Supuestos integrantes el CJNG atacaron al Secretario de Seguridad de la CdMx, Omar García Harfuch. Foto: Armando Monroy, Cuartoscuro.

Es impresionante el video que documenta el ataque armado al señor García Harfuch y resulta indignante que una brigada de sicarios pueda moverse en un vehículo de construcción protegidos por la oscuridad, pues había más de 20 de ellos con armamento más sofisticado que el usado por la Policía.

Al atentar contra la vida de un funcionario con alta responsabilidad en la seguridad pública de la Ciudad de México, lo que están haciendo los delincuentes es confrontar al Estado mexicano; están actuando como un ejército enemigo, librando una batalla urbana que busca un impacto político contra el actual Gobierno de mayor alcance que la guerra declarada por Calderón contra el narcotráfico en diciembre de 2006.

Los delincuentes se han levantado en armas contra el Gobierno actual, mientras que con los dos presidentes anteriores procuraban evitar las confrontaciones directas, descubriéndose poco a poco que había diálogos e intercambio de informaciones y de utilidades entre ambos grupos; ahora que ha cambiado su estrategia y que se comporta como un ejército enemigo, la delincuencia ha establecido un clima bélico que da fuerza al argumento de que el Gobierno mexicano debe responder a nivel de guerra abierta en general y específicamente contra los que realizaron el ataque a Harfuch.

Muchos mexicanos esperan que el Gobierno aproveche las circunstancias para imponer mano dura y que establezca un régimen de excepción; después de la confrontación bélica de los delincuentes contra el Estado, lo menos que se espera es que el Estado responda en los mismos términos.

Sin embargo, quienes hemos vivido los resultados de una guerra del Estado contra la delincuencia esperamos que el Gobierno de Andrés Manuel no caiga en la tentación ni utilice este suceso como pretexto para endurecer la persecución a los delincuentes, extendiéndola y convirtiéndola en una persecución y violación sistemática de los derechos de los ciudadanos pacíficos, que finalmente serían los más afectados.

Escribo esto desde una ciudad que sufrió no sólo los atentados y agresiones de los delincuentes contra la ciudadanía sino también la violación sistemática de nuestros derechos humanos por parte del Ejército.

En 2009, como visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y apoyado por el Lic. González Mocken, un funcionario municipal, se recabaron más de mil quejas por violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército, comandado por un general de apellido Espitia; las violaciones que se registraron iban desde ataques a viviendas para robarse las provisiones y alimentos de las familias, hasta la desaparición forzada de por lo menos 30 personas que no volvieron a aparecer (los pocos cuerpos que se hallaron, tenían evidentes rastros de haber sido víctimas de una ejecución extrajudicial).

En este mismo torbellino desatado por la guerra contra la delincuencia, entre 2011 y 2012 fueron detenidos ilegalmente más de 100 mil ciudadanos que transitaban por las calles de la ciudad, cuyo único delito fue toparse con una patrulla tripulada por agentes que los consideraron probables delincuentes.

En ciudad Juárez vivimos una guerra de cinco años que costó muchas vidas, más de 10 mil, muchas de las cuales fueron consideradas simplemente como costos del conflicto, por eso, porque la sufrimos, porque lloramos a nuestros amigos y compañeros de trabajo que fueron asesinados accidentalmente en el intercambio de balas entre el Ejército y los delincuentes, le pedimos al presidente de la República que comprenda la profundidad de su responsabilidad como la primera autoridad del país y advierta que a las agresiones de la delincuencia no se les puede contestar con una guerra militar.

El presidente debe aguantar el coraje y la rabia, controlar sus emociones y evitar dar la orden de ataque, porque a la delincuencia no se le puede combatir violando la ley ni con más violaciones a los derechos humanos, sino respetando el Estado de derecho y respetándoles a ellos mismos, a los asesinos, sus garantías individuales, porque si el Estado es capaz de respetar a esos tipos, el debido proceso va a mantenerse lejos de agredir al ciudadano común.

Soltar al Ejército, a la Guardia Nacional y a todos los niveles de la Policía con la consigna de atacar indiscriminadamente terminará afectando a los ciudadanos y en negociaciones con los delincuentes.

La única manera de perseguir y enfrentarlos es respetando a los ciudadanos y aplicando estrictamente la ley, perseguir a los asesinos respetando el Estado de derecho y los límites constitucionales de la autoridad es el primer signo de que estamos arribando a una etapa superior de desarrollo nacional y esperamos sinceramente que el presidente esté a la altura del momento.