Rudolph Giuliani, aspirante a ocupar la Secretaría de Estado en la Administración de Donald Trump, y quien tendría que concluir el TLCAN y ocuparse de la edificación del muro, no es un desconocido para México. En 2003, fue el asesor en materia de seguridad pública de Andrés Manuel López Obrador, entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad. Ante el planteamiento de The Washington Post en su edición de hoy sobre las circunstancias de conflicto de interés que podría enfrentar el ex Alcalde de Nueva York, Marcelo Ebrard Casaubón, Secretario de Seguridad Pública en el Gobierno de AMLO -a través de su vocero- ratificó a este medio digital que el contrato de Giuliani fue pagado por completo con dinero privado.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- De ser nombrado Secretario de Estado en la Administración Trump, Rudolph Guliani podría enfrentar circunstancias de conflicto de interés por el hecho de haber recibido 4.5 millones de dólares por un contrato de asesoría en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México, publicó The Washington Post.

Si las ofertas de Donald Trump en campaña son cumplidas, Giuliani sería el hombre encargado de ponerle el punto final al Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), de la deportación de cientos de mexicanos inmigrantes en aquella nación y de la edificación del muro en la frontera.

Se trata de decisiones que afectarán de manera profunda a México, tanto en su economía como en las relaciones diplomáticas con el país más poderoso del mundo por las que históricamente ha luchado dada su vecindad geográfica.

Sobre la posibilidad del conflicto de interés, Marcelo Ebrard Casaubón -Secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal en el Gobierno de AMLO-, a través de su vocero Alfonso Brito, ratificó a este medio digital que el contrato de Rudolph Giulanni se pagó con recursos de la Iniciativa Privada, entre los cuales, la aportación mayor fue de Moisés Saba (Q.E.P.D, falleció en 2010, al desplomarse la aeronave en la que viajaba en Cuajimalpa).

“La condición que puso López Obrador fue que no hubiera un solo centavo de recursos públicos. Que sólo hubiera recursos privados, y así se hizo”, dijo Ebrard a través de Brito. Añadió: “López Obrador se reunió una sola vez con él, cuando Giuliani visitó la ciudad. Ebrard no lo ha visto ni contratado ni una sola vez desde 2003”.

EL VIEJO CONOCIDO DE MÉXICO

Los vínculos entre Rudolph Giuliani con López Obrador -aspirante a la Presidencia de México por tercera ocasión- y Ebrard Casaubón se entablaron en 2002. Ese año y según su propio anuncio, los dos tomaron la decisión de contratarlo para reducir la inseguridad en la capital del país.

Cuando comunicaron a los medios que el ex Alcalde neoyorkino los asesoraría, ninguno de los dos funcionarios admitió que la criminalidad se había disparado al grado de estar fuera de control y se limitaron a informar que esperaban lograr en la ciudad -entonces llamada DF- un descenso de homicidios en 40 por ciento y de 25 por ciento en robo.

Pero la inseguridad estaba desbocada. En esa ciudad que López Obrador gobernaba había un secuestro exprés por día. Además, algunos observadores indicaban que en Tepito, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc había venta de droga, lo que incrementaba la violencia.

Giuliani tenía meses de haber dejado la Alcaldía de Nueva York. Y el Gobierno de López Obrador le pagó 4.3 millones de dólares por el asesoramiento que duraría un año, con visitas cada tres meses.

El legendario diario de la capital estadounidense expuso que dicho contrato fue el primer gran servicio internacional de consultoría para Giuliani y sus asociados, en los que se encontraban Bernard Kerik, ex comisario del departamento de policía de Nueva York, y Maureen Cassey, quien fungiría como coordinador del proyecto “Cero Tolerancia”.

En agosto de 2003, la SSP a cargo de Marcelo Ebrard elaboró “El Reporte Giulanni-SSP”, en el que admitió que la reforma de la policía capitalina era “esencial” para mejorar la seguridad pública.

“Una respuesta inteligente y efectiva a la delincuencia requiere de un esfuerzo coordinado. La policía desempeña uno de los papeles esenciales en el proceso, sin embargo, es necesario que participen todas las instancias responsables. Sus esfuerzos deben estar complementados por una asistencia genuina proporcionada por los Ministerios Públicos, la Procuraduría, los fiscales, los juzgados, el sistema de reclusorios, correccional, la Asamblea Legislativa, otros funcionarios electos y el público en general”, se lee en el documento.

En la versión de la experiencia que Brito, el vocero de Ebrard, dio a este medio digital indicó: “El impacto de las recomendaciones se puede agrupar en tres: modernización y cambio de operación de la policía (COMPSTAT); tecnología (cámaras, computadoras, seguimiento diario de la eficiencia) y crítica al sistema judicial (la crítica de Guiliani es muy similar a la exposición de motivos del cambio del sistema inquisitivo al acusatorio oral)”.
“Creo”, dijo Ebrard a través de su vocero, “que sinceramente fue de un gran impacto en la policía, que estaba confundida, sin instrumentos modernos y culpabilizada de los delitos”.

Y SI LO PAGARON, ¿SIRVIÓ DE ALGO?

Los miembros del grupo Giuliani arribaron al entonces DF en octubre de 2002 y sostuvieron reuniones de trabajo a puertas cerradas con Marcelo Ebrard Casaubón en el piso 18 del hotel Sheraton. En estas reuniones surgieron las primeras críticas al contrato millonario porque algunas de las tácticas recomendadas ya eran usadas por la policía capitalina.

Pero además, la capital mexicana era un terreno por completo desconocido para ellos e incomparable con Nueva York. Por ejemplo, poco o nada sabían de qué era “secuestro exprés” o “robo en cajero”, delitos sin incidencia en Nueva York.

De modo que la discrepancia de los detractores era para qué pagar asesoría a un equipo que más bien venía a aprender el modus operandi de los grupos delincuenciales de una ciudad.

La prensa de San Diego informó entonces que el Gobierno de López Obrador pagó 450 millones de pesos sólo para que la consultora aprendiera las formas del crimen en México. Diez años después, Giuliani regresó a México y dijo que la ciudad se movía en la dirección correcta.

“La ciudad ha logrado muchos progresos y aunque seguramente todavía tienen muchos problemas, deben estar muy orgullosos de los cambios que han logrado”, dijo el hombre que aspira a ser Secretario de Estado en la Administración Trump.

Pero, de acuerdo con el investigador Erubiel Tirado de la Universidad Iberoamericana, las medidas de tolerancia cero jamás pudieron aplicarse a cabalidad. En lugar de una persecución del delito, se reprimió a franeleros o vendedores ambulantes y la incidencia delictiva continuó.

Hoy la estampa de la capital del país no es el de una ciudad de “tolerancia cero” al crimen. En el primer semestre de este año, en la capital del país ocurrieron 447 homicidios dolosos, el mayor número de los últimos 18 años y que registra un incremento anual de 17 por ciento, según un estudio de la organización Semáforo Delictivo.

Según el Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Rodolfo Ríos Garza, en una entrevista con SinEmbargo a principios de noviembre, el homicidio doloso apenas si tuvo un incremento de 0.2 por ciento al día -y se debe a riñas- y el culposo disminuyó en 18.4 por ciento.