Eduardo Verdusco Verdusco y Julio César Soto, víctimas del albergue “La Gran Familia”, acusaron que las autoridades federales no han brindado la atención necesaria y constante que requieren los afectados de la reclusión obligatoria.
“La Ley General de Víctimas dice que tengo derecho a la salud, derecho a la atención psicológica, y que ellos debieron de haber armado un plan, para que yo y mis demás compañeros pudiéramos reinsertarnos a la sociedad”, comentó Eduardo Verduzco.
Ciudad de México, 30 de diciembre (SinEmbargo).- A cinco años y medio del rescate de niños, niñas y adolescentes violentados en el albergue de “La Gran Familia” de Mamá Rosa en Zamora, Michoacán, los agraviados siguen en espera de una reparación integral del daño y de justicia; en tanto que el Estado mexicano los ha abandonado, denunció Eduardo Verduzco Verduzco, una de las víctimas del albergue.
Eduardo, Julio César Soto, y una joven mujer, que pidió omitir su nombre, acusaron que la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas (CEAV) no brinda la atención necesaria y constante que requieren los afectados de la reclusión obligatoria en el albergue.
Los jóvenes, dos de ellos ya con hijos, acusaron que, aunque algunas de las víctimas sí tienen apoyos económicos, es común que las autoridades retrasen la entrega de los recursos y que la atención es insuficiente.
Eduardo Verduzco nuevamente denunció la falta de atención por parte de las autoridades a los jóvenes rescatados del albergue y aludió que las víctimas de este caso, que indignó a la sociedad en su momento, fueron casi abandonados por las autoridades.
“Incluso después de ser liberado pasé un infierno total. Me mandaron a callar, a golpear y la verdad yo no sabía usar las redes, ni nada de eso, con el tiempo fui entendiendo varias cosas: que puedo ser libre, que tengo derechos (…) Yo decidí venirme a la Ciudad de México a vivir otra vez. No tenía siquiera donde vivir, las autoridades ni nadie de los que nos rescató nos apoyaba. Llegué a un albergue otra vez, a trabajar en una empresa de limpieza. Ahora con lo que lucho es con la parte de mi depresión y ansiedad, incluso, al tratar de buscar una identidad, necesitaba documentos para seguir estudiando, para trabajar, para hacer muchas cosas, pero no me apoyaron”, denunció Eduardo.
Hace más de cinco años, el 15 de julio de 2014, autoridades federales rescataron a 596 personas de la casa hogar La Gran Familia, ubicada en Zamora, Michoacán. Se trataba de un total de 278 niños, 174 niñas, seis bebés recién nacidos; además de 138 mayores de edad.
La entonces Procuraduría General de la República (PGR), en ese momento encabezada por Jesús Murillo Karam, informó que las personas vivían en condiciones deplorables, recibían golpes y abusos sexuales.
Varios testimonios se dieron a conocer. Las declaraciones aseguraban que la directora Rosa del Carmen Verduzco Verduzco, conocida como “Mamá Rosa”, maltrataba física y psicológicamente a las personas ahí encerradas. La sexagenaria mujer fue hospitalizada un día después porque, luego de ser informada de su situación legal, su estado de salud se complicó. Mamá Rosa, que fue dueña del albergue por 40 años, estuvo cuatro días a disposición de la PGR, pero finalmente fue liberada pues la Procuraduría no presentó cargos contra ella.
En ese entonces, personalidades de la vida política y social de México mostraron incertidumbre por la detención de “Mamá Rosa” e incluso sospechaban de la veracidad de las acusaciones, hasta que días después “las autoridades abrieron las puertas del albergue donde sucedía de todo, y los testimonios de cientos de víctimas se empezaron a difundir.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó públicamente las agresiones físicas y psicológicas contra al menos 536 personas, la mayoría menores de edad; pero eso ocurrió hasta cuatro años después.
El 28 de noviembre de 2018 emitió una recomendación en la que confirmó que algunos de los agraviados vivieron por años con restricción en su movilidad al interior del lugar, siendo víctimas de diversos abusos, como la privación de alimentos, agresiones sexuales, privación de la libertad. Y detalló que incluso se generaron algunos casos de “cutting” (cortarse la piel con navaja u otro objeto); y que la falta de atención médica afectó su integridad.
El organismo emitió la recomendación a los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de Educación Pública (SEP), a la Comisión de Atención a Víctimas (CEAV), a la Dirección General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El caso de Mamá Rosa levantó severas críticas y exigencias por parte de la sociedad civil y organismos de derechos humanos hacía al Estado, a quien se le demanda desde entonces mejorar los mecanismos de vigilancia en las estancias y albergues infantiles, así como garantizar la seguridad de los infantes, sin embargo, la situación no parece mejorar.
A la fecha, las niñas, niños y adolescentes que permanecen en centros de asistencia social y albergues públicos y privados del país suelen ser víctimas de delitos como la desaparición, violaciones, maltrato y abuso sexual, además de una serie de violaciones a sus derechos, según acaba de revelar un nuevo informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), presentado apenas el pasado 4 de noviembre.
EDUARDO: FUE UN INFIERNO
Eduardo Verduzco Verduzco hoy es un joven de 24 años. Apenas iba a cumplir su mayoría de edad cuando fue rescatado del albergue. En esa “cárcel”, como él le llama, estuvo privado de su libertad por seis años, en los que sufrió abusos físicos, psicológicos y fue víctima de abuso sexual en múltiples ocasiones.
En entrevista con SinEmbargo el joven indicó que de niño huyó de casa de su madre en Chilpancingo, donde sufría violencia intrafamiliar. Llegó a la Ciudad de México, entonces DF. “Llegué al Barrio de Tepito donde conocí a una persona que abusó sexualmente de mí durante un año […] me ocupaba como trabajador, pero logré escapar de este guey y viví un tiempo en la calle”.
El menor no quería seguir en condición de calle por lo que acudió al DIF Nezahualcóyotl, Estado de México, para pedir apoyo.
“Yo tenía como doce años en ese entonces y tenía el nombre de mis papás: me llamaba Eduardo Yair Olarte Cruz […] Cuando le di mis apellido al DIF y les dije que soy originario de Puebla, ellos quedaron de buscar a mi familia”.
Sin embargo, la gente del DIF lo envío al albergue en Zamora, Michoacán.
“Una noche llegaron dos trabajadores sociales y me dijeron ‘no encontramos a tu familia’, entonces me subieron al coche, manejaron por la noche, y al siguiente día yo estaba afuera de las instalaciones del albergue de la “Gran Familia”.
Eduardo tenía 12 doce años.
“Ese día llegué y los del DIF firmaron unos papeles con Mamá Rosa, Rosa María del Carmen Verdusco Verdusco. A mí me dijeron que ya me iba a quedar ahí y yo les dije que esa no era mi familia y que ellos quedaron de buscarla; sin embargo, no les importó”, narró el joven.
Eduardo agregó que ese día dijo que no quería quedarse en el sitio, pero que Mamá Rosa mandó a unos encargados quienes lo trasladaron a uno de los patios donde golpearon y le patearon la cabeza.
“Me pateaban, y riéndose, burlándose me dijeron `bienvenido a mi nuevo hogar”.
La víctima contó que el inmueble parecía a un reclusorio. “Empecé a ver puro barrotes… como cuando llegas al reclusorio, y todos te quieren dar tu bienvenida. […] Las comidas eran como dos papitas llenas de gusanos”, platicó.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos comprobó que las “víctimas vivían en situación precaria y de riesgo e inmersas en condiciones de vulnerabilidad múltiple, ya que todas ingresaron a la Casa Hogar cuando eran niñas, niños y/o adolescentes, e incluso al momento del operativo, muchos aún eran personas menores de edad”.
En el inmueble había más de 100 galeras cuyas ventanas tenían barrotes, pero no vidrios, distribuidas en dos pisos, repletas de literas, donde cerca de medio millar de menores dormían amontonados sobre colchones sucios y sin sábanas o cobijas.
En las pequeñas habitaciones había baños improvisados con retretes de cemento y sin puertas, con un drenaje en tan malas condiciones que vivían entre sus propios excrementos. En el lugar, los menores eran golpeados, encerrados e incluso muchos fueron abusados sexualmente por los guardias del lugar.
Eduardo reiteró que durante su encierro fue víctima de violación.
“Pasé seis años encerrado ahí, ahí fueron mis primeras violaciones, para mí eso es algo muy difícil que aún no puedo superar, he tomado terapias, he buscado ayuda profesional porque no puedo seguir con mi vida, incluso yo he tomado medicamento y he estado internado en un psicológico”, relató.
El joven también señala que Mamá Rosa mandaba a sus encargados para que lo golpearan cuando él se revelaba o protestaba por algo.
“Y yo sí me le ponía al brinco a Mamá Rosa, y me encerraban en un lugar que se llamaba el Pinocho, era un bañito que sólo tenía una rejita, y me dejaban sin comer a veces hasta un mes o hasta que le pidiera perdón a Mamá Rosa, y decirle que jamás la iba a volver insultar y nada de eso.”
Recordó que durante su estancia intentó huir varias veces, incluso se robaba cuchillos para amenazar a encargados, pero no lo lograba, y los castigos se endurecían.
Eduardo comentó que, aunque fueron liberados, el infierno no terminó ahí, pues por meses algunas de las víctimas eran amenazadas, y el trato a los afectados –por parte de las autoridades– ha sido deficiente y han tenido que enfrentarse a varios retos solos, sin apoyo del Estado, algunos de ellos incluso hasta el poder confirmar su identidad.
“Ya pasado esto yo decidí venirme a la ciudad de México, porque si ya eres mayor, ninguna institución se hace cargo de ti. Yo decidí venirme a la ciudad de México, a vivir otra vez, no tenía siquiera donde vivir, las autoridades ni nadie de los que nos rescató nos apoyaba”, denunció.
Verduzco Verduzco comentó que incluso al menos tres jóvenes, – también víctimas del albergue–, se suicidaron tiempo después de ser liberados. Eduardo culpa al Estado de esos decesos, de los cuales, uno de era su compañero de casa.
El joven aclaró que la CEAV sí ha brindado apoyos, sin embargo, destacó que no son suficientes, y la atención no fue integral.
“La Ley general de víctimas dice que tengo derecho a la salud, derecho a la parte psicológica, atención psicológica, y que ellos debieron de haber armado como un plan, para que yo pudiera y mis demás compañeros pudiéramos reinsertarnos a la sociedad”, comentó el joven.
Julio César Soto Magaña, también es víctima de “La Gran Familia”, y ejemplificó que, aunque la CEAV sí ha brindado algunos apoyos económicos a víctimas, los recursos no son seguros, ni constantes como debía de ser.
“El apoyo de la CEAV es inseguro: puede que te deposite o no. No te dan respuestas, no te atienden como persona. Sí quisiéramos que se enfocaran más en su trabajo, porque para eso trabajan: para que ayuden a la gente, pero no a todos se les ayuda. Hay gente que no tienen ni para comer y no se les toma en cuenta, quisiéramos que a todos se les tome en cuenta por igual, quisiéramos que a todos se les atienda igual”, comentó.
NIÑOS SIGUEN EN RIESGO: CNDH
La situación de riesgo para niñas, niños y adolescentes que permanecen en centros de asistencia social y albergues públicos, en cuanto a que sean víctimas de delitos como la desaparición, violaciones, maltrato y abuso sexual, persiste en el país.
Un informe de la CNDH reveló que centros de asistencia social del Estado de México, Chihuahua y Veracruz concentran el mayor número de denuncias de maltrato y malas condiciones a niños, de acuerdo con datos de procuradurías y fiscalías estatales proporcionados al organismo.
En México se estima que alrededor de 33 mil 118 niñas, niños y adolescentes se encontraban bajo la protección de 875 casas hogar, albergues, refugios y otras modalidades de cuidado institucional, públicos y privados en todo el país, de acuerdo al Censo de Alojamientos de Asistencia Social (CAAS) 2015.
“Tales cifras alertan al Estado mexicano sobre la magnitud de un problema social registrado y documentado desde hace al menos dos décadas: la situación especial de vulnerabilidad en la que se encuentran las niñas, niños y adolescentes que -por diversas causas- carecen de un entorno familiar. No son pocos los casos de violencia, abuso, negligencia y omisiones contra la población menor de edad residente en centros de asistencia social, cuyo origen ha radicado, generalmente, en la falta de regulación, supervisión y control estatal, y en el no reconocimiento del carácter de sujetos de derechos de niñas, niños y adolescentes”, alertó la Comisión en su Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes en Centros de Asistencia Social y Albergues Públicos y Privados.
Además, el pasado 4 de noviembre, visitadores de la CNDH informaron que se han registrado al menos 302 denuncias contra albergues, de las cuales, el 27 por ciento fueron por desaparición de personas; 14 por ciento por violencia familiar equiparada; 6 por ciento por violación; 5 por ciento por lesiones o maltrato; 5 por ciento por abuso sexual y 6 por ciento por otros delitos. Solo 5.2 por ciento de las averiguaciones previas o carpetas de investigación se consignaron y se desconoce el estatus de 44.7 por ciento de las denuncias presentadas.
El Visitador Ismael Eslava llamó al Congreso de la Unión a reformar el artículo 107 de la Ley Genaro de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para obligar la vigilancia de centros y albergues, además de prohibir expresamente el castigo corporal.
El funcionario destacó que las cifras recabadas muestran que en dichas instancias no se aplica la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional del que México es parte.
La CNDH también pidió a los congresos locales y a las Secretarías de Gobernación, Salud, Educación pública, Cultura y Bienestar generar programas integrales para mejorar los centros y capacitar al personal.
A los encargados de procuración de justicia del país, el Primer Visitador pidió mejorar la recopilación de denuncias y delitos, así como darle prioridad a la atención de los mismos.
