Lima, 30 sep (EFE).- Un fiscal peruano denunció y solicitó que se imponga una prisión preventiva de nueve meses contra tres personas acusadas de haber participado en las protestas violentas contra el proyecto minero Las Bambas, en la región andina de Apurímac (sur), que el lunes dejaron cuatro muertos y decenas de heridos.

El Ministerio Público informó hoy en un comunicado que la Fiscalía Provincial Mixta de la localidad de Chalhuahuacho, donde se produjeron las manifestaciones, formalizó la denuncia penal contra Justino Chiclla Quispe, Edwar Quispe Ccuno y Asunto Huamaní Huamán.

Los tres hombres han sido acusados de la presunta comisión de los delitos de disturbios, daños agravados a la propiedad privada y tenencia ilegal de armas y explosivos.

El fiscal adjunto provincial, Walter Vilca, solicitó al Juzgado Mixto de la provincia de Cotabambas la prisión preventiva por nueve meses contra los tres imputados, quienes están detenidos en las dependencias de la Seguridad del Estado en la ciudad de Abancay.

El comunicado informó, además, que otras 18 personas que habían sido detenidas durante los enfrentamientos quedaron en condición de citadas a la Fiscalía “las veces que sea necesaria su presencia”.

Los manifestantes reclaman que la empresa china-australiana MMG ha modificado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto para instalar las plantas de procesamiento y el sistema de transporte del mineral en la provincia de Cotabambas, por lo que temen que sus tierras se vean afectadas.

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) admitió el martes que la empresa presentó en 2013 un Informe Técnico Sustentatorio (ITS) para la incorporación de la Planta de Molibdeno y de filtrado, y dijo que los impactos ambientales que generarían no serán significativos.

El Gobierno peruano afirmó hoy que Las Bambas no se detendrá y entrará en operaciones el próximo año, mientras que el primer ministro, Pedro Cateriano, dijo que las autoridades no pueden “aceptar que a través de mecanismos ilícitos se secuestren personas, se utilice dinamita y además se empleen armas para supuestamente defender derechos ambientales o locales”.

En tanto, el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, pidió que se deje “de estar mal utilizando temas ambientales para justificar objetivos subalternos de carácter político”.

La situación iba a ser explicada este miércoles ante el Congreso por Pulgar Vidal y los ministros de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, y del Interior, José Pérez Guadalupe, pero esta presentación se frustró.

Los parlamentarios del gobernante Partido Nacionalista impidieron la exposición de los ministros para exigir que el Congreso debata una moción para que se investiguen presuntos actos de corrupción durante el segundo Gobierno de Alan García (2006-2011).

Ante esto, Pulgar Vidal dijo que no había las condiciones para declarar y los ministros abandonaron el hemiciclo.

En este escenario, el Frente de Defensa de la provincia de Cotabambas comenzó hoy una tregua de 48 horas en la protesta para buscar que comience un diálogo con el Gobierno central y el consorcio MMG.

La mina tiene reservas minerales de 6,9 millones de toneladas de cobre y 10,5 millones de toneladas de recursos minerales y se espera que produzca más de 2 millones de toneladas de cobre concentrado en sus primeros cinco años.

El yacimiento está situado a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar entre las provincias de Cotabambas y Grau, en la región Apurímac, y se convertirá en una de las minas de cobre más grandes del mundo una vez que alcance su nivel de producción plena.