Las niñas y niños indígenas y con discapacidad en la Huasteca potosina son una muestra dolorosa de cómo el Estado ha olvidado todos y cada uno de sus compromisos firmados a nivel nacional e internacional, y en los que México presume la atención a la niñez como una prioridad. Durante décadas, los gobiernos del PRI, del PAN y ahora de nuevo del PRI, no han hecho nada por, primero, abatir la pobreza y mejorar el nivel de vida, educación y salud de la población en general y, segundo, por darle a las comunidades indígenas su importancia real y oportunidades de desarrollo. En ese entorno de abandono, pobreza y doble discriminación –por su condición de indígenas y por su discapacidad–, los menores son los más vulnerables. Excluidos de toda posibilidad de una vida digna, este día son el símbolo del fracaso de los gobiernos local y federal, y de que, como sociedad, se debe exigir se cumpla con sus derechos. Hacerlos visibles y lograr avances en su desarrollo es una deuda permanente con estos miles de infantes, algo que los políticos seguramente reconocerán hoy con discursos elocuentes, pero que no se concretan en hechos.
Ciudad de México, 30 de abril (SinEmbargo).– Diez metros hay desde el camino hasta la puerta de la casa de la señora Teodora. Piedra por piedra, zurco por zurco, se forma una escalera improvisada rodeada de malvas, jazmines, bugambilias, enredaderas y hojas con distintas tonalidades de verdes que recuerdan que ahí es el edén llamado la “Huasteca potosina”. En la puerta de su casa está recargada una silla de ruedas oxidada. Adentro duerme Juan, “Juancito” como le llama su mamá; él tiene parálisis cerebral, lo que le impide hablar.
Lo levanta de la cama. Toma su rebozo verde de más de dos metros. Ella, indígena náhuatl de 61 años, lo jala con fuerza. Él sin decir una palabra sabe cómo acomodarse. Se abraza a ella. Teodora extiende su rebozo, lo estira lo suficiente para cubrirlo y llevarlo en sus espaldas, hace un nudo apretado, tanto que Juan queda seguro y no resbala. Él ya está dentro del rebozo como si fuera un bebé. Juan pesa 21 kilos, el mismo número de su edad. Doña Teodora carga al más chico de sus hijos. Ahora viven en una casa que construyó su hija, pero antes los dos dormían en el suelo, bajo una lona sostenida por un palo que formaba su hogar.
Afuera de su casa en la comunidad Texquitote II, en el municipio de Matlapa, está una lámina plateada con la leyenda: “Piso Firme. Programa Federal. Vivir Mejor”, creado en 2000 por el ex Presidente Vicente Fox Quesada. En un día le cambiaron su piso de tierra por concreto. Cumplieron con la estadística, la tierra quedó atrás, pero no hicieron lo esencial: arreglar la entrada de la casa de Juan. Él sin poder caminar, para bajar y subir depende de la espalda de su mamá. Empinada, en subida, la entrada es el primer obstáculo.
Hace apenas un año duermen en un colchón que les regalaron. Ahora Juan tiene una silla de ruedas que, después de cargarlo, su mamá usa para llevarlo al Centro de Atención Múltiple (CAM) Frida Kahlo, situado en el municipio de Matlapa en la Huasteca Potosina. Cada vez que Teodora sale y lo lleva al centro lo echa a su espalda, y lo carga con su rebozo como desde hace dos décadas. La silla de ruedas sólo la usa en lugares accesibles. En la sierra la única opción es llevarlo en sus espaldas. Ella, aun con el peso y los caminos empinados, decidió salir de su casa y llevar a Juan a recibir educación, caminar por más de media hora y esperar el transporte para llegar a su destino.
Ese día Juan hace los ejercicios que sus maestras le pidieron a su mamá practicara desde casa, para que no lo cargue todo el tiempo en su espalda, especialmente por la edad de doña Teodora. La maestra Deyanira de la Cruz Rodríguez, del CAM Frida Kahlo en Matlapa, asegura que la de Teodora es una situación que “se repite porque son madres de edad avanzada y muchas tienen problemas en la columna”. Afirma que los niños y niñas indígenas con discapacidad están excluidos, porque uno de los principales problemas es el trasladado de su comunidad a la escuela.
“Yo batallo mucho, mucho para levantarlo, para cambiarlo, para bañarlo, no puedo más”, dice doña Teodora que, aunque no puede más, lo sigue haciendo para llevarlo al menos algunos días a la escuela. Sin transporte, a su edad y sin caminos accesibles, Juan se queda en casa haciendo los ejercicios y sólo va algunos días de la semana al Centro de Atención Múltiple. Ese día en su casa hace los ejercicios con los espejos. Teodora le pregunta mientras le pone el espejo enfrente: “Juancito, ¿quién es?” Él sigue la mirada de su reflejo, se reconoce y sonríe.
La falta de acceso y los caminos intransitables sumados a la pobreza extrema son las principales causas que los niños y niñas de la región Huasteca Sur de San Luis Potosí se queden en casa, que pasen los años y sigan sin tener acceso a la educación o su derecho a la salud.
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De la región de Texquitote II donde viven Juan y su mamá, la ruta sigue hasta Ahuehueyo, también en el mismo municipio de Matlapa, donde vive Marcela de 28 años junto a su mamá. “Sí, sí”, dice Marcela al preguntarle: ¿Quieres regresar a la escuela? Desde hace cinco meses no asiste. Antes iba también al Centro de Atención Múltiple, a ella como a Juan su mamá, doña Marcela, la carga en la espalda, en su caso sin rebozo porque Marce con sus brazos se agarra bien a la espalda de su mamá. Pero desde que doña Marcela comenzó a quedarse ciega y a caerse en el camino, ya no lleva a su hija con discapacidad a la escuela.
Marce, quien mide un poco más de un metro de altura, habla poco pero lo suficiente para demostrar que extraña ir a la escuela. Sin que su mamá la pueda bajar de la comunidad cargando y luego esperar un camión, desde su casa elabora collares que sus maestros le dieron para hacer. En su casa no tiene gas, agua potable ni luz. Sus ingresos como el de otras madres llegan por medio de programas sociales o de lavar ropa ajena, limpiar casas o del comercio.
Como Marce y Juan, más niños, niñas y jóvenes con discapacidad son cargados por sus madres en el rebozo.
Francisco, de ocho años, es otro ejemplo. Eufracia, su mamá, lo lleva a la escuela en su rebozo azul con el que lo carga a falta de silla de ruedas. Al inicio de la administración de César Torres, actual Alcalde del Municipio de Matlapa, le dieron una silla de ruedas, pero a los pocos días se la quitaron porque, según le dijeron, “le entregarían mejor una carriola”. La carriola nunca llegó y jamás le regresaron la silla de ruedas que le entregaron en un evento público, con fotógrafos que retrataron el momento en el que político se la daba.
En Axtla, Xilitla, Coxcatlán, Tamanzunchale, Matlapa, municipios de la Huasteca con alta población indígena en condición de pobreza, se repiten estas historias con otros nombres, con otros rostros, pero iguales: niños que no acuden a las escuelas o van sólo uno o dos días por la dificultad para trasladarlos. Entre los caminos inaccesibles y el poco dinero para pagar el pasaje (con un costo de entre 12 a 25 pesos por boleto), la pobreza los excluye del acceso a sus derechos consagrados en la Convención de los Derechos del Niño y la Niña, así como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
FALTA DE DIAGNÓSTICO
Juan no ha tenido un diagnóstico claro, como la mayoría de los niños y niñas con discapacidad. Tampoco ha tenido terapia y rehabilitación integral. La maestra Deyanira de la Cruz Rodríguez cuenta como en las entrevistas que hacen a los padres de familia detectan que se les niega su derecho a la información porque “no tienen una claridad en el diagnóstico de sus hijos”.
Sumado a esto hay niños con discapacidad que están en escuelas regulares, cuando deberían acudir al Centro de Atención Múltiple, y viceversa: jóvenes con discapacidad que podrían estar incluidos en escuelas regulares realizan sólo actividades de dibujo o manualidades.
Ahí están las historias de Valentina, de 23 años, y Nancy, de 18 años. Las dos jóvenes sordas no conocen la lengua de señas y están en un CAM. O el caso de dos hermanos, originarios de la comunidad de Chalco de Matlapa, que cursaron la primaria y quienes pasaron de grado sin saber leer y escribir, y sólo para cumplir una cuota.
La directora del CAM “Ignacio Trigueros” de Tamazunchale, Guadalupe Hernández, imparte clases de educación especial a niños con discapacidad desde hace 20 años, cuando se fundó ese centro. “Los niños sí han estado siempre, han existido siempre pero no asistían a las escuelas”, aunque asegura que, pese a que hay niños aislados en sus casas, nota un avance en la asistencia de la niñez con discapacidad.
NIÑOS ENCERRADOS
Los que son cargados en rebozos al menos asisten a la rehabilitación o a las clases de los centros de atención múltiple, donde también reciben instrucción y capacitación laboral. Pero en la Huasteca hay niños y niñas con discapacidad que siguen en sus comunidades, que nunca han recibido atención, que jamás acudieron a la escuela y que ahí encerrados pasan los años hasta convertirse en adultos.
La maestra Guadalupe Hernández, del CAM del municipio de Tamazunchale, reconoce con decepción que en las familias “normalmente a los niños y niñas que tienen discapacidad se les deja al final para una atención educativa”, además de inciden los problemas de transporte y el costo que implica la asistencia. Ahora, por ejemplo, en ese CAM tienen un registro de 15 alumnos identificados que asistían, pero dejaron de hacerlo por problemas económicos.
–¿Conocen a niños y niñas en comunidades que nunca han venido a la escuela o a la rehabilitación?
Brotan las respuestas en segundos. Padres y madres del CAM de Tamazunchale enlistan las comunidades de Tezontla, Chapulhuacanito, Tetlama, Texquitote II, y luego describen: “Ahí hay un niño sordo”, “allá está un niño con su mano chueca”, “una niña con síndrome de Down”.
Suman más de 20 niños con discapacidad que están en sus casas, muchos de ellos ya son adultos que nunca bajaron de sus comunidades. La directora de otro centro de Atención Múltiple, en el municipio de Coxcatlán, Gloria Gisela Luna, recuerda el caso de un niño con síndrome de Down en la comunidad de Amaxac que sigue en su casa “amarrado”, que no lo llevan a la escuela porque sus papás creen ‘que es una persona que no sirve para nada, que nunca iba aprender nada’.
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En ese edén que el inglés Edward James eligió para edificar su castillo surrealista –uno de los atractivos turísticos más conocidos de la Huasteca Potosina–, que nació de sus sueños e imaginación entre plantas, mariposas azules y cascadas de agua fresca, está el Centro de Atención Múltiple Rosaura Zapata que dirige la profesora Kristal Figueroa Hernández. Esos mismos caminos verdes y veredas que emocionaron al poeta no tienen transporte accesible y dificultan que padres de familia acerquen a sus hijos e hijas con discapacidad a los servicios que ahí se prestan.
En Xilitla vive Rosalina, quien lleva a su hijo Sebastián de 10 años, con discapacidad motora e intelectual, a su escuela y a las terapias. Lo carga aun cuando ella no tiene su brazo izquierdo. Madre e hijo tienen discapacidad y juntos hacen un camino de una hora para después tomar un camión. Ella lo lleva a la escuela porque desea que su hijo “aprenda, que pueda sentarse, que pueda caminar o que al crecer se pueda cuidar solo”. Rosalina confía que Sebastián, como ella, ignore los comentarios discriminatorios que los señalan por ser personas con discapacidad.
“Hay comunidades muy lejanas donde la gente desconoce el tipo de atención, la discapacidad que tiene su hijo o todavía lo siguen viendo como algo que está mal”, explica la maestra de educación especial; todo esto, dice, origina que niños y niñas no vayan a la escuela. En su centro hay 10 niños y niñas que no asisten por falta de recursos para el transporte, y los problemas para bajar de su comunidad. A esto se le suma que la mayoría de las veces son niños y niñas están al cuidado de las abuelas, porque sus hijas migran de San Luis Potosí para irse de trabajadoras domésticas a ciudades como Monterrey.
Sin acceso al transporte, insiste la maestra Deyanira, quien conoce los caminos que llevan a las casas de alumnos con discapacidad, “se vulneran otros derechos, como el de la salud, la educación y la recreación”. Como esos casos de niños y niñas con discapacidad que nunca han ido a una escuela, está el de José, un chico ciego que tiene 16 años de edad, habla poco pero responde a los juegos de sus hermanos más pequeños. En total son siete en su familia. La pobreza extrema de su entorno es tal que la organización Visión Mundial les apoyó para construir una casa; también ha provocado que su mamá lleve al resto de sus hermanos a la escuela y él se quede solo en su hogar. Las maestras del CAM de Matlapa insisten a su madre, una y otra vez, que lo lleve, pero la dificultad del traslado y la situación económica de su familia hacen que José permanezca encerrado, que jamás haya aprendido braille ni se haya relacionado con otros niños con discapacidad.
ALTERNATIVA EN EL CAMINO
“Muchas veces se le visitó y el señor decía que no, que no y que no”. Recuerda la frustración que les llevó a preguntarse: “¿cómo convencerlo, cómo hacerle ver a ese padre que su hijo con discapacidad tenía derecho a la educación, que debía sacarlo de su casa?”. En la organización Visión Mundial encontraron que una de las reuniones donde nunca faltan los padres de familia es cuando reciben el dinero o despensas de programas sociales, así que aprovecharon una de éstas en el DIF para sensibilizarlos sobre los derechos de sus hijos con discapacidad.
Proyectaron entonces una película en la que un joven con síndrome de Down interpreta a un mesero. “Esa misma tarde decidió que iba a llevar a su hijo”, recuerda Mari Trini y presume cómo ese niño con discapacidad dejó de estar aislado para descubrir a sus pares, a otros niños con discapacidad. Felícitas, la hermana de Isidoro, lleva y trae al Centro de Atención Múltiple a su hermano. Esta joven integrante de una comunidad náhuatl es bilingüe y sirve de intérprete a las maestras que se comunican con otras mamás que acompañan a sus hijos con discapacidad.
Mari Trini Malagón, asesora de la organización Visión Mundial, trabaja en la Huasteca Potosina desde hace seis años y es una de las integrantes y fundadoras de la “Red por la inclusión de las personas con discapacidad y sus familias”, creada desde 2012. Es la primera red integrada con maestros, unidades de rehabilitación y el DIF municipal. El proyecto conformado por seis municipios de la región Huasteca surgió a partir de que en Visión Mundial se vinculó con profesores de los Centros de Atención Múltiple de Matlapa, porque detectaron la situación de los niños y niñas indígenas con discapacidad, especialmente la problemática de la inaccesibilidad del transporte que ocasionaba la inasistencia y el rezago escolar de estos alumnos.
Aun cuando los gobiernos municipales o incluso la misma organización entregaba apoyos de forma aislada, eso era, en palabras de Mari Trini Malagón, “sólo un paliativo”; lo mismo pasa con la donación de sillas de ruedas o aparatos auditivos. Por eso la coordinadora de protección a la niñez de “Visión Mundial”, Verónica Abreu, explica que desde su asociación decidieron atender a los niños y niñas con discapacidad en esta zona, quienes son “doblemente vulnerables”.
Visión Mundial, organización que trabaja por el bienestar de la niñez, reconoce que al principio enfocaban sus acciones desde el “modelo médico”; es decir, centrado en llevar a los niños y niñas al hospital o en darles atención médica como tratamiento o terapia. Sin embargo, asegura Verónica Abreu, a través del trabajo de la activista Emma González detectaron que debían cambiar su trabajo hacia un enfoque de derechos humanos. Así comprendieron que “el problema no es la persona con discapacidad: el principal y más grave problema es el entorno”. A partir de ahí comenzaron a fortalecer su proyecto de atención por el bienestar de la niñez con discapacidad en el Estado de México y en la región Huasteca, donde trabaja Visión Mundial y forma parte de esta “red por la inclusión de la personas con discapacidad y sus familias”, que vincula a padres de familia, maestros, instituciones privadas y gubernamentales.
Esta organización identificó la realidad de los niños indígenas con discapacidad, porque su trabajo consiste en recorrer caminos y cruzar riachuelos para llegar a las casas de las comunidades más alejadas donde viva un niño. Así lo hace Floriberta, una joven que desde hace tres años es parte del programa de desarrollo de esta organización, y Adriana Hernández, quien también está atenta a que los niños asistan al Centro de Atención Múltiple, que hagan sus terapias y que tengan la beca que otorga Visión Mundial, siempre y cuando cumplan con los requisitos.
Lizbeth sube con cuatrimoto al municipio de Coxcatlán. Ahí ubica a los papás que necesitan alguna beca para transportar a sus hijos a la escuela. A través de este apoyo se logra que los padres se comprometa a que lleve su hijo a la escuela sin tener que gastar ese dinero para el pasaje. De esta forma, dice Lizbeth, “estamos garantizando, por el momento, que asistan”. Sin embargo, reconocen en Visión Mundial, este proyecto no funcionará todo el tiempo así porque repetirían el esquema asistencial. Lo que pretenden es vincular a las autoridades para garantizar el derecho al transporte que tienen las personas con discapacidad, como lo señala el Artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Ante la falta de transporte, las largas distancias y el poco recurso de los padres de familia que llevan a sus hijos a clases, deben esperar en la escuela mientras sus hijos reciben clases. Entre las metas de esta red incluye generar proyectos productivos para las mamás, quienes en su mayoría llevan a sus niños con discapacidad).
También, insiste Emma González, hay recursos etiquetados a nivel federal para el transporte accesible; sin embargo, el estado de San Luis Potosí no ha accedido a este monto aproximado de 500 millones de pesos, y desde la red pretenden hacer las gestiones necesarias para que los municipios utilicen este recurso.
Este proyecto con enfoque de derechos aplicado en México es pionero, porque es la primera vez que Visión Mundial, con presencia en 100 países, tiene un programa específico para los niños y niñas con discapacidad. “Vamos a trabajar para que ese niño o niña con discapacidad pueda hacer valer sus derechos y vivir de manera digna como cualquier otro”, con esa convicción Verónica Abreu y el equipo de esta organización con presencia en nueve estados del país decidió emprender acciones para la atención de niños y niñas con discapacidad.
En la Huasteca Potosina “hay gente con niveles de pobreza infames y eso no les permite acceder a los servicios”, dice Emma González, quien detectó cómo, aunque las terapias y la educación no se cobran, es inaccesible por la dificultad para trasladar a los niños y niñas con discapacidad.
Por ejemplo: un jornalero, que debe pagar 60 pesos sólo para transportar a su hijo con discapacidad, termina por no llevarlo a la rehabilitación o a la escuela. La pobreza produce discapacidad y la discapacidad genera pobreza. Este círculo, explica Emma González, hace que “la pobreza y la discapacidad cumplan un ciclo pernicioso entre las dos”, como ocurre con las familias de las zonas rurales de la Huasteca Potosina, donde la mayoría tienen como único ingreso los programas sociales como el programa federal “Oportunidades”.
La pobreza sumada a la falta de caminos, brechas y veredas inaccesibles hace que el transporte sea un punto medular para el acceso a derechos como educación.
Por eso desde la Red impulsaron en el municipio de Matlapa un proyecto que vinculó, durante la administración pasada, al municipio. En este proyecto, en el que participó la maestra Deyanira de la Cruz Rodríguez, quien como otras maestras notó que sus alumnos no iban a clases por ese motivo, se preguntaron: “¿Qué está pasando?”. A través de las visitas a las familias detectaron cómo la falta de dinero para pagar el boleto de camión del niño con discapacidad hacía que mejor lo dejaran en su comunidad. En la pasada administración les apoyaban con vales para el padre de familia y el hijo con discapacidad, que luego eran intercambiados por vales de gasolina. Sin embargo, en esta nueva administración del presidente municipal César Torres sólo se paga seis pesos por boleto de cada niño con discapacidad. Cantidad insuficiente porque el gasto aproximado es del doble o triple.
LOS MÁS RELEGADOS DEL MUNDO
Para el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), los niños y niñas con discapacidad son una de las poblaciones más relegadas, excluidas y discriminadas en el mundo. En su informe “Estado mundial de la infancia 2013” asegura que este grupo social “figura entre los miembros más vulnerables de la sociedad”. La mexicana Olga Montúfar Contreras, activista indígena con discapacidad y quien preside la Fundación “Paso a Paso”, una organización que promueve la integración de las personas indígenas con discapacidad, conoce directamente cómo los niños y niñas indígenas con discapacidad son escondidos por las comunidades y enfrentan situaciones de pobreza extrema que les impide acceder a derechos como la educación y la salud.
Esta activista, originaria del estado de Guerrero, como mujer indígena como discapacidad motora causada por la poliomelitis, junto con personas de distintas partes del mundo como Bangladesh, Ecuador o Sudáfrica entre otros, publicó para la Unicef un ensayo titulado: “Desde la invisibilidad hasta la inclusión para los niños indígenas con discapacidad”.
México, insiste Olga Montúfar, firmó e incluso promovió la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad así como la Convención de los Derechos del Niño y la Declaración de las Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas. Estos tres instrumentos no son aplicados y “en México no ha sucedido nada para atender a los niños indígenas con discapacidad”. A esto se le suma, detalló Olga, que según estudios de la UNAM hay “niños, especialmente con discapacidad, que no son registrados y por tanto implica que no son reconocidos por el Estado y no se ve la magnitud de la problemática”.
–¿Cuántos niños indígenas con discapacidad hay en México?
–No existe una respuesta debido a la falta de censos sobre la niñez indígena con discapacidad y la inexistencia de programas de atención a esta población por parte del Consejo Nacional para el Desarrollo y la inclusión de personas con discapacidad (Conadis) y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), donde sólo aparecen en el plan estratégico de esta comisión, pero sin programas puntuales.
En el Informe Mundial de la Infancia 2013, del Unicef, México no aparece con acciones concretas, ni siquiera el Estado respondió a las preguntas que se le plantearon. Su silencio se debe a que “en realidad no hay nada”.
De acuerdo con la activista, las lejanías de las comunidades, la falta de caminos accesibles y sin equipo de censo por parte del Inegi, provoca que la comunidad hace que los niños y niñas indígenas con discapacidad no sean contabilizados y por lo tanto, estén invisibilizados.
“La gente del Inegi que sale a censar generalmente son de las zonas urbanas y cuando llegan a censar a las comunidades indígenas, tienen muchas limitantes: primero, por supuesto no conocen el territorio, y segundo, no conocen la lengua, los modismos, la forma en que tienen que integrarse en la comunidad para tener la información”, lamentó Olga. La falta de datos estadísticos se traduce en pocas o nulas políticas publicas para atender a los niños y niñas con discapacidad, por ello insistió en que el Inegi debería trabajar de la mano de los gobiernos indígenas autónomos que conocen sus integrantes con discapacidad para, de esta forma, acercarse a esos niños y niñas que viven escondidos en casa, sin recibir educación o atención médica.
En entrevista aclaró que es necesario comprender la “cosmovisión” de las comunidades indígenas sobre la discapacidad que influye en la forma de percibir a los niños con discapacidad.
“Hay lugares donde una persona con discapacidad indígena está sometida a un prejuicio, como si fuera algo diabólico o castigo divino. Pero también tenemos comunidades indígenas que nos ven de distintas formas como seres supremos, que traen una espiritualidad”, dijo. Esta cosmovisión puede ser distinta de acuerdo a la comunidad: “En el caso del primer prejuicio, suele estar arraigada la idea de que las personas con discapacidad pueden “contagiar” o que su discapacidad, aunque sea sólo en una extremidad, también es intelectual”.
Dentro de la niñez con discapacidad, las niñas son las que viven una triple discriminación por su condición de género, la discapacidad y su edad. “En este caso a las mujeres o las niñas cuando tenemos discapacidad se nos ve como una cosa rota”. Describe lo que ella conoce de la comunidad náhuatl a la que pertenece y donde “las mujeres somos esas ollas que ya no pueden contener nada. Entonces, se nos ve así como personas, que no somos gente que vamos a producir una familia, no nos vamos a casar, no podemos servir a los otros, no podemos hacer cosas como las otras mujeres”.
Eso que describe Olga Montúfar es lo que enfrentan las niñas con discapacidad. Por ejemplo, en la comunidad Coxcatlán de Matlapa en San Luis Potosí, donde hay dos hermanos con discapacidad, uno varón y la otra mujer, el niño ha recibido educación y terapia física mientras la joven sigue en casa y sin ir a la escuela, cuando los dos tienen la misma discapacidad: parálisis cerebral.
En la Huasteca Potosina el verde contrasta con el gris de los suelos de tierra de las casas de los niños con discapacidad que están en comunidades alejadas, como en Texquitote II donde vive Juan, a quien carga su madre, la señora Teodora. En el Centro de Atención Múltiple, Teodora es una de las mamás más participativas. Está convencida que llevar a su hijo le ayuda a mejorar su calidad de vida. Por eso lo carga, lo abraza con su rebozo, porque si no fuera por ella nadie lo haría. Por eso, aunque le duela la espalda y tenga los pies cansados, lo seguirá haciendo hasta que pueda y tenga las fuerzas de andar con su Juan a cuestas.
