En una entrevista para el periódico El Mundo, Michel Serres, asegura que “nuestras instituciones han sido creadas en un mundo que ya no existe”. Retomo la cita del historiador y filosofo francés ante la réplica que la Comisión de Derechos Humanos (CNDH) hizo a mi columna #ComPlascencia en el Senado publicada la semana anterior.
Mi respuesta a la carta, habrá de contestar a las descalificaciones ahí expresadas. Sin embargo, su objetivo principal es poner en evidencia la limitada concepción de “democracia” que la institución muestra tener.
La CNDH apela a la democracia pero considera expresamente que las exigencias de rendición de cuentas de un ciudadano son inaceptables. En su réplica, responde “no es la primera vez que la señora Alejandra Cullen con sus opiniones busca influir de alguna forma en el ejercicio autónomo de las instituciones del Estado mexicano”. Resulta que, en su visión, por la autonomía de las instituciones del estado, estas no pueden ser cuestionadas por la ciudadanía.
Evidentemente, los analistas buscamos generar consciencia en el público, influir en la toma de decisiones y generar presión para evitar abusos. Esa es una de las funciones del ciudadano en una democracia: exigir rendición de cuentas y presionar a sus autoridades para minimizar abusos.
A la CNDH no le acomodan los cuestionamientos. Será por eso, que considera que un artículo de opinión es un intento por “… imponer su visión como la única válida aún cuando en México vivimos una democracia en la que el respeto debe ser la norma fundamental de convivencia”. ¿Será que considera que es su visión la única válida? ¿Es esa su democracia?
A las instituciones no les gusta que las cuestionen. Lo sorprendente es que, a solo unos días de haber visto al presidente de la CNDH presumir tolerancia en el Senado, su dependencia hable de ánimos persecutorios ante las interrogantes planteadas por una ciudadana y basadas en información pública. Ellos consideran la exigencia de rendición de cuentas como parte de “una campaña intimidatoria, de consigna o acoso al trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”. Expresan de manera francamente cómica, su incomodidad y molestia. La pregunta es ¿Qué puede hacer un ciudadano solo ante una dependencia del tamaño de la CNDH?
El rechazo y descalificación al cuestionamiento público muestra su limitado entendimiento de la democracia. Debe ser esta misma intolerancia la que los llevó a inconformarse ante la SCJN cuando fue otorgado el amparo a los familiares de las víctimas de San Fernando. La CNDH se siente incuestionable por su carácter de órgano autónomo, pero no debe olvidar que se financia con recursos públicos y, que en una democracia, se tiene que rendir cuentas sobre ello.
Los artículos de opinión, como su nombre lo indica, reflejan la visión individual basada en argumentos y datos duros que evidencian el desempeño de la institución. No es culpa del ciudadano o del periodista el que la CNDH haya menospreciado los abusos en materia de derechos humanos de los últimos años, o que haya optado por no cuestionar a las autoridades cuando era necesario. Sí es nuestra responsabilidad denunciarlo cuando lo detectamos.
Dicho lo anterior, amerita retomar otros dos puntos sobre la postura de la comisión.
En el tercer párrafo, entorno al número de acciones de inconstitucionalidad que la CNDH ha promovido, especifica en que “solo tiene atribución constitucional para promover estas acciones, únicamente cuando se detectan violaciones a los derechos humanos contenidos en la Constitución … o en tratados internacionales de la materia…”. Esto muestra que para la CNDH, los derechos humanos son también un campo de acción restringido. Será por ello que sólo encontró 21 normas violatorias de derechos humanos, de todas las leyes que anualmente se reforman o emiten tanto a nivel federal como estatal. Deben estar convencidos de los bien alineadas que están nuestras leyes con los derechos humanos para prescindir del derecho a cuestionarlas.
De las 21 acciones de inconstitucionalidad, la CNDH afirma tener un 88.8% de resultados positivos. Sin embargo, sólo ha tenido respuesta en el 42.8% (9 de 21). Solo en 5 se declaró la invalidez de los artículos impugnados, es decir en 23.8%. Como la CNDH no especifica, ni siquiera en su página www.cndh.org.mx cuántos de esos artículos fueron impugnados para cada acción habré de hacer una petición de información pública, mediante el IFAI, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dar seguimiento al verdadero rendimiento de la CNDH en materia de litigio.
En el mismo sentido, habrá que pedir los estudios de medición de impacto de las 7,394 acciones de capacitación que dice haber realizado. Desgraciadamente, hasta el momento no he encontrado, ni en su página de Internet, herramientas concretas que la CNDH haya construido para impulsar la prevención y difusión de los derechos humanos.
Aclaro, no tengo agenda alguna. Sólo me mueve el interés por impulsar las mejoras de las instituciones para construir un mejor país. Creo que la rendición de cuentas es fundamental para el desarrollo de nuestra democracia, por lo que, considero crucial, cuando existen datos claros, cuestionar a las dependencias públicas, y evidenciar sus fallas.
La CNDH es una dependencia clave para el desarrollo de México y el cuidado de los mexicanos y sus visitantes. Nos cuesta 1400 millones de pesos al año, que se pagan con nuestros impuestos. Esto es razón suficiente para que yo o cualquier ciudadano exijamos un manejo adecuado y absoluto compromiso de quien esté al frente de la misma. Ojalá que la CNDH amplíe su concepción de democracia e incorpore el rol de la ciudadanía en la misma porque, como dice Serres, el mundo en que fue creada, ya no existe.
