Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro.

En nuestro informe “Distorsión: el discurso contra la realidad” abordamos cómo, en un contexto de descalificaciones y creciente polarización, el actual Gobierno federal ha emprendido acciones de descrédito, debilitamiento o franco desmantelamiento de instituciones con competencias en materia de derechos humanos, como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el INAI y la CNDH.

Esto no ha sido un esfuerzo abierto y deliberado como el expresado recientemente por el Presidente de desaparecer organismos autónomos (como el INE y el INAI), pero sus repercusiones han sido las mismas: derruir paulatina y silenciosamente una institucionalidad construida y empujada a partir de históricas demandas sociales para democratizar el país.

Quizás la más golpeada ha sido la CEAV. La manera de proceder del Gobierno evidencia que se está desmantelando gradualmente, sin importar el desamparo en el cual se sume a miles de víctimas. Un nuevo portazo en la cara de estas personas a cargo del Estado mexicano, que ha sido incapaz de garantizarles verdad, justicia y reparación. Magda Gómez Pérez, quien fue nombrada titular de la CEAV en diciembre de 2019 por un periodo de cinco años, formalizó su renuncia ante el Senado en junio de 2020, es decir, medio año después de asumir la titularidad. Días antes, la CEAV había señalado de manera contundente, mediante un comunicado de prensa, que el decreto de austeridad para la administración pública federal, del 23 de abril de 2020, implicaba un golpe mortal para la institución, al reducir 75 por ciento el gasto corriente de su Comisión Ejecutiva. Hoy la CEAV se mantiene acéfala por casi un año y no hay visos que esta situación se revierta.

Agobiada por multas, juicios, protestas, corte de recursos, rezago y falta de atención, la CEAV se ve incapaz de cumplir con su mandato principal. Asimismo, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) —en el que concurren diversas instituciones de los poderes Legislativo y Judicial, y la CNDH— ha quedado en el papel, ya que ni siquiera se conocen informes públicos sobre cómo ha operado desde su creación, en 2014.

Por si todo lo anterior no fuera suficiente, la CEAV y sus deberes hacia las víctimas también se han visto mermadas por la determinación del Congreso de la Unión de desaparecer múltiples fideicomisos del Ejecutivo federal, entre ellos el Fondo de Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI). El pretexto esgrimido desde el propio Ejecutivo y replicado por los legisladores oficialistas fue la corrupción y la opacidad en el manejo de dichos fideicomisos, sin embargo, hasta el día de hoy siguen sin presentar la evidencia de ello. Una vez más, los derechos de las víctimas quedan en entredicho y son letra muerta en un país asolado por la violencia criminal y de Estado.

Otra institución que ha fallado a las víctimas y continúa sin combatir efectivamente la casi total impunidad que existe en México es la Fiscalía General de la República (FGR). Al ser creada y dejar atrás a la entonces Procuraduría General de la República (PGR), despertó grandes expectativas de que que contaría con autonomía, cambiaría el enfoque de su trabajo a partir de una persecución estratégica de los delitos, brindaría una mejor atención a las víctimas de delitos y combatiría efectivamente la impunidad. Sin embargo, no se han visto cambios sustantivos que apunten en ese sentido.

El pasado 3 de febrero fue detenido en Acapulco, Guerrero, el exgobernador de Puebla Mario Marín Torres, acusado de ser autor mediato de la tortura contra la periodista Lydia Cacho, en 2005. Pero este caso, desafortunadamente, es excepcional. La propia FGR informó que de las 13 mil 560 investigaciones penales que inició por el delito de tortura, entre 2006 y 2019, sólo se consignaron 30 averiguaciones previas, es decir, el 0.22 por ciento. El desempeño de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), unidad encargada de investigar los casos de Lydia Cacho y de cientos de periodistas más, forma parte de la misma deuda de justicia y del avance de la llamada “impunidemia”. En 2020, la tasa de impunidad en delitos contra la libre expresión se ubicó en 98 por ciento.

Hoy la Fiscalía autónoma y eficaz soñada se ve más lejana. La aprobación de la nueva Ley Orgánica de la FGR apunta al restablecimiento de una PGR con todos sus vicios y malas prácticas. La obsesión del Fiscal Gertz Manero por incumplir con la todavía vigente LOFGR –construida por esta misma Legislatura con organizaciones de sociedad civil y colectivos de víctimas– da cuenta de la lógica autoritaria que persiste en materia de procuración de justicia. El Fiscal siempre incumplió con su obligación de elaborar, con participación de la sociedad civil, el Plan de Persecución Penal y de integrar un Consejo Ciudadano. También, contraviniendo la ley, realizó nombramientos opacos y discrecionales de las y los fiscales especializados en materia de anticorrupción y derechos humanos. El nuevo modelo de investigación nunca llegó, se aferraron a las viejas formas que arrojarán los mismos resultados: la impunidad rampante.

Podemos esperar pocas cosas buenas, se seguirá dando la espalda a las víctimas y se desvinculará a la FGR de los mecanismos interinstitucionales de coordinación –alegando una mal entendida autonomía– para atender temas apremiantes como la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, tortura generalizada y la desaparición de personas.

Otra institución que no ha gozado el debido fortalecimiento y se encuentra en serio peligro es el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En contrario a las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) para mejorar el Mecanismo, éste se ha visto rebasado por la cantidad de personas incorporadas desde su creación. Su más reciente informe estadístico, publicado en junio de 2020, reporta mil 262 personas actualmente beneficiarias. El número de quienes solicitan su amparo cada año se suma al de las personas que no pueden salir del Mecanismo, debido a que el riesgo persiste y a la ausencia de una política de Estado que atienda sus causas estructurales, lo cual mantiene a la institución al borde del colapso. Como resultado de esta situación, en 2020, dos personas periodistas beneficiarias del Mecanismo fueron asesinadas.

Por si fuera poco los recursos que se asignan año con año para medidas de protección son insuficientes. Incluso, desapareció el fideicomiso que concentraba el presupuesto destinado a estas medidas. De forma inexplicable, y a pesar de que los propios funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) que coordinan el Mecanismo defendieron la figura del fideicomiso, el Congreso de la Unión dio un duro golpe a su operación y funcionamiento eficiente.

A dos años del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ocho de su creación, es posible afirmar que el Mecanismo se encuentra sumamente debilitado y que no hay claridad sobre la apuesta política que implica su existencia. Si bien el actual Gobierno, en diversas ocasiones, ha expresado públicamente que existe voluntad para proteger a las y los periodistas, en la realidad, sus acciones hablan por sí solas y durante 2020 vimos con preocupación que no existe intención clara de impulsar una estrategia que revierta las condiciones de riesgo a las que se enfrentan los medios en el país, ni del Ejecutivo ni del Legislativo —más allá de personas funcionarias en lo individual—. Es difícil y hasta paradójico que el Presidente diga tener entre sus prioridades la protección de la prensa, cuando más bien ha mostrado su virulencia hacia ella.

En el mismo sentido, revisamos una de las instituciones más controversiales de los últimos dos años: la CNDH. Históricamente alejada de su tarea de defender, promover y proteger los derechos humanos, la CNDH no ha mostrado signos de verdadero cambio. Por el contrario, se suma a los organismos cuyo desgaste interno y externo los pone en serio de peligro de colapso o, por lo menos, de irrelevancia. Como dimos cuenta el año pasado, la designación de Rosario Piedra por el Senado como presidenta de la CNDH estuvo marcada por el desaseo. Además de su perfil cercano al Movimiento Regeneración Nacional (Morena), mostró signos poco prometedores en cuestión de independencia y autonomía verdaderas frente al nuevo gobierno.

En 2020, de acuerdo con lo documentado por otras organizaciones de la sociedad civil —como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.—, encontramos que la CNDH ha omitido anunciar oportunamente el inicio de las nuevas investigaciones y ha evadido condenar públicamente violaciones graves de los derechos humanos, así como fijar su postura respecto a la aprobación de leyes regresivas en esta materia. Así también, se ha desentendido de investigar e informar, con base en sus facultades, sobre violaciones graves a derechos humanos. En casos particulares, como el de Notimex, la CNDH ha optado por burocratizar y ralentizar aún más los procesos de investigación de la queja presentada por las víctimas, desvirtuando la naturaleza de las violaciones a los derechos humanos al calificarlos como un “conflicto laboral”, como mencionamos previamente.

Así las cosas, los derechos de las víctimas, en general, y de los periodistas agredidos por su labor, en particular, siguen sin contar con un entramado institucional que los proteja y garantice con eficacia. Más allá de declaraciones efectistas que señalan el fin de las violaciones a los derechos humanos a cargo del Estado, la realidad que encontramos es una de estancamiento o franco desmantelamiento de las instituciones existentes para tutelarlos.