En la revisión de la Cuenta Pública de 2017, la Auditoría Superior de la Federación encontró que en la Secretaría de Desarrollo Social persisten fallas en los programas de estancias infantiles y de Prospera, desde falta de supervisión hasta de parámetros que indiquen si funcionan o no.

Ambos programas sociales guardan significan un apoyo importante: el primero es el que puede empoderar a mujeres para que éstas puedan estudiar y/o trabajar sin hacerse responsables del cuidado de sus hijos en un horario específico y el segundo, en su componente alimentario, puede garantizar una mejor nutrición para las familias en mayores condiciones de vulnerabilidad.

A unas horas de que el próximo domingo los mexicanos voten por el nuevo Presidente de la República, la ASF entregó este viernes el primer informe parcial de la Cuenta Pública 2017, que contiene parte de los resultados de las auditorías que aplicó en las dependencias federales y estatales en el país.

Ciudad de México, 30 de junio (SinEmbargo).- Pasó un año más y aún no se puede saber en qué medida el programa Prospera contribuye en la mejora de la alimentación de las familias beneficiarias, debido a la carencia de información sobre la cantidad, calidad y diversidad de la comida ingerida por quienes recibieron los apoyos, ni el cumplimiento efectivo al derecho social a la alimentación, reveló la Cuenta Pública de 2017 en la revisión realizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En su informe más reciente, señaló que por la falta de información, no fue posible valorar los resultados del programa en la inclusión productiva, laboral y social de los beneficiarios, ni sus efectos en la mejora de su bienestar socioeconómico, a efecto de que las familias desarrollen la capacidad de ser autosuficientes.

De acuerdo con el documento que es resultado de la auditoría a la Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en 2017 se ejercieron 41 mil 212 millones 901 mil pesos con el objetivo de “romper la concepción asistencialista de atención a la pobreza, y cambiarla por un enfoque que, mediante la corresponsabilidad de los beneficiarios, garantice el ejercicio de los derechos sociales”.

Sin embargo, la Coordinación Nacional del programa no cuantificó a la población potencial y objetivo del programa, en términos de los hogares con integrantes en situación de pobreza con potencial para inversión en capital humano o con ingreso inferior a la Línea de Bienestar Mínimo.

Incluso, la ASF identificó que la seguridad alimentaria se incrementó en 1.7 puntos porcentuales en las familias beneficiarias de PROSPERA, respecto de 2012, al pasar de 14.6 por ciento de los hogares, a 16.3 por ciento; la inseguridad alimentaria leve entre los beneficiarios se incrementó en 2 puntos porcentuales, al pasar de 45.3 por ciento a 47.3 por ciento en el mismo periodo, “lo que representó que sean vulnerables de caer en el estatus de carencia alimentaria si no se mantienen intervenciones del programa para contribuir a reducir sus experiencias negativas en el cambio de la calidad y cantidad de los alimentos por falta de dinero o recursos y, en situaciones severas, experiencias de hambre”, señaló.

Y otros objetivos no se cumplieron: en 2017, se tenía la meta de “Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que amplíen sus capacidades en alimentación, salud y educación, y mejoren su acceso a otras dimensiones del bienestar”, pero en las reglas de operación no se definió qué es ampliar las “capacidades en alimentación, salud y educación”, ni se establecieron los mecanismos para evaluarlo.

También para ese año, las reglas de operación dispusieron como objetivo “contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales”, entre ellos el de la alimentación; sin embargo, la Coordinación no estableció criterios, indicadores, ni metas, y no contó con información para valorar su contribución en el cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación de las familias beneficiarias.

Sólo Prospera en su componente alimentario generó 11 observaciones de las cuales se derivaron 25 recomendaciones al desempeño.

LAS ESTANCIAS INFANTILES

El programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras de Sedesol, está dirigido a madres, padres solos y tutores en hogares en condición de pobreza, quienes, por cuidar a sus hijos pequeños, no pueden acceder o permanecer en el mercado laboral o estudiar.

En 2017, se ejercieron en este programa 3 mil 771 millones 450 mil pesos, sin cuantificar a la población potencial ni objetivo.

La ASF criticó que del concepto de  “Apoyo a madres trabajadoras y padres solos”, no se definió, ni cuantificó, de manera clara y consistente, a la población objetivo, “ya que en los documentos normativos y programáticos que regulan la operación del programa, se utilizan indistintamente diversos conceptos al respecto”, dice en su informe.

En las reglas de operación no se incluyeron objetivos ni estrategias explícitos para contribuir a los objetivos de la política nacional definida en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, de contribuir al mejoramiento progresivo y al fortalecimiento de los servicios de atención, cuidado y desarrollo integral infantil.

También se encontró que de 319 estancias, el 55.8 por ciento (178) se ubicaron en localidades con grado de marginación muy bajo; el 21.3 por ciento (68), con grado medio; el 18.2 por ciento (58), con bajo grado de marginación; el 3.4 por ciento (11) con alto, y el 1.3 por ciento (4), con grado muy alto, “por lo que no se priorizaron las localidades con las mayores desventajas en su situación geográfica, económica y social”.

En lo que respecta a la capacitación de los responsables de las estancias afiliadas, la Secretaría no acreditó que, en 2017, tuvo un programa anual o de una estrategia para impartir la capacitación básica, inicial y complementaria.

La secretaría reportó que ese año capacitó a 22 mil 636 responsables de las estancias infantiles pero no dispuso de información referente a cuántas estancias correspondieron los responsables, ni en qué temas los instruyó; tampoco sustentó el número de responsables de las estancias que fueron certificados en el “Estándar de Competencia”, vinculado con conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para cuidar y realizar actividades para el desarrollo de los niños, en centros especializados en la atención infantil.

Además, de las 46 mil 916 visitas de supervisión que realizó en 2017, sólo 243 (0.5 por ciento) se efectuaron en el primer bimestre, lo cual implicó un riesgo para la seguridad de los niños.

Tampoco se verificó la confiabilidad de la información que reportaron los solicitantes del subsidio, en relación con su condición socioeconómica, por lo que no se puede asegurar que atendió a la población que más lo requirió.