“El amparo es nuestra suprema apuesta para que impere el Estado de derecho en las relaciones entre el poder público y los particulares”. Foto: Victoria Valtierra, Cuartoscuro

Es altamente preocupante que desde el poder, sutil o grotescamente, se cuestione el ejercicio de los derechos que tenemos todas las personas para buscar la defensa de los propios intereses, individuales o colectivos, altruistas o egoístas. Si la Constitución, y en general los tratados internacionales, conceden derechos, no es bienvenido el cuestionamiento, la censura, la siembra de dudas insidiosas en contra de quienes de manera puntual abren las instancias para la resolución de controversias, que pueden ser muy importantes para la sociedad, o sólo para un individuo o su entorno familiar, por ejemplo.

Está muy arraigado en el imaginario colectivo que el amparo y la búsqueda de la protección de la justicia que dictan en sus sentencias de obligado acatamiento jueces, magistrados o ministros del Poder Judicial de la Federación es el reconocimiento a todos de un derecho a resistir las decisiones de las autoridades cuando chocan con visiones o intereses distintos. El amparo es nuestra suprema apuesta para que impere el Estado de derecho en las relaciones entre el poder público y los particulares.

Y no puede ser de otra manera si revisamos la larga historia de esta institución, que surgió contra el sistemático agravio de los poderosos contra los débiles. Como es obvio entender, cuando se solicita una protección no es porque necesariamente se vaya a obtener, pero sin duda es una defensa que saca del ámbito de las decisiones autoritarias la última palabra en un caso, insisto, sea grande o pequeño.

Quienes vilipendian el ejercicio de los derechos estrechan los caminos para llegar a la legalidad y la constitucionalidad de las decisiones públicas. Cuando se empezó a estudiar con mayor rigor al Estado mexicano y la precariedad de su democracia (pienso en la obra de Pablo González Casanova, La democracia en México, de la primera parte de los años sesenta del siglo pasado), advertimos que estudiar y tener claridad de cómo se resolvieron los amparos solicitados contra actos del Presidente de la República, era fundamental precisamente para hacer la anatomía de un régimen que se había solazado en imponerse sin contrapreso alguno, en este caso de los hombres y mujeres a secas. Pero también de quienes iban a la búsqueda de un imperio del derecho con fines netamente egoístas o de lucro. Aquí lo importante es la herramienta, reconocida al particular, y la congruencia con el orden jurídico que debía existir en las sentencias dictadas.

Preocupa escuchar al Presidente López Obrador decir: “Tengo información y ojalá se aclare, que no sea cierto, yo no tengo un sistema de espionaje… pero la gente me informa y me dicen que hay un exministro de la Corte asesorando a quienes promueven los amparos en nuestra contra, en contra de las obras que lleva a cabo el Gobierno y que son 16 despachos de abogados”.

También intranquiliza la puntual respuesta del jurista José Ramón Cossío, exministro de la Suprema Corte: “Respecto a lo señalado esta mañana por el Presidente López Obrador, quiero dejar en claro que no asesoro a ningún despacho ni persona en los litigios vinculados con los aeropuertos. Lamento la confusión en que ha incurrido el Presidente”.

En primer lugar porque aquel no da más argumentos para externar su declaración, que su “pecho no es bodega”, desentendiéndose de una lección que les viene bastante bien a los gobernantes y jefes de Estado, autocontenerse y reservarse, porque no es cierto que tan pronto se entera de algo tenga que propalarlo a los cuatro vientos. Así como decir que hasta las buenas cocineras le dan su tiempo a sus guisos, ni ponen la sal ni la pimienta porque la tengan a la mano o en la mente.

Pero eso no es lo más grave, lo delicado es el mensaje que se lanza, porque aun en el extremo de que fuera cierto, el jurista Cossío lo único que estaría actuando es el ejercicio de un derecho, que ninguna ley le niega. Y el hecho de que haya estado en el más alto órgano jurisdiccional y constitucional del país, no le toca impedimento alguno. Cossío pudo haber contestado: “¿Y?”. Pero no lo hizo por templanza y prudencia, porque seguro estoy que lo pensó. En alguien ha de imperar la moderación.