Un grupo de estudiantes que cuentan con beca para estudiar en el extranjero ha denunciado públicamente que Conacyt se ha negado, sin justificaciones aceptables y usando respuestas genéricas, a extender el plazo de su beca. En consecuencia, personas que están por concluir sus estudios tendrían que suspenderlos definitivamente y en seco.

Por una parte, la directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla presentó esta semana en el programa de Carmen Aristegui una serie de planteamientos con el fin de explicar la motivación de la postura de esta institución. Destacan en este sentido sus obligaciones de racionalizar el gasto y de cerrar la puerta a irregularidades que se habrían cometido en administraciones anteriores. Desde luego, es complicado oponerse a que el Gobierno gaste racional y éticamente.

Sin embargo, por otra parte, algunas de las personas cuyas solicitudes han sido rechazadas han tenido un desempeño satisfactorio en las mejores universidades del mundo. Se trata de individuos con el más alto nivel académico cerca de estar listos para aportar sus conocimientos y formación a México. Nadie puede oponerse a que el Estado mexicano invierta en este tipo de proyectos.

¿Cómo salir entonces de este dilema? Mi intención aquí es mostrar que resolver este conflicto es más sencillo de lo que el conflicto actual sugiere. Para ello, vale la pena repasar la lista de problemas planteada por Conacyt con el fin de explorar sus posibles soluciones.

Dos aclaraciones preliminares son importantes. La primera es que tomo como buena la palabra del Presidente y de la directora del Conacyt en el sentido de que buscan genuinamente y con apertura lo mejor para el país. Si lo único que les mueve es el recorte de recursos indiscriminado, entonces no habría gran margen para argumentos: se estaría cometiendo una injusticia con repercusiones importantes. La segunda aclaración pertinente es que soy becario de Conacyt en la Universidad de Edimburgo. Sin embargo, aunque los esfuerzos del Comité Carlos Pellicer que se ha conformado para articular la postura de las personas que han tramitado extensiones me parecen legítimos y dignos de ser reconocidos sin reservas, por motivos que no tendría sentido explicar aquí, no participo activamente en este comité y lo que aquí planteo no pretende en ningún momento representarle.

Dicho lo anterior, vayamos directamente a la lista de problemas que se encuentran sobre la mesa y a sus posibles soluciones.

Problema 1: Conacyt otorga originalmente becas por tres años para estudiar doctorados fuera de México y en teoría los convenios con universidades o instituciones extranjeras así estarían redactados. Sin embargo, los estudios de doctorado en el extranjero, por norma, duran como mínimo cuatro años. Con conocimiento de causa, Conacyt solía otorgar extensiones de un año sin gran reparo. Ahora bien, de acuerdo la directora de Conacyt, la extensión del cuarto o en su caso quinto año deben ser tramitadas, por reglamento, mostrando evidencias del cumplimiento de ciertos requisitos básicos de progreso -generados por la Universidad o institución educativa- y justificando las causas de fuerza mayor que llevaron a solicitar prórroga.

La directora de Conacyt reconoció en el programa de Carmen Aristegui que es consciente que los estudios de doctorado duran normalmente más de tres años, lo que implica una aceptación tácita de que no tiene sentido solicitar la acreditación de condiciones extraordinarias: de nuevo, lo ordinario es que un doctorado dure más de tres años. Por ende, aplicar el reglamento a rajatabla dejaría fuera a muchas personas que, de acuerdo con la evaluación de universidades de prestigio internacional, han tenido un desempeño satisfactorio y que se encuentran perfectamente encaminadas a la compleción de sus estudios de doctorado; es decir, cancelaría injustamente la beca a estudiantes que han estado trabajando duro y exitosamente al nivel más alto.

Solución 1: La solución de fondo es, desde luego, cambiar el reglamento para futuras convocatorias ampliando el plazo original a cuatro años. Sin embargo, claramente esto no resuelve el caso de los estudiantes actuales. Lo que sí se podría hacer para resolver este caso es establecer un mecanismo para suspender, retirar o bloquear cualquier criterio que implique causas de fuerza mayor o similares de los requisitos para otorgar extensiones en primera instancia; es decir, limitarse a considerar las pruebas institucionales que avalan el satisfactorio desempeño de la becaria o becario. La idea aquí sería que si el desempeño ha sido evaluado por la universidad como satisfactorio, la extensión se tendría que otorgar sin problema alguno; y nadie mejor que el reconocido cuerpo colegiado del mejor nivel que evalúa a la estudiante para saber si este es el caso. Pero si el desempeño de la becaria o becario es evaluado como inadecuado por su universidad, y si a pesar de ello esta institución acepta que la becaria o becario continúe, entonces Conacyt podría legítimamente solicitar el comprobante de motivos de fuerza mayor para justificar las causas excepcionales que le llevaron a este pobre desempeño y para garantizar que éstas hayan sido excepcionales.

Problema 2: La directora de Conacyt explicó a Aristegui que buena parte de las personas becadas obtienen financiamiento externo para su cuarto año de estudios y que, en consecuencia, la extensión es en ocasiones técnicamente innecesaria. Es importante subrayar que no existe información disponible sobre el tema. Sin embargo, es fácil ver que el acceso a esta posibilidad puede variar radicalmente dependiendo de condiciones como el país donde se estudia, el área de estudio o incluso la fecha de los estudios. Además, obtener financiamiento no implica necesariamente que este financiamiento sea suficiente.

Solución 2: Dado que estamos ante un asunto coyuntural y marcadamente variable, la idea de financiamiento externo debe permanecer sin ser considerada en el proceso de otorgamiento de becas o de extensiones.

Problema 3: La directora del Conacyt dijo a Carmen Aristegui que parte de las personas que estudian un posgrado becadas por Conacyt no regresan a México, y que nuestro país es el único que no obliga sus becarias y becarios a regresar una vez concluidos sus estudios.

Solución 3: Aunque no hay información oficial disponible, si esto fuera un problema entonces Conacyt podría incorporar en sus futuras convocatorias un mecanismo más estricto para garantizar el regreso a México de la gente a la que beca. En todo caso, sería profundamente injusto ligar esta situación con la negativa a extender la beca de personas que participaron en convocatorias con plazo de tres años.

Problema 4: De acuerdo con María Elena Álvarez-Buylla, la mayoría de las personas que estudia un posgrado becada por Conacyt no termina este posgrado -dado el contexto de su declaración se entiende que habla aquí de estudios en el extranjero-.

Solución 4: Si las becarias o becarios han concluido su tercer año con un desempeño bien evaluado por instituciones de prestigio internacional, tiene sentido pensar que estas personas tienen amplias posibilidades de terminar sus posgrados. Sin embargo, si se quiere ser más incisivo se puede establecer mecanismos en convocatorias futuras para penalizar los posgrados inconclusos que cuya suspensión no pueda ser debidamente justificada. Al igual que en el caso anterior, es indispensable conocer las estadísticas oficiales al respecto y, de cualquier forma, resultaría injusto ligar esta situación a la extensión de becas.

Problema 5: De acuerdo con algunas becarias y becarios cuyas solicitudes de extensión fueron rechazadas, la respuesta que Conacyt ha dado ha sido genérica y no ha entrado en detalles particulares. Además, la comunicación directa no ha fluido. María Elena Álvarez-Buylla explicó a Aristegui que esto se debe a que su respuesta ha sido una respuesta institucional.

Solución 5: Tiene toda la razón la directora de Conacyt en el sentido de que su comunicación siempre tiene que ser institucional. Sin embargo, esto no implica que esta comunicación deba ser impersonal ni mucho menos que no haya respuesta a correos o llamadas de becarios. Si se trata de justificar una aceptación o una negativa, un formato de evaluación con criterios claros y explicaciones bien fundamentadas sería indisputablemente institucional y, al mismo tiempo, respondería adecuadamente a cada caso. Por otra parte, universidades, gobiernos y empresas en todo el mundo responden desde cuentas institucionales y de forma institucional a casos individuales como preguntas, peticiones o quejas de las personas con las que tratan. Lo que resultaría verdaderamente anti-institucional sería dejar a estudiantes, ciudadanas o ciudadanos, o clientes sin respuesta alguna.

En conclusión, si lo que busca Conacyt es hacer más racional su gasto o ser más honesto o justo en su funcionamiento -y asumo que bien puede ser éste el caso-, sus motivaciones son entendibles y tendrían que ser valoradas. Sin embargo, en este artículo he tratado de mostrar que, dadas estas motivaciones, el caso de la ampliación de becas doctorales en el extranjero tendría que ser resuelto por esta institución fácilmente y garantizando un final satisfactorio para todas las partes.

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Antonio Salgado Borge

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Candidato a Doctor en Filosofía (Universidad de Edimburgo). Cuenta con maestrías en Filosofía (Universidad de Edimburgo) y en Estudios Humanísticos (ITESM). Actualmente es tutor en la licenciatura en filosofía en la Universidad de Edimburgo. Fue profesor universitario en Yucatán y es columnista en Diario de Yucatán desde 2010.

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