Las propuestas de la Cepal para superar esta década perdida incluyen el ingreso básico asegurado seis meses y un bono contra el hambre, sólo para sostener a los hogares. Para las pequeñas empresas recomiendan la ampliación de plazos y periodos de gracia para sus créditos.

“Esta crisis va a durar”, dijo Bárcenas. Aumentará el desempleo al 13.5 por ciento, es decir afectará a más de 44 millones de personas. La tasa de pobreza aumentará 7 puntos porcentuales: un aumento de 45 millones de personas, hasta 231 millones de personas en total; además de 96 millones de personas en pobreza extrema.

Ciudad de México, 30 de julio (SinEmbargo).- La pandemia de COVID-19 significará para América Latina y el Caribe una década perdida: al terminar el 2020, el PIB per cápita retrocederá 10 años y los niveles de pobreza 14.

En este escenario, en el que resultarán más afectadas las mujeres, las y los migrantes, indígenas, adultos mayores y discapacitados, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hicieron un llamado a los gobiernos de la región para que en la reactivación económica no se afecte más a la población que ya enfrenta uno de los momentos económicos y sociales más complejos de los últimos 100 años.

“La salud pública debe ser el eje del sistema sanitario y se debe ampliar el gasto en salud. No hay dilema entre economía y salud, primero es la salud […] No podemos hablar de reapertura económica sin que la curva de contagios haya sido controlada, sin un plan claro que evite el repunte de los contagios a partir del testeo, trazabilidad y confinamiento. Debemos orientar la reactivación en cerrar brechas”, comentó en conferencia Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Cepal.

La región se ha convertido en el epicentro de la pandemia y ya encabeza las estadísticas de casos en el mundo. Los datos del 29 de julio registran 4.5 millones de casos de coronavirus y cerca de 190 mil muertes.

Bárcena señaló que hay propuestas que se deben contemplar y que ya se han emitido. Están el ingreso básico asegurado seis meses y bono contra el hambre para asegurar que se cumplan las necesidades básicas y sostener el consumo de los hogares; también políticas progresivas y distributivas, ampliación de plazos y periodos de gracia para créditos a pequeñas empresas, políticas fiscales y monetarias expansivas, “porque esta crisis va a durar”, añadió Bárcenas y esto ayudará a las empresas con grandes plazos para tener producción y sostener a sus trabajadores.

Al mismo tiempo, dijo, esto dará también acceso a un confinamiento en condiciones favorables mientras aún no haya vacuna.

El desempleo en América Latina aumentará del 8.1 por ciento en 2019 al 13.5 por ciento en 2020. Esto elevará el número de desempleados de la región a más de 44 millones de personas, lo que significa un incremento de más de 18 millones de personas respecto a 2019. En este contexto, se prevé que la tasa de pobreza aumente 7 puntos porcentuales en 2020 hasta el 37.3 por ciento, un incremento de 45 millones de personas (231 millones de personas en total), y que la extrema pobreza aumente 4.5 puntos porcentuales hasta el 15.5 por ciento, lo que representa un incremento de 28 millones de personas (96 millones de personas en total).

De acuerdo con el estudio Salud y economía: una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19 y retomar la senda hacia el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, se deberá prestar atención en los grupos vulnerables que ya son víctimas de las consecuencias de la pandemia.

Las personas adultas mayores, 85 millones, están expuestas al contagio con un mayor riesgo de letalidad; los trabajadores informales que son el 54 por cuento del empleo, están expuestos al contagio sin seguridad social; las mujeres, tanto las ocupadas en el sector formal como en el informal, son las más afectadas y más vulnerables por ejemplo a la pérdida del empleo, tienen menos seguridad social, al aumento del trabajo no remunerado y tienen mayor exposición a la violencia doméstica.

Para los pueblos indígenas, que son 60 millones, cerca del 9.3 por ciento de la población de la región, tienen mayor gravedad y letalidad y existe el riesgo de que desaparezcan las comunidades; las personas afrodescendientes, que son 130 millones de personas, el 21 por ciento de la población de América Latina, que tienen más riesgos de contagio, más letalidad y mayor impacto de crisis; las personas con discapacidad, que son 70 millones de personas con mayor gravedad y letalidad y finalmente los migrantes, que tienen alta exposición al contagio, están desprotegidos, son discriminados, tienen menor acceso a salud, sus redes de apoyo son limitadas y están restringidos por el desplazamiento y la posibilidad de retorno.

La Cepal y la OPS insistieron en que no debe haber apertura económica posible sin que la curva de contagios haya sido controlada y la reactivación no debe darse sin un plan claro.

Pidieron a las autoridades sanitarias tener medidas sanitarias, entre las que están la cuarentena y el distanciamiento, articuladas en atenuar los efectos de la crisis porque solo así se puede cumplir con, por ejemplo, el encierro.

Mientras, sin controlar la pandemia es imposible pensar en la reapertura.

Ambas organizaciones internacionales pidieron cambiar la estrategia de desarrollo para una recuperación económica inclusiva y sostenible, es decir, asegurar el acceso universal a la salud con un financiamiento solidario independiente de la capacidad de pago, e invertir en infraestructura y capacidades humanas.

Trabajar en nuevas tecnologías para la eficiencia y productividad en los sistemas de salud para tener servicios de telemedicina, trazabilidad y testeo.

En general, agregaron, considerar a la salud como un bien público y que sea la salud pública el eje principal del sistema sanitario con políticas fiscales expansivas que garanticen el financiamiento sostenible.

“Para que América Latina y el Caribe tenga éxito en esta etapa crítica, las medidas de distanciamiento físico necesarias para enfrentar la pandemia deben complementarse con medidas urgentes de protección social para la población, que garanticen sus ingresos, alimentación y acceso a los servicios básicos”, señala el informe.

La región, agrega, es la más desigual del mundo y también la más urbanizada entre las regiones en desarrollo, lo que expone a una parte importante de la población al contagio en condiciones de desprotección. Además, la pandemia irrumpe en un escenario económico, social y político complejo, en un contexto de bajo crecimiento y elevados niveles de informalidad laboral. Por los efectos de la pandemia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta una caída del 9.1 por ciento del producto interno bruto (PIB).