México busca entrar al Comité contra la Tortura de la ONU con un funcionario a modo. Más de 20 ONGs cuestionan su autoridad moral en el tema.

Ciudad de México, 30 de septiembre (SinEmbargo).— A nueve días de que el Comité contra la Tortura (CAT) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) elija a cinco de sus 10 integrantes –cuyo cargo concluye a fin de año–, más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil han solicitado a los países miembros de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes no respaldar la candidatura propuesta por el Gobierno mexicano, al considerar que habría un “manejo político” en su nominación.

Asimismo, a través de un comunicado emitido el pasado 25 de septiembre, han pedido al Presidente Enrique Peña Nieto retirar su propuesta de candidato.

El pasado 16 de junio, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) decidió nominar para dicho cargo al Embajador en retiro Claude Heller Rouassant. A decir de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (que a su vez agrupa a varias organizaciones más), el ex diplomático carece de experiencia en el tema de la tortura.

El señalamiento de las organizaciones no es nuevo. Olga Guzmán Vergara, directora de Incidencia Nacional e Internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH, una de las organizaciones firmantes), dijo que se trata de una postura que “resurge”, pues retoma lo planteado desde el pasado 16 de junio, cuando se dio a conocer que la Cancillería mexicana había sustituido a Miguel Sarre, reconocido especialista en el tema de tortura, por el Embajador en retiro Heller.

Entonces las mismas organizaciones expresaron su rechazo a la nominación, advirtieron de un “manejo político” de las nominaciones por parte del Gobierno federal y señalaron que el cambio en la postulación no había sido ni anticipado ni justificado.

Las organizaciones enviaron una carta al entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade Kuribreña, para manifestar su rechazo a la nominación de Heller Rouassant y externar su preocupación al considerar que con esa postulación el objetivo del Gobierno mexicano sería “ejercer mayor control sobre el Comité contra la Tortura”.

Dicho Comité es un órgano creado por la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y entre sus tareas está la de realizar periódicamente revisiones a los Estados miembros y conocer casos de víctimas de tortura y otros malos tratos.

La postura de las organizaciones es que la nominación de un ex diplomático como Heller, “cuya trayectoria se ha distinguido siempre por la defensa de los intereses del Estado […] se enmarca o en una política exterior en materia de derechos humanos de la actual administración que se ha caracterizado por desconocer y desacreditar las recomendaciones, conclusiones y titulares de Procedimientos Especiales y Órganos Internacionales de Naciones Unidas en la materia”, según señalaron en el nuevo comunicado.

El Comité contra la Tortura está compuesto por 10 expertos independientes con “alta autoridad moral y reconocida versión en materia de derechos humanos” y son elegidos por un periodo de cuatro años. La elección de los cinco expertos que integrarán el Comité se hará en el marco de la 15ª reunión de los Estados parte de la Convención, a celebrarse el próximo 8 de octubre en Ginebra, Suiza. Ese día se elegirá a cinco de los 10 expertos que componen el Comité, para sustituir a los miembros que concluyen su gestión el 31 de diciembre de 2015.

Guzmán Vergara señaló que para las organizaciones firmantes, la nominación de Heller no sólo es un retroceso para la política exterior de México en materia de derechos humanos, sino también una falta de coherencia en su discurso sobre el combate a la tortura, en el que ha mostrado disposición, al menos en lo formal.

Pero no sólo eso. También supondría un debilitamiento de un órgano de Naciones Unidas, consideró, pues tener entre sus miembros a una persona sin experiencia en la materia “implicaría quitarle cierta credibilidad”.

“El sistema de Naciones Unidas es un sistema en el que confían los Estados, las organizaciones y víctimas, porque se sabe que se compone por personas que son profesionales en las materias. Entonces cuando no hay [profesionalismo] estamos hablando de que, tal cual, los Estados podrían utilizar los puestos de Naciones Unidas para hacer nombramientos o elecciones políticas y eso socavaría el mismo espíritu del sistema”, dijo.

Esta postura la han hecho llegar a alrededor de 40 representaciones de Estados miembros de la Convención, a través de sus embajadas en México, refirió Guzmán Vergara. Si bien ninguno les ha manifestado una postura clara al respecto, algunos han mostrado cierta alarma ante el inusual pronunciamiento, pues no es común que organizaciones civiles se dirijan a ellos para expresar las condiciones de una nominación, dijo.

“No es normal, entonces el que hayan recibido este tipo de comunicaciones por supuesto que sí les levanta alarma, porque tampoco quieren que un órgano del que ellos son parte sea puesto en riesgo, sea socavado”, expresó la integrante de la CMDPDH.

¿CLÍMAX DE LA RUPTURA?

Guzmán Vergara señaló también que para las organizaciones firmantes el nombramiento de Heller incluso podía ser visto como un intento por “acallar las voces críticas” del Comité. Esto, a raíz del diferendo que en marzo pasado hubo entre el Relator de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, y el Gobierno mexicano, a raíz del informe de Méndez en el que señaló que la tortura es una práctica generalizada en el país.

El diferendo comenzó el 9 de marzo, cuando Méndez presentó las conclusiones de la visita que había realizado en México entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, en las que afirmó que la tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la puesta a disposición de la justicia “son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”.

Ese mismo día, el representante del Gobierno mexicano en Ginebra, Jorge Lomónaco, respondió al informe rechazando sus conclusiones. “No puedo más que reiterar que no podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país, porque no corresponde con la realidad”, señaló.

Posteriormente, el propio Secretario de Relaciones Exteriores dijo que el Relator sólo había aportado información de 14 casos y que en 13 de esos ya se habían presentado avances significativos para su atención.

Al respecto, Méndez puntualizó que esos 14 casos involucraban a 107 víctimas y explicó que únicamente podía presentar casos que cumplieran con las reglas del Consejo de Derechos Humanos, lo que implica evaluar denuncias y verificar que las víctimas hayan dado su consentimiento para usar sus nombres, entre otras. Asimismo destacó que esos 14 casos, que agrupaban a más de un centenar de víctimas, “es mucho más que la cantidad de casos enviados a cualquier otro país en el curso de un solo año”.

Luego, el 26 de marzo, el Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Juan Manuel Gómez Robledo, quien calificó de “no profesional y poco ético” el informe del Relator. “Me parece muy irresponsable y muy poco ético que sobre la base de dichos que no pudo sustentar, que no pudo documentar, concluya que hay una práctica generalizada [de la tortura]“, señaló.

Un día después, Meade Kuribreña secundó las palabras de su Subsecretario. “Suscribo todos y cada uno de sus términos”, dijo.

El 1 de abril, Méndez envió una carta a Lomónaco expresando que consideraba que existía un ataque hacia su persona por parte del gobierno de México, ante las declaraciones de Robledo.

“Los medios mexicanos reportaron declaraciones del subsecretario para Asuntos Multilaterales, Juan Manuel Gómez Robledo, que constituyen un ataque personal contra mí”, señalaba la misiva. “Jamás vi mi integridad ni mi ética cuestionadas, hasta ahora. Quienes ocupamos las posiciones de expertos independientes de Naciones Unidas estamos acostumbrados a ser acusados de haber violado el Código de Conducta para los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, pero debo decir que jamás esperé una acusación de México en ese sentido”.

La carta también expresaba:

“Me preocupa que la discusión de mi informe se reduzca al uso de un adjetivo, un adjetivo que no considero justificado, objetivo y justo, por todas las razones ya mencionadas. Me preocupa aún más que la discusión se centre ahora en mi ética e integridad profesional, como si disparar contra el mensajero pudiera ocultar las problemáticas hechas que señalé a su gobierno […]. Su Gobierno me invitó a conducir una visita para realizar una evaluación sincera de la situación, no para minimizarla o presentarla bajo la mejor luz posible”.

Ante esto, la cancillería mexicana respondió con un comunicado oficial en el que manifestaba que daba “por concluido este diferendo”, pero continuó insistiendo en que en las afirmaciones de Méndez hubo inconsistencias e incongruencias.

Posteriormente, Méndez expresó a medios de comunicación que estaba dispuesto a retomar el diálogo con el gobierno mexicano e incluso a disposición de una nueva visita al país, pero insistió en que no modificaría sus palabras.

LA POLÉMICA CANDIDATURA

Para ocupar uno de los cargos del Comité contra la Tortura, el Gobierno mexicano nominó al Embajador eminente Claude Heller Rouassant, quien también es investigador asociado de El Colegio de México (Colmex), conforme con el perfil disponible en la página del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

De acuerdo con esa información, Heller es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colmex y maestro en Historia y Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, Suiza.

Ha tenido experiencia principalmente como representante del gobierno mexicano ante organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA, 1998-2001), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2002-2003) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2007-2011), o gobiernos como el suizo, francés, cubano y japonés.

Entre sus actividades principales en el ámbito de los derechos humanos de interés para el Comité contra la Tortura, se menciona que “encabezó la delegación de México en numerosas conferencias internacionales del sistema de la ONU, tales como la Comisión de Derechos Humanos (CIDH) 1988-1992 y la Conferencia de Derechos Humanos en Viena (1993)”. También fue el encargado de presentar el informe de México ante  el Comité contra la Tortura 1993-1994.

Además fue miembro de la Subcomisión de Protección a Minorías de la CIDH entre 1990 y 1993 y presidente de la Comisión deAsuntos Jurídicos y Políticos de la OEA, que llevó a cabo la revisión del sistema interamericano de derechos humanos.

Su currículum también indica que “presidio diversos órganos de organizaciones multilaterales y grupos de trabajo como el que condujo a la adopción de la Convención Internacional de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares adoptada por la Asambkea General de la ONU en 1990”.

SinEmbargo buscó conocer la postura de la Cancillería respecto al comunicado emitido por las organizaciones, pero no se obtuvo respuesta del área de Comunicación Social.