Por Francisco Reynoso (@_trashumante)*

El pasado viernes 26 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador envío a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos como parte de sus acciones para frenar la reforma energética de Peña Nieto y así fortalecer a Pemex para que tenga mayor control sobre los precios, la distribución, las importaciones y la comercialización de los distintos combustibles que en el país se consumen.

En su exposición de motivos, el Ejecutivo señaló que la reforma energética causó un “grave daño al sector energético nacional”, pues México dejó de contar con un monopolio estatal que refinaba, importaba, transportaba y comercializaba combustibles para pasar a un libre mercado. Pero el presidente olvidó mencionar en su exposición que la aprobación de la reforma energética de 2014 y sus leyes secundarias violaron el derecho a la consulta previa, ya que ninguna de estas modificaciones legislativas fue sometida al consentimiento libre e informado de pueblos y comunidades indígenas.

Un ejemplo representativo es precisamente la Ley de Hidrocarburos que contempla disposiciones que pueden afectar directa y gravemente los derechos de estos pueblos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, así como su libre determinación y el derecho a definir sus prioridades de desarrollo. Conforme a los convenios internacionales que México ha suscrito, el Estado mexicano tenía la obligación de consultarles y de buscar su consentimiento antes de dar luz verde a este conjunto de regulaciones conforme a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y la propia Constitución mexicana.

La Ley de Hidrocarburos, producto de la reforma estructural del 2014, señala que el sector petrolero es de utilidad pública, por lo que sus actividades tendrán “preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo”, como pueden ser la agricultura, la ganadería o el aprovechamiento del agua. Con esto, la reforma energética de Peña Nieto antepuso los intereses privados de las empresas a los de las comunidades y la propuesta de contrarreforma no considera eliminar esta preferencia, por lo que se continuaría perpetuando el modelo extractivista durante esta administración.

Para materializar esta preferencia del uso del espacio, la reforma energética estableció mecanismos e instrumentos para que las empresas, públicas y privadas, tengan acceso y uso del territorio, tales como la servidumbre legal y la ocupación y afectación superficiales, las cuales suponen que las personas propietarias deben ceder de manera obligatoria sus tierras a las empresas petroleras, a cambio de una contraprestación, ya sea económica o en especie.

Sin embargo, el proceso de resolución de desacuerdos entre empresas y ejidatarios y comuneros establecido en la Ley también prioriza la actividad petrolera por encima de los derechos de ejidos y comunidades. Dichas disposiciones establecen que tanto las figuras de acceso y uso de los territorios, como las contraprestaciones, se acordarán en función de las necesidades de las empresas y sus proyectos, sin tomar en consideración los derechos y necesidades de las y los propietarios y titulares de las tierras o del uso que estén haciendo de las mismas y sin respetar la oportunidad de llegar a acuerdos más justos y equitativos.

Por eso, si después de seis meses de negociaciones no se ha logrado llegar a un acuerdo, las empresas cuentan con diversas herramientas que les permiten, finalmente, acceder a los territorios aun en contra del consentimiento de ejidatarios y comuneros; y, aunque no se especifica en la citada Ley, la utilidad pública también determina que puede ser aplicada la expropiación de terrenos a sus dueños para el desarrollo de proyectos de hidrocarburos. De esta manera, se desprotege a quienes habitan las tierras, pues se les obliga a permitir la actividad petrolera en sus territorios, sin importar las afectaciones que pueda suponerles a su vida y a las actividades que realizan en las mismas, poniendo en riesgo la garantía de los derechos de estas personas y sus familias.

La propuesta de contrarreforma del Ejecutivo enviada a Diputados no considera revertir ninguno de estos mecanismos “neoliberales” que han habilitado el despojo de las tierras y el territorio, por lo que, de dictaminarse positivamente en el Legislativo, en México se seguirá obligando a los pueblos y comunidades indígenas a negociar con las empresas sabiendo que, en caso de que no lleguen a un acuerdo, el Estado les podrá obligar a ceder el uso de sus tierras. La propuesta de contrarreforma de López Obrador busca darle protagonismo al Estado, pero no cuestiona su modelo extractivista –incluso lo valida– y no devuelve a los pueblos y comunidades sus derechos colectivos frente a los megaproyectos.

El pasado febrero, integrantes de organizaciones indígenas reprocharon que la iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica omitiera el reconocimiento de los pueblos para participar en la generación de energía, como lo contempla la Constitución, y recordaron que los derechos constitucionales de los pueblos originarios “nunca han sido reflejados en leyes mexicanas del sector energético, sino diseñadas en función de intereses privados y de grandes empresas”. Por ello, solicitaron “iniciar un diálogo para modificar esta omisión y establecer una base legal específica que aplique solamente a proyectos comunitarios con fines sociales, resultado de procesos de libre determinación de pueblos originarios y núcleos agrarios, que respeten los ecosistemas, nuestros territorios y los límites ecológicos”.

Hoy, nuevamente, con la propuesta de reforma a la Ley de Hidrocarburos, que no revierte los mecanismos de despojo, se dejan al margen a los pueblos y comunidades. Sin duda, el Congreso tiene hoy una oportunidad para que, a diferencia de lo que sucedió con el Parlamento Abierto para discutir la propuesta de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, invite ahora sí a defensores y defensoras de la tierra y el territorio para abrir amplificando la discusión; se señalen las violaciones a los derechos humanos que trajo la reforma energética, y se amplíe la propuesta de contrarreforma quitando la preferencia a la actividad petrolera.

* Francisco Reynoso es investigador en el programa de Territorio, Derechos y Desarrollo de @FundarMexico

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