El Gobierno de la Ciudad de México incurriría en “un gran error” si le diera dinero y proyectos de reconstrucción a las desarrolladoras inmobiliarias que cometieron alguna irregularidad o incurrieron en actos de corrupción para construir los edificios que colapsaron o que quedaron severamente dañados después del sismo de 7.1 grados, dice Dunia Ludlow Deloya, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), en entrevista con SinEmbargo.

La Diputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) reconoce que en la ciudad operan constructoras que nacen para construir un desarrollo o dos, en colusión con alguna autoridad, y luego desaparecen, por lo que antes de empezar con la reconstrucción de la ciudad se debe hace una investigación a fondo.

Ciudad de México, a 30 de septiembre (SinEmbargo).- Las constructoras a las que se les compruebe que incurrieron en irregularidades y actos de corrupción para sostener los proyectos de los edificios caídos por el sismo del 19 de septiembre en la Ciudad de México, no deben ser contratadas ni beneficiadas para la reconstrucción de viviendas y edificios públicos como escuelas y hospitales, dijo Dunia Ludlow Deloya, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

La Asambleísta del Partido Revolucionario Institucional (PRI) explicó en entrevista con SinEmbargo que son al menos dos fondos los que se destinarán para la reconstrucción de los inmuebles que colapsaron o que sufrieron daños después del terremoto: el Fonden (Fondo de Desastres Naturales), que sólo puede utilizarse para infraestructura pública, y el Fonaden CdMx (Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México) que se utiliza para la construcción de vivienda privada.

“Es importante que distingamos cuáles fueron las empresas que tuvieron una responsabilidad; detectar si forman parte de alguna Cámara, y si llegan a formar parte de una Cámara que ésta se haga responsable. Por supuesto que no es válido, sería un gran error que el Gobierno de la ciudad propicie que la constructora en específico que estuvo involucrada en la construcción de un edificio que se cayó, por supuesto esa empresa no puede ser contratada para la reconstrucción de absolutamente nada. Sería un error de la autoridad, y nadie lo está planteando ahora”, dijo la Diputada local.

La presidenta de la Comisión de Vivienda de la ALDF precisó que antes de pensar en la reconstrucción y la asignación de los nuevos proyectos se debe realizar una investigación a fondo, pues entre los inmuebles que colapsaron hay dos tipos: los nuevos, que se cayeron recién entregados y los viejos, que estaban dañados del sismo de 1985 y que nunca se hizo nada para repararlos.

Esos edificios, los más viejos, colapsaron por falta de mantenimiento, porque algunos no tenían porqué estar operando  y por falta de dictámenes precisos. Lo mismo sucede con muchos de los inmuebles que resultaron con daño estructural y que ahora están inhabitables.

Dunia Ludlow explicó que la Comisión de Vivienda de la ALDF ha recibido en los últimos días más de 200 solicitudes para verificar edificios sólo en las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez.

“Los edificios colapsados o afectados en la Delegación Cuauhtémoc son edificios que ya tenían una falla detectada desde sismos anteriores, principalmente desde 1985 y no se hizo nada. Edificios que carecen de una falta de mantenimiento sistemático. No todo es corrupción. En cuanto al tema de la corrupción, me parece que tenemos que hacer a fondo una investigación en dos vertientes: detectar quiénes son los responsables por parte de la autoridad y del sector privado”, dijo.

La legisladora local reveló que en la Ciudad de México operan dos tipos de desarrolladoras: las certificadas, que pertenecen a alguna Cámara de la construcción, y las que “se crean y se generan en colusión con las autoridades y desaparecen cuando terminan el desarrollo para no tener responsabilidad”.

“Si estamos hablando del otro tipo de desarrolladoras, que nosotros los denominamos desarrolladores informales –porque surgen, se crean y desaparecen en función de intereses particulares– lo que tenemos que hacer es abatir ese procedimiento y evitar que no se vuelvan hacer ese tipo de acciones. Detectar a la autoridad responsable que propicia este tipo de procesos”, dijo.

MÁS DE 500 AMPAROS DE CONSTRUCTORAS

Hace seis meses la ALDF modificó la Ley de Desarrollo Urbano en la Ciudad de México y agregó una fianza que deben cubrir las desarrolladoras para garantizar la seguridad económica por futuros daños de los edificios colindantes. Esa disposición,agregó, ya entró en vigor y tuvo como consecuencia inmediata una lluvia de amparos de las constructoras.

“Tuvimos una lluvia de amparos, alrededor de más de 500 constructoras se ampararon en contra de esta disposición que lo que busca es brindar certeza a la ciudadanía de estar avalada con un recurso que existe por parte de las edificaciones que no cumplan con todo lo que tienen que cumplir”, reveló la Asambleísta.

La fianza es, no sólo para pagar daños en caso de un sismo como el ocurrido el 19 de septiembre, sino también para las “afectaciones ocultas” que puedan sufrir durante el proceso de construcción los edificios colindantes.

“Teníamos ese problema con estas desarrolladoras que surgían y de repente desaparecían, y no había manera de hacerlas responsables. No abarca a los edificios que ya se construyeron, porque las leyes no pueden ser retroactivas, sino a los que se van a construir a partir de que se promulgó esta nueva incorporación a la Ley Desarrollo Urbano”, aclaró.

Ludlow Deloya adelantó que la ALDF está trabajando en un proyecto con el Gobierno de la Ciudad de México y la iniciativa privada para crear un sistema digital que transparente el proceso administrativo de desarrollo urbano, para que la población pueda revisar con claridad si los edificios que se están construyendo cumplen con las normas y si ya fueron evaluados.

La información sobre quiénes son las autoridades encargadas de esas evaluaciones y de cada uno de los trámites debe ser público, explicó.

También consideró que se debe trabajar en la actualización del reglamento de construcción para las zonas afectadas por el sismo, para contar con la certeza de que en el proceso de reconstrucción o reforzamiento de las edificaciones se dé de manera planeada y abierta a los ciudadanos.

“Es importante brindar certeza de que esa zona, porque es la zona central de la Ciudad de México donde se concentra la mayor parte de los trabajos, servicios e infraestructura urbana disponible en la ciudad, dar esta certeza de que son zonas seguras”, dijo.

La asambleísta agregó que se debe poner un énfasis especial en el reforzamiento y mantenimiento de los edificios afectados por el sismo del 19 de septiembre, pues de lo contrario en un próximo sismo “va a volver a morir gente”.

DESARROLLADORAS, RESPONSABLES DE EDIFICIOS INHABITABLES

De acuerdo con un censo realizado por expertos al que tuvo acceso SinEmbargo, sólo en las Delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez  las desarrolladoras de los edificios de reciente creación que fueron desalojados por las afectaciones del sismo son: Elite Aparments, Canada Building  Group, Dekah Residencial Insurgentes, IDC Arquitectos y Vertical Inmobiliaria.

Los edificios más nuevos fueron construidos en 2017 por Elite Aparments y por Vertical Inmobiliaria en las colonias Portales, Nueva Portales y Cuauhtémoc. Las construcciones más antiguas datan del año 2000 y fueron construidas por Dekah Residencial Insurgentes en la delegación Cuauhtémoc.

Hay edificios afectados construidos en 2005, 2007, 2008, 2014 y 2015. De acuerdo con el listado sólo en 11 edificios nuevos afectados fueron dañadas 354 viviendas.