Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).-­­  La Reforma Energética que impulsan los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) impactará a más de 38 mil localidades rurales y urbanas que están en riesgo de ser prácticamente expropiadas a favor de empresas particulares que buscarán explotar los hidrocarburos en el país.

“Esta reforma que hoy se va a aprobar impactará de forma negativa al menos a 5 mil 866 ejidos, 33 mil 877 localidades urbanas ubicadas en dos estados que tienen provisiones de gas o petróleo”, dijo la Diputada Eva Diego Cruz, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Durante la discusión de los artículos reservados de la minuta para crear la Ley de la Industria Eléctrica, que se aprobó por mayoría en San Lázaro, la legisladora sostuvo que la ley en comento “pisotea” el respeto a los derechos de los pueblos originarios cuando estos se nieguen a ceder sus tierras para la extracción de hidrocarburos.

“Es evidente que en la elaboración de este dictamen no se pensó en los campesinos, agricultores, ganaderos, ni en los pueblos indígenas. Es evidente que solamente se está buscando respaldar a las empresas transnacionales y a las empresas privadas”, sostuvo la Diputada Eva Diego.

En Partido Revolucionario Institucional, en voz del Diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez, presidente de la Comisión de Energía, planteó ocho reservas al texto enviado por el Senado. Entre las modificaciones, se planteó que el artículo 71, primer párrafo, diga:

“La industria eléctrica se considera de utilidad pública. Procederá la ocupación y afectación superficial o la constitución de servidumbre necesaria para prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica y para la construcción de plantas de generación de energía eléctrica en aquellos casos en que por las características del proyecto se requiera de una ubicación específica conforme a las disposiciones aplicables”.

La Diputada Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo (PT) sostuvo que tal como está expresada en la Ley, la figura de “ocupación temporal o superficial” permitirá un “negocio redondo” para los particulares, que podrán aprovecharse de que la industria eléctrica es de utilidad pública.

“La gran trampa de la reforma energética es que vuelve privada a la industria, vuelve un negocio a la industria, pero el objeto lo sigue manteniendo público, para qué, para poder utilizar precisamente el derecho público en contra de los mexicanos”, enfatizó la Diputada Lilia Aguilar.

En reiteradas ocasiones, los legisladores de izquierda advirtieron que la ocupación temporal que se establece en la Ley de la Industria Eléctrica, al igual que en la Ley de Hidrocarburos, provocará una serie de despojos legalizados a lo largo y ancho del país, porque cuando no exista un acuerdo entre las partes, transcurridos 80 días naturales, se procederá, a través de un juez o de la Secretaría de Desarrollo Agrario, a al “servidumbre legal”, lo cual calificaron como un despojo.

“Para no variar, esto pondrá nuevamente en jaque a campesinos e indígenas, quienes no tendrán mayor recurso que entregar sus tierras a inversionistas nacionales y extranjeros, por causa de utilidad meramente privada, mediante indemnizaciones ridículas”, apuntó el Diputado Alfonso Durazo, de Movimiento Ciudadano.

No obstante las advertencias, legisladores priistas y panistas dejaron en sus términos la figura de ocupación superficial y la de servidumbre legal, en la segunda minuta avalada por los diputados.

DERECHO DE CONSULTA

Diputados de los pueblos originarios defendieron en tribuna el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas de forma previa e informada sobre la conveniencia de ceder sus tierras para la explotación de hidrocarburos y a que su decisión sea respetada.

“Sin embargo, el Estado mexicano se muestra reacio a aprobar una Ley General de Consulta. Hemos venido insistiendo, desde esta tribuna, que debemos de armonizar nuestra legislación nacional en concordancia con el marco jurídico internacional”, detalló el Diputado Carlos de Jesús Alejandro, del PRD.

Explicó que la Reforma Energética no respeta los derechos humanos, por el contrario, dijo, vulnera el principio pro persona y de convencionalidad estipulado en el artículo primero constitucional.

El Diputado por Guerrero aseveró que también violenta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que México adoptó en 1989 y que el Senado de la República ratificó en 1990 y que está vigente en nuestro país desde 1991.

Dijo que también vulnera y viola los derechos estipulados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2007, y del cual México fue uno de los principales impulsores, para que las comunidades sean consultadas sobre su decisión de ceder sus tierras.

“Me permito ser incisivo diputadas y diputados, y expresar por enésima vez que en un sistema democrático las autoridades están obligadas a consultar a sus gobernados; están obligados a respetar las formas de participación directa”, indicó el Diputado Carlos de Jesús Alejandro.

Los legisladores advirtieron que de no ser respetada la decisión que tome en asamblea las comunidades indígenas, se correrá el riesgo de que sus tierras sean despojadas.

“Lo cierto es, que el propietario de los predios no le deja ninguna opción, o acepta la propuesta de los empresarios o le aplican la servidumbre, vía administrativa o judicial, todo con el pretexto el interés social y del orden público”, explicó el Diputado perredista Catalino Duarte Ortuño, del estado de Guerrero.

“O sea, o entregan sus tierras o entregan sus tierras, o lo hacen por la vía del acuerdo con los empresarios o lo hacen por la vía de la cohesión del propio Ejecutivo federal. No importan que los campesinos estén de acuerdo o no, no importa que sean afectados o no por los empresarios, lo que importa es quedar bien con el capital extranjero. Eso es lo que importa”, coincidió el Diputado Sebastián de la Rosa.

MENTIRA QUE BAJARÁN EL PRECIO DE LA LUZ: PT

La oposición en la Cámara de Diputados calificó como “una burla” para los mexicanos que los legisladores que apoyan la Reforma Energética digan que no se eliminarán los subsidios en las tarifas eléctricas y que no se despojará a los propietarios de sus tierras, cuando el texto de la legislación secundaria establece exactamente lo contrario.

A pesar de que el Senado anunció que eliminó de la Ley de la Industria Eléctrica la propuesta para pasar de un esquema de subsidios generalizados a uno de subsidios focalizados, debido al descontento social que generó esta medida, legisladores de izquierda aseguraron que es falso que al modificar el artículo 139, se haya puesto punto final a la iniciativa.

“Pero todo fue una burla para la ciudadanía, pues el artículo 116, segundo párrafo de la misma ley, termina por concretar lo que a todas luces se veía venir: la eliminación de los subsidios al sector eléctrico, lo que constituirá un incremento automático del 40 por ciento a las tarifas de dicho servicio”, recalcó el Diputado Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano (MC).

Por el contrario, legisladores de los partidos de la Revolución Mexicana (PRD), del Trabajo (PT) y MC acusaron que el texto que se aprobó este martes por los partidos mayoritarios renuncia a la propiedad de los recursos nacionales, a la rectoría de la industria eléctrica, y al carácter social del servicio eléctrico para sujetar su operación a una lógica exclusivamente mercantilista.

Por su parte, al defender la minuta el Diputado panista Fernando Rodríguez Doval insistió en que habrá mejores tarifas en el mediano plazo para los mexicanos, una vez que se rompa el monopolio del Estado en la industria eléctrica.

“Y estas tarifas no se van a lograr por acto de magia ni se van a lograr porque así se decrete en una ley, sino porque al existir el mercado libre, por supuesto que habrá la posibilidad de que más empresas productoras puedan competir y por lo tanto puedan brindar mejores precios y también mejores servicios”, recalcó.

En respuesta, la Diputada petista Lilia Aguilar, calificó como una mentira la tesis de que bajarán los precios en el recibo de la luz, al abrir las tarifas al libre mercado.

“Gran mentira, compañero Diputado [Rodríguez Doval], se lo digo con mucho respeto, ¿por qué? Porque la liberación de las tarifas significa precisamente la aplicación de no subsidio, que estaba en el artículo 139 y que se modificó en el Senado. Este subsidio que era generalizado para el uso de la energía doméstica y que se quería utilizar para subsidios específicos”, dijo.

“Las condiciones de mercado, como se ha dicho en este debate, tendrán una tendencia natural a la alza, ¿por qué? Porque la liberación del mercado es así”, agregó la Diputada Aguilar.