas dos semanas.

Gabriela Carreón Lee, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explicó a SinEmbargo en entrevista que la resolución de la Suprema Corte marcó un precedente en los casos como el del vendedor de dulces detenido sin orden de aprehensión el 29 de marzo de 2010 y a quien se le sentenció con pruebas ilegales a varios años de cárcel.

“La Corte dice que el Colegiado al emitir su sentencia violó el derecho a la diligencia adecuada, porque no eliminó todas las pruebas derivadas del reconocimiento ilegal cuando Sergio no tuvo abogado. Dice que violó el derecho humano de presunción de inocencia, porque no realizó un ejercicio de valorar las pruebas. Para nosotros este fallo de la Corte es inédito, un amparo de este tipo es una decisión muy particular, porque generalmente de estos asuntos del 100 por ciento, sólo se conoce el 9 por ciento”, explicó.

Sánchez Arellano fue detenido el 29 de marzo de 2010 por ocho o nueve personas sin identificarse y sin presentar orden de aprehensión cuando se encontraba trabajando con su esposa afuera de su domicilio en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México.

El padre de familia de cinco hijos fue puesto a disposición hasta el 30 de marzo, tiempo durante el cual fue víctima de tortura para obligarlo a inculparse y culpar también a uno de sus hermanos.

“Posteriormente él es reconocido en una diligencia, que también fue ilegal. En el expediente aparece un reconocimiento de una persona que Sergio no conoce y que nunca nadie conoció, y que nunca estuvo presente el abogado de Sergio. Ese reconocimiento también fue ilegal y luego él es sentenciado, condenado por el delito de un homicidio”, explicó la abogada.

Sergio apeló a la sentencia, pero un tribunal de la Ciudad de México confirmó la decisión.

Cuando el Centro Prodh tomó el caso, en mayo de 2016 Sergio presentó una demanda de amparo ante el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito en contra de la sentencia de apelación por detención ilegal, diligencia de reconocimiento ilegal, afectación al debido proceso, indebida fundamentación, presunción de inocencia con la insuficiencia probatoria e ilegal valoración de prueba.

El Tribunal Colegiado concedió el amparo en noviembre de 2016 y declaró ilícitas siete pruebas: el informe y puesta a disposición de Sergio, los deposados ministeriales de sus agentes aprehensores, la declaración ministerial de la persona que lo reconoció, la inspección ministerial de la navaja y el celular que supuestamente portaba el quejoso, el dictamen pericial relativo a la navaja supuestamente encontrada a Sergio, la declaración ministerial de Sánchez Arellano, así como la diligencia en la que la persona que hizo el reconocimiento reconoció a Sergio por provenir de la detención ilegal y porque fue desahogada en ausencia de un defensor que lo asistiera.

El Tribunal Colegiado concedió el amparo para el efecto de que no se consideraran los estudios de personalidad de Sergio, en el dictado de la nueva sentencia, pero la resolución no tuvo como consecuencia su libertad.

En diciembre de 2016 la defensa de Sergio presentó un recurso de revisión ante la Suprema Corte, el cual resolvió en octubre del año pasado.

La SCJN determinó que el Tribunal Colegiado resolvió sin tomar en cuenta todos los aspectos que la misma Corte establece y concluyó que la declaratoria de ilegalidad de un reconocimiento sin asistencia del defensor, trae consigo “en vía de reparación del derecho humano vulnerado, la nulidad de la identificación del imputado en la que no estuvo asistido de su defensor, así como las subsecuentes pruebas que derivaron de ello”.

La sentencia dicen que el Tribunal debe: “verificar la referencia en subsecuentes diligencias y declaraciones respecto del reconocimiento del quejoso ante el Ministerio Público declarado ilegal, y de esa forma también excluir tales referencias o porciones de declaraciones en que se hiciera alusión al aludido reconocimiento”.

La abogada del Centro Prodh explicó que la resolución de la corte implica que exista un pronunciamiento de fondo sobre la inocencia de Sergio Sánchez Arellano, pues la aplicación de la interpretación ordenada por la SCJN se debe traducir en la inexistencia de pruebas de cargo y por lo tanto, la ausencia de responsabilidad penal.

“La Corte le dice al Colegiado: ‘no discriminaste todas las pruebas que tenían y que no hizo el ejercicio argumentativo. ¿Qué es lo que pasa con eso? Bajo un examen muy técnico, para nosotros no existen pruebas en contra de Sergio Sánchez después de que la Corte le ordena al Colegiado que elimine esas pruebas derivadas del reconocimiento ilegal”, argumentó Gabriela Carreón.

ESPERAN LIBERTAD DE SERGIO

De acatarse la resolución de la Suprema Corte, Sergio Sánchez Arellano debería obtener su libertad en un corto plazo, dijo la abogada.

“Ahora el Colegiado está condicionado a lo que dice la Corte, y debe volver a eliminar la prueba, volver a estudiar el caso y decir que no hay prueba para que Sergio esté en prisión.Si el Tribunal Colegiado se apega a lo que le está ordenando la Corte, para nosotros no habría ningún elemento, prueba que sostenga la responsabilidad penal de Sergio”, explicó.

El nuevo dictamen podría resolverse la próxima semana, o dentro de 15 días. El tiempo no importa, dijo la abogada: “siempre y ciando el resolutivo sea la libertad de Sergio”.

Sergio Sánchez saldría de la cárcel casi al cumplir ocho años en prisión (este marzo), para volver con una familia que hoy experimenta las consecuencias de la privación de la libertad del que era el sostén del hogar vendiendo dulces y papas fritas.

“Para nosotros ha sido impactante en el acompañamiento de Sergio y de su familia. Es un padre de familia donde él sostenía a su hogar junto a su esposa. Tiene cinco hijos, uno sigue estudiando la primaria y los demás son adolescentes que no terminaron la primera. Son una familia muy afectada por la economía de este país. Los niños ya no pudieron estudiar porque ahora tuvieron que trabajar para comer. Uno pensaría que hoy en día los niños terminan la secundaria y la preparatoria; ellos ni siquiera terminaron la primaria. Eso habla del efecto que tuvo”, reveló la abogada.

La madre de Sergio murió esperando que su hijo saliera de la cárcel, mientras que su esposa, de 40 años, y sus hermanas enfermaron de diabetes.

Además, el encarcelamiento de Sánchez Arellano golpeó los ingresos familiares, pues debían conseguir para pagar y asegurar el bienestar de su familiar en la cárcel.

“Ellos nos han dicho que la vida en la penitenciaría es muy cara. Ha tenido que hacer un esfuerzo doble para tener dinero, para que Sergio esté bien ahí adentro”, anotó.

Gabriela Carreón Lee agregó que por el momento a Sánchez Arellano lo único que le interesa es salir en libertad, pero aceptó que hay una investigación abierta en contra de los policías que lo detuvieron.

“Ya está dicho por una autoridad judicial, que hubo detención ilegal y esto tiene consecuencias; es una falta, un delito que cometieron estos policías hace más de siete años”, explicó.

El caso de Sergio, podría marcar un precedente a nivel internacional de “no impunidad”, pues “si no hay consecuencias de esos actos ilegales que se cometen, se queda ahí”.

Lo sucedido a Sánchez Arellano fue retomado ya por Amnistía Internacional en 2017. La organización retomó el caso en su informe: “Falsas Sospechas, Detenciones Arbitrarias por la Policía en México”; en el cual se documentaron seis casos de violación de derechos humanos provenientes de detenciones arbitrarias. 

La organización también le solicitó a Miguel Ángel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México tomar medidas para dejar insubsistente la condena penal de Sergio.