De acuerdo con los primeros reportes, los amparos fueron presentados el pasado 12 de noviembre para impugnar la recomendación 37/2020 de la CNDH, en la que señala violaciones a los derechos humanos que derivaron en violencia física.
Ciudad de México, 30 de noviembre (SinEmbargo).– Dos jueces federales admitieron los amparos del General Brigadier Héctor Mosqueda Velásquez, Jefe de la Sección Novena del Estado Mayor, y del cabo Genaro Jiménez Mora, ambos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para anular una recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la muerte de nueve personas en septiembre de 2016.
El caso se relaciona al uso excesivo de la fuerza por parte de 11 elementos de la Sedena en un enfrentamiento armado ocurrido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, hace cuatro años.
De acuerdo con los primeros reportes, los amparos fueron presentados el pasado 12 de noviembre para impugnar la recomendación 37/2020 de la CNDH, en la que señala violaciones a los derechos humanos que derivaron en violencia física.
Los jueces que aprobaron los amparos son el Sexto y Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa, y con éstos concedieron suspensiones para que la Sedena no incorpore la recomendación de la CNDH a la base de datos ni a los expedientes de los militares, para que la legalidad de ésta sea analizada.
Dentro de los recursos admitidos por los jueces se cuestiona el Artículo 47 de la Ley de la CNDH, que señala que ante las recomendaciones, acuerdos y resoluciones definitivas de la Comisión no procede ningún recurso, por lo que los litigios pueden pasar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La recomendación que la Comisión lanzó descartó la versión que los soldados presentaron, en la cual argumentaron que fueron agredidos en todo momento.
“La finalidad del personal castrense, conforme al lenguaje usado por la propia Sedena en los diversos informes remitidos a la Comisión Nacional, fue la de ´neutralizar´ a los tripulantes del vehículo A, es decir, privarlos de la vida, ya que los disparos producidos se dirigieron principalmente a las zonas craneales y torácicas de las víctimas, pues nunca se empleó ningún tipo de táctica de sometimiento por parte del personal castrense”, se lee en el documento de CNDH.
En éste se instruyó a la Sedena para coadyuvar en la denuncia que la CNDH presentó contra los involucrados ante la Fiscalía General de la República (FGR),y estableció un plazo de tres meses para que se acreditara la aplicación efectiva de los manuales sobre el uso de la fuerza.
EL CASO
El pasado 3 de septiembre de 2016, nueve presuntos delincuentes fueron abatidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante dos enfrentamientos con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El Grupo de Coordinación Tamaulipas informó en un comunicado que la primera agresión se registró a las 13:30 horas en el kilómetro 13 de la carretera nacional Nuevo Laredo-Monterrey, cuando un convoy de la Sedena realizaba reconocimientos terrestres.
En ese punto, los militares fueron atacados por civiles armados que se desplazaban en varios vehículos. Al repeler la agresión, los uniformados abatieron a ocho de los delincuentes, asegurando una camioneta blanca, varias armas largas, cargadores y cartuchos útiles que no habían sido contabilizados.
Una hora después, y como consecuencia de la búsqueda de los agresores que se dieron a la fuga, los elementos de la Sedena volvieron a ser atacados en el cruce de la calle Mazatlán y Carretera a Anáhuac, Nuevo León.
En este segundo incidente, los militares abatieron a otros dos delincuentes. Hasta el momento ninguno de los 10 sujetos ha sido identificado.
