Cuando a finales del siglo XX se decía que las guerras del futuro ya no serían por el petróleo sino por el agua nos parecía una verdadera exageración. Hoy los conflictos por el agua no son entre países, sino entre estados de la República, entre municipios de un mismo estado, entre comunidades de un mismo municipio. El agua, dulce y limpia, se volvió un bien escaso y ya no podemos seguir pensando el problema con los los paradigmas y la lógica del siglo pasado.

Las ciudades, donde vive ya 76 por ciento de los mexicanos, se convirtieron en las principales nuevos demandantes, cada día se requiere más y más agua para distribuir entre los habitantes de las zonas urbanas. Sin embargo, el campo sigue siendo, con mucho, quién más la consume y de manera más ineficiente.

El conflicto por el agua entre los estados de Jalisco y Guanajuato, expresado en la presa de Zapotillo, detenida por una suspensión de la Corte pero sobre todo por la decisión del gobierno de Jalisco de poner pausa a la obra, se convirtió en un caso paradigmático en el que confluyen todos los elementos, desde la prepotencia de las autoridades federales, hasta la resistencia de los pobladores de las comunidades, pasando por los ecologistas, los falsos ecologistas, los intereses políticos y los oportunistas. Lo que era un tema de agua se convirtió, gracias al descuido de dos administraciones, en un problema político y social. Dicho se otra manera: un asunto que ya de por si era complejo, se convirtió en un polvorín gracias a la falta de visión política.

De acuerdo con un estudio de la agencia de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) encargado por el gobierno de Jalisco, en la cuenca del río Verde donde se construye la presa hay menos agua de la prevista pero, la conclusión es la misma que sabíamos diez años y 90 millones de pesos antes: para dotar de agua a dos grandes ciudades (Guadalajara y León) y llevar agua a las ciudades medias de Los Altos de Jalisco se requiere una presa de 105 metros, aunque eso signifique inundar tres poblados.

Si la resolución es continuar con los trabajos de la presa, que es lo más sensato, hay que tener claro tres cosas para este proyecto y cualquier otro que se haga en el país: Primero, los pobladores desplazados deben ser tratados de manera ejemplar. No deben ser los afectados sino los primeros beneficiados, cueste lo que cueste. Segundo, los usuarios del agua debemos tener claro que el agua no es nuestra, que a lo que tenemos derecho es a usarla y a reusarla de la manera más eficiente, pero que nuestra obligación es regresarla limpia para los usuarios siguientes. Y tercero, que los usuarios, seamos urbano, agrícola, pecuario o industrial,  debemos de pagar por el uso y la limpieza, a un precio que asegure el ciclo del agua, esto es que permita compensar los servicios ambientales, y su tratamiento.

Hay que dejar de ver el agua como un regalo de la naturaleza para verla, tratarla y entenderla como un bien escaso que el Estado debe administrar con sentido económico pero sobre todo social.

Diego Petersen Farah

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