Tras más de siete años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, aún no conocemos la verdad de los hechos ocurridos en la noche de Iguala en septiembre del 2014, ni conocemos el paradero de los estudiantes. Tenemos, sin embargo, nueva información que tira por completo la mentira histórica que el Gobierno de Peña Nieto construyó para ocultar los hechos de colusión entre un grupo de la delincuencia organizada y el Estado, en su conjunto.

Gracias al trabajo del Grupo de Expertos Independientes (GIEI) y la disposición del Presidente López Obrador de entregar información que había sido ocultada, podemos saber hoy que, en efecto, y como se denunció desde hace años, fue el Estado el responsable de la desaparición de los estudiantes, y también, el responsable de tergiversar y ocultar la verdad de aquella tragedia, llevando a cabo un montaje ominoso en el basurero de Cocula y el río San Juan, que fue presentado como “la verdad histórica” para intentar cerrar el caso y encubrir los hechos y a los responsables.

La participación de altos funcionarios, junto con autoridades municipales, estatales, federales y militares, reveladas por el nuevo informe del GIEI, debería ser un escándalo y, sobre todo, conducir a nuevas investigaciones contra todos y cada uno de los participantes en los hechos de Iguala, incluido el expresidente Peña Nieto, bajo cuyas órdenes estaba el Secretario Murillo Karam. Aunque los datos revelados confirman que el Gobierno de Peña creó la mentira histórica, aún no son suficientes para revelar la verdad que sistemáticamente ha sido ocultada por las autoridades y en la que aparecen tanto la Marina como el Ejército que, ahora sabemos, tuvieron una participación en los hechos, tanto durante esa noche, como antes y posteriormente a ellos. Sabemos, por ejemplo, que el Ejército realizó labores de contrainsurgencia en Ayotzinapa, desde mucho antes de la noche de Iguala, y también, que la Marina estuvo presente en el basurero de Cocula días antes, para crear el montaje de la mentira histórica. Ambos datos apuntan ya a una verdad innegable: aquella noche se cometió en Iguala un crimen de Estado y como tal debe de procesarse. Es muy preocupante, y debe investigarse hasta sus últimas consecuencias, la complicidad (que no sabemos hasta dónde se extiende) de las fuerzas armadas y autoridades federales con el crimen organizado. Asimismo, tendríamos que saber qué tipo de actividades de inteligencia sobre movimientos sociales realizaron en el pasado, tanto la marina como el Ejército, y si hoy en día las siguen realizando y bajo qué marco legal.

Naturalmente, el caso de la desaparición de los estudiantes no se resolverá hasta qué el Estado informe qué le ocurrió a cada uno de los normalistas aquella noche, a dónde fueron llevados y por quiénes, con la complicidad de qué agentes estatales, activa o pasivamente, y si fueron asesinados, dónde están sus restos. La verdad y la justicia, son una condición indispensable para los familiares pero también para la salud de un país que ha vivido una de las peores etapas de violencia de su historia. Una violencia impune, producto de la corrupción de agentes del Estado.

El cáncer de la delincuencia que ha corroído las instituciones y prácticamente estados completos de la República, está lejos de haber sido erradicado. En el cuerpo del país, sus síntomas se manifiestan una y otra y otra vez, en las regiones que va colonizando, para mudarse a otras, dejando un río de sangre a su paso. Es desasosegante, querido lector, pero pasan los años, los sexenios, los gobiernos, y seguimos inmersos en la misma tragedia. Ni los programas sociales del actual Gobierno, ni la creación de la Guardia Nacional, parecen haber mermado el poder de aquellos que, en todo el país, deciden por la vida de otros, sin que esto represente una afrenta al sentido mismo del Estado mexicano.

Estos días he recordado aquel día ominoso cuando el Secretario Murillo Karam dio esa conferencia de prensa, monstruosa, en la que mostró una gran tumba cuadriculada, con restos óseos en el basurero de Cocula. Un montaje de restos humanos, que buscaba acallar la exigencia de verdad y justicia de todo un país en shock. Lo recuerdo como un aire denso y asfixiante, frente al televisor.

Más tarde, por la noche, recuerdo haber ido a una lectura de poesía, donde todos, absolutamente todos, habíamos sido golpeados por la violencia de esa mentira, se sentía un viento enrarecido y pesado que nos rodeaba. Y aunque muchos nos resistimos a darle crédito, no podíamos abstraernos de su efecto. Nos abrazamos en silencio y leímos poemas. Hoy, siete años después, miro por la ventana el aire liviano de la verdad, y aunque aún no podemos asirla todavía, sabemos al menos que no ocurrió lo que ese día aseguró el poder. Por eso, hoy volvemos a decir: señor Presidente, aún nos faltan 43, seguimos aquí esperando que nos diga, ¿dónde están?

María Rivera

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María Rivera es poeta, ensayista, cocinera, polemista. Nació en la ciudad de México, en los años setenta, todavía bajo la dictadura perfecta. Defiende la causa feminista, la pacificación, y la libertad. También es promotora y maestra de poesía. Es autora de los libros de poesía Traslación de dominio (FETA 2000) Hay batallas (Joaquín Mortiz, 2005), Los muertos (Calygramma, 2011) Casa de los Heridos (Parentalia, 2017). Obtuvo en 2005 el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes.

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