Tiempo suspendido da cuenta de esta forma de violencia desplegada para el control social y eliminación de sectores importantes de la disidencia política, con un detallado seguimiento a las acciones de contrainsurgencia del Estado mexicano entre 1940 y 1980, documentos desclasificados del Archivo General de la Nación y testimonios de algunos militantes de movimientos como la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Respecto al actual Gobierno, el investigador Camilo Vicente Ovalle apuntó que nota voluntad política para reconocer este tipo de crímenes y hacer justicia, pero advierte que esto no significa que se haya transformado toda la estructura política en su totalidad: “Todavía hay instituciones que se resisten a transformarse”, asegura.

Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).- Durante los gobiernos de Luis Echeverría (1970-1976) y José López Portillo (1976-1982) se negó que en México existiera una estrategia para eliminar a un sector de la disidencia política, principalmente los grupos guerrilleros, y se construyó la imagen de que México no era parte de los regímenes autoritarios y dictatoriales, narrativa que se mantuvo casi intacta durante los gobiernos subsecuentes.

“A principios de los 70, la desaparición comenzó a transformarse en una estrategia de Estado: fue usada de manera frecuente y además se construyeron instituciones especializadas para su ejecución, con procedimientos determinados y con una línea de mando que involucraba a las principales dependencias de seguridad nacional”, explica el autor de Tiempo suspendido. Agrega que esta práctica encontró condiciones propicias para implementarse en América Latina por el desarrollo de los autoritarismos.

Respecto al actual Gobierno mexicano, el investigador apuntó que nota voluntad política para reconocer este tipo de crímenes y hacer justicia, pero advierte que esto no significa que se haya transformado toda la estructura política en su totalidad:

“Hay algunas instituciones y dependencias que sí están dispuestas a hacer lo posible para erradicar las desapariciones, pero creo que todavía varias siguen muy reticentes a someterse al juicio público y a transformarse […] Si no se resuelve esa contradicción, probablemente no vayamos a obtener resultados completamente satisfactorios”, asegura.

Tiempo suspendido. Una historia de la desaparición forzada en México hace un detallado seguimiento a las acciones de contrainsurgencia del Estado mexicano entre 1940 y 1980, con especial énfasis en la década de los 70, durante el periodo conocido como “Guerra sucia”. Con prólogo de Lorenzo Meyer, este libro se basa en documentos desclasificados del Archivo General de la Nación y testimonios de algunos militantes de movimientos como la Liga Comunista 23 de Septiembre. Para Puntos y Comas, esta es la entrevista con el historiador Camilo Vicente Ovalle.

Este libro es un trabajo original y relevante sobre la desaparición forzada, tema que ha adquirido gran importancia y actualidad en el campo de las ciencias sociales, así como en la vida política del país. Lo hace desde una perspectiva poco abordada hasta el momento que aporta a la discusión teórica del problema, así como a su conocimiento empírico, presentando un análisis global a partir de tres estudios de caso: Guerrero, Oaxaca y Sinaloa. A través de luso abundante de fuentes, principalmente documentos de los archivos de la represión y testimonios de sobrevivientes de desaparición, el autor propone un análisis sobre la política de contrainsurgencia y la desaparición forzada, y construye un marco interpretativo y explicativo que caracteriza a la lógica de violencia contrainsurgente como general pero no homogénea en su implementación. 

***

–¿El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador está realmente interesado en resolver los casos de desaparición en el país?

–Creo que hay voluntades políticas en este Gobierno, hay funcionarios muy interesados y comprometidos en que la desaparición forzada o cometida por particulares se resuelva y no se vuelva a repetir. El problema es que no estoy tan seguro de que el conjunto del Estado tenga ese mismo compromiso político.

Me parece que hay algunas instituciones y dependencias que sí están dispuestas a hacer lo posible para erradicar las desapariciones, pero creo que hay instituciones que aún siguen muy reticentes a someterse al juicio público y a transformarse. Una de esas instituciones es, sin duda, el Ejército Mexicano, que debe mostrar un mayor compromiso. 

Foto: Cortesía Bonilla Artigas Editores.

–¿Cómo surge la práctica de la desaparición forzada? ¿A partir de qué momento el Estado comienza a usar esto cómo herramienta?

–Son dos momentos importantes. Antes de los años 60 era una práctica usada por distintas dependencias, pero no era sistemática o una estrategia para combatir a las disidencias (eso fue lo que cambió después). Entre los 60 y principios de los 70, la desaparición comenzó a transformarse en una estrategia de Estado, esto quiere decir que fue usada de manera frecuente y que además se construyeron instituciones especializadas para su ejecución, con procedimientos muy determinados y con una línea de mando que involucraba a las principales dependencias de seguridad nacional en  el país.

Representación de madres y familiares de personas desaparecidas en Sinaloa, en una manifestación convocada por el Comité ProDefensa de Presos Políticos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos de México “Eureka”, para exigir la presentación de los desaparecidos y la amnistía general, febrero de 1979.

Representación de Comité Nacional ProDefensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados en la Cámara de Diputados para presentar una iniciativa de Amnistía General, agosto de 1978.

Comisión del Comité Pro-Libertad de Presos Políticos, afuera de Los Pinos, solicitando audiencia con el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, en noviembre de 1976.

–En tu capítulo “La organización de los hombres perfectos: desaparición y contrainsurgencia”, ¿a qué te refieres con este término?

–Eso lo tomé de una declaración que hace Miguel Nazar Haro durante una entrevista en 2005. Ahí hace un recuento de su vida como agente y luego titular de la antigua Dirección Federal de Seguridad, y dice que su idea era formar una organización de “hombres perfectos”, comprometidos con la defensa de la nación.

Me pareció muy ilustrativa esta idea de los hombres perfectos, de estos funcionarios del Estado completamente comprometidos en salvaguardar lo que ellos consideraban la seguridad de la nación y que entonces no importaba lo que hicieran ni los métodos empleados para cumplir con su objetivo.

–También hablas de Oaxaca, Sinaloa y Guerrero como tres estados en los que funciona la desaparición forzada de forma distinta…

–Justo en estos estados observamos distintos usos que se le dio a la desaparición forzada dentro de la misma estrategia de la contrainsurgencia. Me pareció relevante estructurarlo así, en primera, para observar en su conjunto al fenómeno de la desaparición forzada y por otro lado, también poder explicar por qué, a diferencia de otros países de América Latina que también sufrieron de esta práctica represiva, en el caso de México fue tan prolongada. Por ejemplo, Argentina y Uruguay más o menos tuvo un periodo de 12 años de dictadura en el que fue usada la desaparición. México lleva muchos más años.

Agentes de la DFS y del Ejército, durante un operativo en el municipio
de Ayutla, Guerrero, en el marco del Plan Telaraña, en mayo de 1971.

Soldados apostados en el palacio municipal de Juchitán, durante 1977, bajo el interinato del general Eliseo Jiménez Ruiz. El patrullaje era cotidiano. Ya no se irían de Juchitán, el acoso a la COCEI fue constante hasta finales de los ochenta.

Lo que yo encontré en mi investigación y análisis de estos tres casos como respuesta a por qué este uso tan prolongado, es que el Estado no lo hizo de la misma forma con todos y todo el tiempo. Por ejemplo, en el mismo año, podemos encontrar que mientras en Oaxaca a la Liga Comunista 23 de Septiembre se le desaparecía de manera permanente a los militantes, en Sinaloa sólo se le aplicó cárcel política a la misma organización. Estos juegos estratégicos en la implementación de la desaparición forzada sólo era posible observarlos en distintos estados, a través de distintos casos, que permitieran generar una explicación.

–¿La desaparición forzada es una táctica que se usa en general en América Latina? ¿Sólo sucede en países en vías de desarrollo?

–Es una práctica que encontró condiciones más propicias en América Latina para su implementación por el grado de desarrollo de los autoritarismos en estos países. Prácticamente en todos estos lugares, la desaparición forzada fue usada por los Gobiernos autoritarios, en distintos niveles y formas, pero fue usada. Pero también esa práctica fue usada en algún momento en países desarrollados como Alemania, España, Italia.

Ahora en América Latina es implementada con un menor grado, pero lamentablemente México sigue siendo una excepción porque ahora la desaparición se aplica de forma masiva. Creo que esto tiene su explicación en que no hemos podido hacer una transición democrática de manera radical, como en otros lugares.

Ramón Galaviz Navarro, detenido-desaparecido. Culiacán, Sinaloa, 1978. Foto tomada entre enero y febrero de 1978, en el cuartel de la 9ª Zona Militar.

Carlos Alemán Velázquez, detenido-desaparecido, en Culiacán, Sinaloa, el 29 de agosto de 1977. Ficha con los datos biométrico-políticos de Carlos.

Martha Alicia Camacho Loaiza, detenida-desaparecida el 19 de agosto de 1977 en Culiacán, Sinaloa. Ficha en un formato de la Inspección General de Policía Municipal. Cuando fue detenida tenía siete meses de embarazo, tuvo a su hijo en esa condición.

–¿Como ciudadanos hay algo que podamos hacer para contrarrestar este aparato sistemático de la desaparición? ¿Cómo nos defendemos a nosotros y a los demás?

–Quizá estemos condenados a hacerlo peor, lo cual es muy grave. Pero a nivel de los ciudadanos hay varias tareas, una de esas son las investigaciones como la mía y las de historiadores y periodistas que ahora lo que están haciendo es reconocer nuestra propia historia.

Hay un gran vacío en ese aspecto, no hemos reconocido esta historia como nuestra; la seguimos viendo como extraña, como “algo que pasa allá lejos” y en realidad es una historia que nos ha ido pegando como sociedad. En la medida en que la reconozcamos como nuestra historia, podremos ejercer una crítica mucho más fuerte.

La desaparición forzada en este país pudo ser implementada porque como sociedad no fuimos capaces de cuestionarla en su momento, una vez reconociendo eso, podemos tomar otras medidas como ciudadanos. Algo que también podemos es hacer es justo no rendirnos ante las lógicas autoritarias que siguen flotando en el país, tanto a nivel local como a nivel nacional. Que tengamos ahora un Gobierno en principio más abierto a reconocer este tipo de crímenes, no significa que se haya transformado toda la estructura política. Tenemos que seguir pendientes.

Militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, detenidos-desaparecidos en la ciudad de Oaxaca, en febrero de 1975.

Militantes de la Unión del Pueblo detenidos en febrero de 1975, después de estar desaparecidos varios días fueron enviados a la cárcel.

–¿Qué opinas acerca de la creación de la Fiscalía Especializada en el caso Ayotzinapa? ¿Hay un interés genuino en resolver el caso o es una fachada del Gobierno para tranquilizar a las familias?

–Sí creo que sea real. Por lo menos el Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ha dado muestras de una voluntad política real. El problema, como te comentaba al principio, es que hay instituciones que no tienen la misma intención, y de no resolverse eso, podemos llegar a un momento de crisis institucional.

Por ejemplo, la Fiscalía para Ayotzinapa, que está bajo la responsabilidad de la Secretaria de Gobernación, está tocando con pared con el Ejército Mexicano, que es una institución que no ha mostrado voluntad política para resolver ese y muchos otros casos. Eso es lo que hay que observar. Si no se resuelve esa contradicción, probablemente no vayamos a obtener resultados completamente satisfactorios en esta y en otras investigaciones.

Militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, en Sinaloa. Fueron detenidos en septiembre de 1977 por la DFS y el Ejército.

Comisión del Comité Pro-Libertad de Presos Políticos, afuera de Los Pinos, solicitando audiencia con el entonces presidente Luis Echeverría Álvarez, en noviembre de 1976.