El reciente escándalo de Arturo Escobar y Vega, ex vocero nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ex Diputado en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), ex legislador federal en la Cámara de Diputados y, ahora, ex Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), muestra que en México ser un partido rémora de los más poderosos no sólo deja mucho dinero, sino además jugosas prebendas para el que en el sistema político mexicano asume la condición de sirviente.

Escobar y Vega renunció a su cargo en la Segob el 25 de noviembre pasado, luego de que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), anunció que había solicitado a un juez una orden de aprehensión en contra de Escobar como presunto responsable de delitos electorales como dirigente del Partido Verde.

Arturo Escobar fue nombrado Subsecretario en la Segob por Miguel Ángel Osorio Chong y, por supuesto, con el conocimiento del Presidente Enrique Peña Nieto, quien como candidato al cargo que hoy ostenta representó no sólo al Partido Revolucionario Institucional (PRI) sino también al Verde, durante las elecciones de julio de 2012.

Antes y después, su nombramiento generó rechazo lo mismo entre activistas, ciudadanos, analistas y políticos de oposición al PRI, no sólo por la falta de experiencia de Escobar y Vega en materia de prevención social y sus posiciones a favor de la pena de muerte sino, en particular, por las conductas delictivas en las que probablemente incurrían él y su partido.

El mensaje de impunidad que envío entonces el Gobierno federal se quedó al desnudo el miércoles pasado, cuando Escobar se vio obligado a renunciar a su cargo en la Segob, y las preguntas de líderes de la opinión pública surgieron con insistencia: ¿Qué no sabían Peña Nieto y Osorio Chong que Arturo Escobar es señalado desde hace años como delincuente electoral? ¿Por qué ni el Presidencia ni la Segob escucharon a la ciudadanía cuando, a tiempo, advirtieron y rechazaron su presencia en esa dependencia? ¿Cómo es que Osorio, siendo la supuesta cabeza de la legalidad en las acciones cívicas, pudo nombrar a ese personaje que, ahora, se ve obligado a salir para defenderse en los tribunales?

Y más aún: ¿Qué es lo que Escobar no cumplió o qué no hizo para que el Gobierno federal lo sacara de la jugada?

El caso evidencia nuevamente la incapacidad actual para el manejo de la maquinaria gubernamental pero, además, la lejanía de las principales autoridades del país con la sociedad e incluso el encubrimiento que se hace de políticos con antecedentes claros de corrupción.

Para colmo, el viernes pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) otorgó al Partido Verde Ecologista de México un monto de 372 millones de pesos por concepto de prerrogativas públicas para 2016, esto 49 millones de pesos más del presupuesto asignado en 2015, y cuando aún no cesan lo señalamientos contra ese instituto político por cometer graves violaciones en el proceso electoral 2014-2015, y por las cuales miles de ciudadanos pidieron retirarle su registro.

El Verde es, pues, un claro ejemplo de que la violación de la Ley no es obstáculo para crecer en el sistema político ni para llegar a la administración pública.

El ejemplo más claro fue el aumento de posiciones que ganó durante las elecciones de este año, como en la jornada federal de junio de 2012, cuando su coalición con el Partido Revolucionario Institucional le dio la votación más alta de su historia en una elección federal, nueve escaños en el Senado y 34 diputaciones.

En julio siguiente, en Chiapas ganó la mayoría absoluta en el Congreso local y en 59 de las 122 alcaldías.

Queda, como ciudadanos, reclamar que el proceso legal contra Arturo Escobar sea claro y se llegue hasta sus últimas consecuencias, y no se quede en mera “faramalla”, como calificaron a este nuevo escándalo políticos de oposición.

Redacción/SinEmbargo

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