Con la tragedia de Monterrey, el asesinato del periodista Humberto Millán Salazar, la denuncia por la deuda irregular de Coahuila y el tema de las “borrachas de Polanco”, poco se escuchó ayer a la Secretaría de la Función Pública, que detectó un presunto quebranto patrimonial por 67.3 millones de pesos  en el ISSSTE de Miguel Ángel Yunes, el amigo de la casa presidencial y ex candidato del PAN a la gubernatura de Veracruz.

Resulta que personal del ISSSTE adquirió de manera injustificada 200 mil botiquines de primeros auxilios, de los cuales 31 mil 265 fueron “donados indebidamente” a los sindicatos de Elba Esther Gordillo: El SNTE y el SNTISSSTE, así como a servidores públicos y derechohabientes. De la denuncia de la Función Pública, una cita: “No existió justificación en el número adquirido (de botiquines) ni respecto al criterio tomado para determinar el contenido”.

Además, la empresa proveedora, Belensky SA de CV, dio como domicilio fiscal una dirección falsa.

Pero no espere usted nada del gobierno federal. Tanto Miguel Ángel Yunes como Elba Esther Gordillo son amigos del presidente Felipe Calderón. Los tres sirven a sus propósitos mutuos.

Yunes fue el candidato presidencial en Veracruz.

Elba Esther es operadora electoral de la hermana del presidente, quien quiere ser gobernadora de Michoacán.

País de fraudes, de impunidad, de violencia. País en manos de políticos de moral ligera.

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¿Quién para dirigir a los diputados federales del PAN ahora que Josefina Vázquez Mota deja la coordinación en San Lázaro  para buscar la candidatura presidencial? Se mencionan tres nombres, pero uno es el que lleva la delantera, según nos dicen. Se habla de Francisco Ramírez Acuña, Carlos Alberto Pérez Cuevas y Francisco Javier Salazar. El primero, ex gobernador de Jalisco y ex secretario de Gobernación, se afirma, es el más encaminado.

Tampoco hay muchas certezas. Recuerden ustedes que en algún momento Ramírez Acuña fue opositor de Gustavo Enrique Madero cuando era candidato a la dirigencia nacional del PAN. Y recuerden que este nombramiento es facultad del presidente del Comité Ejecutivo Nacional; lo de la auscultación entre los diputados es un mero trámite.

Quizás a Madero le convenga sumar en lugar de restar. En esa lógica es que Ramírez Acuña podría llegar.

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Después de un día de ira en las redes sociales, el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE) en el estado de México, David Garay Maldonado, anunció que corrió a Severiano Martínez Ángel y el jefe de turno, David Estrada, los dos policías que colgaron un perro del astabandera del Colegio de Policía de Neza.

Muy bien, David Garay. Buena muestra de sensibilidad.

Ahora, lo que sigue es legislar al respecto. El Estado de México podría ser el primero si se mueven rápido –aunque el gobernador Enrique Peña Nieto sólo anda en temas “importantes–, pero la Ciudad de México lleva delantera.

Nos dicen que hay una reforma pendiente al Código Penal del Distrito Federal en materia de protección de mascotas. El Presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la ALDF, el diputado Julio César Moreno Rivera, impulsa esta modificación que pide pena de tres meses a un año de cárcel y 100 a 300 días de salario mínimo de multa a quien realice actos de crueldad o maltrato en contra de cualquier especie animal, incluso sin causarle lesiones; y en caso de que dañe físicamente la prisión aumenta a dos años. Si el maltrato o crueldad causa la muerte, el castigo será de 2 a 6 años y quinientos a mil días de salario como multa.

Muchos aplaudirán una ley así. Ojalá suceda. Ojalá.