Como Felipe Calderón en su momento –allá por 2006–, Ernesto Cordero Arroyo, aspirante panista a la candidatura presidencial de 2012, ha movido su equipo íntimo en un intento por sacudir las encuestas que lo dan casi por muerto. El ex secretario de Hacienda ha incorporado a Juan Ignacio Zavala Gómez del Campo, como coordinador de Mensaje, entre otros.

Y así, el delfín arrastra consigo al equipo personal de Calderón rumbo a… ¿el fracaso?

El rezago de Cordero no se resolverá con la sola presencia del hermano de Margarita Zavala, esposa del primer mandatario. Pero esta jugada del ex secretario es un último salvavidas para recuperar su campaña. Un último salvavidas, porque se acaba el tiempo y Josefina Vázquez Mota no cede.

Pero si este intento de salvar el barco no funciona, tampoco nadie se extrañe. Los más cercanos al Presidente han tenido destinos bastante pobres.

Luisa María, su hermana, es la más reciente derrota de Calderón. “Cocoa” perdió en las elecciones por el gobierno de Michoacán, pese al apoyo que recibió desde el gobierno federal, según las denuncias presentadas por el PRI y el PRD.

Sin embargo, antes, su secretario particular, Luis Felipe Bravo Mena, le significó un retroceso a Acción Nacional en el Estado de México.

Y el ex director del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, cayó ante el PRI en Veracruz.

Además, el compadre del presidente, Guillermo Anaya, ni siquiera pudo meter las manos para detener a los Moreira en Coahuila.

Y sus dos presidentes nacionales del partido, Germán Martínez Cázares y César Nava Vázquez –hombres de su “absoluta confianza” y quienes ayudaron a Calderón a llegar a Los Pinos en 2006– están prácticamente borrados de la escena pública.

Esto sin sumar a otros mandos menores, como Patricia Flores, la “vicepresidenta”; o como Max Cortázar y otros.

Ahora el cuñado, Juan Ignacio Zavala, se suma al esfuerzo de Cordero.

Quizás el sexenio termine sólo con derrotas para el equipo de Calderón.

Esa ha sido la constante. ¿Por qué algo podría cambiar esta vez?

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Miguel Ángel Mancera lanzó un reto al PRD: sí quiere ser candidato al Gobierno del Distrito Federal en 2012, pero si el sol azteca decide abrir su convocatoria sólo a sus miembros, él quedará fuera pues no piensa afiliarse al Partido de la Revolución Democrática.

No obstante, el procurador de Justicia del Distrito Federal no pretende renunciar a sus aspiraciones políticas ni tampoco a su congruencia ideológica, que él mismo ha dicho está con la izquierda.

Ubicado por las empresas encuestadoras como uno de los favoritos de la ciudadanía para contender por el GDF el próximo año, el abogado no descarta, incluso, competir por el gobierno capitalino con una candidatura ciudadana pues, según ha declarado en la prensa, “nosotros seguimos siendo un planteamiento ciudadano nada más, será la ciudadanía la que decida”.

La negativa de Mancera para afiliarse al PRD es, otra vez, una postura que será difícil de resolver al interior de ese instituto político, en el marco de una guerra permanente entre tribus, que ni la “reconciliación” entre Andrés Manuel López Obrador y Jesús Ortega Martínez ha logrado aminorar. Ahí todos quieren el GDF y ya están en la rebatinga. Mancera, pues, podría dar la gran sorpresa y convertirse en el primer candidato ciudadano que compita en las urnas por el gobierno de la Ciudad de México.

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Ángel Aguirre Rivero destituyó, un día después del enfrentamiento entre estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y policías estatales y federales, que costó la vida de los jóvenes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, a prácticamente todo su gabinete de Seguridad.

El gober incómodo despidió al procurador general de Justicia, Alberto López Rosas; al titular de Seguridad Pública, Ramón Almonte Borja –considerado uno de sus principales colaboradores–; el general Ramón Arreola Ibarría, subsecretario de Seguridad Pública, y al teniente Antonio Valenzuela Valdés, quien era director de la Policía Investigadora Ministerial.

Del gabinete de seguridad, Aguirre Rivero sólo mantiene en el cargo el secretario general de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, su compadre en lo personal y su aliado de toda la vida.

La reacción, por supuesto, se produjo luego de la indignación nacional que produjera el asesinato de los dos jóvenes –uno más se mantiene en estado de coma– abatidos a tiros, incluso por la espalda, por las fuerzas del orden que, en ese momento, eran responsabilidad total de Aguirre.

Con las renuncias de esos funcionarios, el caso no está cerrado. Hay muchas preguntas que el escurridizo Aguirre tendrán que contestar: ¿Por qué torturaron a uno de los estudiantes detenidos para que confesara que él disparó con una AK-47? ¿Por qué golpear salvajemente a 23 personas que fueron detenidas tras el enfrentamiento? ¿Quién mató a los normalistas? ¿Habrá consignaciones por estos abusos?

Ya hay denuncias de defensores de los derechos humanos contra su gobierno, otras que se suman a las decenas que se le han hecho al político de Ometepec y que simplemente no ha contestado.

No hay que olvidar que durante su gobierno interino en Guerrero –entre marzo de 1996 y marzo de 1999– el propio PRD (partido en el que, por cierto, milita apenas hace ocho meses) denunció que sólo en los primeros 17 meses de aquella administración documentó casi 100 casos de violaciones a derechos humanos, hechos que evidenció como parte de una “política represora”. Ese reporte fue entregado por el PRD en agosto de 1997 al entonces relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para casos de tortura, Nigel Rodley, durante su visita a la entidad. En él constan casos de asesinatos, torturas, desapariciones, detenciones ilegales. Ahí están consignados. Ahí esperan que se haga justicia.