Ángel Heladio Aguirre Rivero ya hizo historia en el tema de los derechos humanos en México y no por su respeto a los mismos, sino porque se convirtió en el primer gobernador en la historia moderna de México que es citado por un presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) –en este caso Raúl Plascencia Villanueva– con base en las nuevas atribuciones que le confirió la reforma constitucional en esa materia.

Sí, Aguirre Rivero sigue ganando exclusivas, aunque éstas no sean para enorgullecerse y menos por un señalamiento tan grave como el asesinato de dos estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y la represión con violencia que el 12 de diciembre pasado fue ejercida por la policía contra decenas de alumnos que se manifestaban en la Autopista del Sol, a la entrada de Chilpancingo.

Plascencia Villanueva entregó al mandatario guerrerense tres documentos que serán analizados para desahogar la queja pero, además, el ombusman lo regañó, pues le hizo saber que respondió tarde las medidas cautelares que le fueron solicitadas. Por ello, añadió Plascencia, llamarán al gobernador cuantas veces sea necesario hasta esclarecer la queja de los estudiantes, que es por “violaciones graves a los derechos humanos, privación de la vida de dos estudiantes, tortura a 15 personas y 24 detenidos”.

Los periodistas que aguardaban por Aguirre Rivero en las instalaciones de Periférico Sur, en la Ciudad de México, reportaron que el gobernador tenía cara de pocos amigos al salir de la cita con el titular de la CNDH. Es más, no quiso emitir ninguna declaración y simplemente se escabulló. Pero, como decíamos, marcó ya un precedente histórico, un ejemplo para otros mandatarios estatales también acostumbrados a dejar hacer y dejar pasar.

Sin embargo, para la comisión este asunto no para en Aguirre y valora si citarán a comparecer incluso al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y al comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas. Todo, dijo Plascencia, hasta no dejar claro quién ordenó la represión así como disparar contra los normalistas.

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El ataque de un comando armado contra los escoltas que protegen al gobernador de Coahuila, Rubén Moreira Valdés, es preocupante por donde se vea.

Primero, porque muestra hasta dónde se ha elevado el grado de violencia en esa entidad coahuilense, en cuya capital, Saltillo, las balaceras y los asesinatos son el pan de cada día; segundo, porque evidencia que la seguridad estatal –incluida la federal–no pueden ni siquiera garantizar que su máxima autoridad política sea blanco de ataques del crimen organizado y, tercero, porque, en la víspera de 2012, en un año inminentemente electoral, el Estado mexicano no parece estar preparado para impedir una desgracia que enlute a más familias, sino que ponga en riesgo la estabilidad social y económica.

Moreira aseguró, a toro pasado, que no estuvo en “peligro inminente” durante el atentado que ocurrió el domingo por la tarde contra uno de los vehículos que integraba la columna de seguridad que lo custodiaba rumbo a su casa en el Fraccionamiento San Alberto, al norte de Saltillo.

“Todo fue muy rápido y haciendo la revisión de los hechos no estuvimos en un peligro inminente”, aseguró a medios de comunicación de Torreón, a los que explicó que se trasladaba junto con su esposa la diputada federal Carolina Viggiano Austria y con otro familiar rumbo a su domicilio.

Es bueno, para todos, que ese ataque a balazos no haya cumplido su cometido. Es malo, muy malo, que el crimen organizado, en respuesta a la guerra emprendida en su contra hace más de cinco años por Felipe Calderón, esté buscando objetivos con cargos cada vez más altos.

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Brasil ya es la sexta economía más grande del mundo. Una lección que inspira a todos, pues delante del país sudamericano sólo están Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Francia.

De acuerdo con el diario británico The Guardian, el país que en la última década ha mantenido mano firme en la aplicación de reformas económicas y sociales (primero con los cambios impuestos por Fernando Enrique Cardoso, luego con el empuje a la inversión desarrollada incluso por un gobierno de izquierda como el de Luiz Inacio, “Lula”, Da Silva –quien volvió a darle brillo internacional a esa nación– y ahora con la agradable sorpresa que es Dilma Rouseff como presidenta y la exigente aplicación de una “política de transparencia”) desplazó del sexto sitio al Reino Unido y lejos de ser una esperanza, es ya un líder mundial en toda la extensión de la palabra.

¿Y México? Nos preguntamos acá. ¿Dónde quedó su liderazgo en América Latina? Bueno, pues todas las cifras muestran que está, evidentemente, muy dañada y va para mal.

Si nos atenemos a las mediciones internacionales, durante la administración de Felipe Calderón la economía mexicana ha perdido 11 sitios en el ranking mundial de libertad económica, según la métrica del Fraser Institute de Canadá.

Al recibir el poder, México ocupaba el lugar 64 entre 138 economías revisadas y sólo tres años después, en 2009, cayó hasta el lugar 75 de un universo de 141 países muestra.

Al interior del “Reporte Anual del Índice de Libertad Económica 2011” se puede ver que países como los africanos Ghana (sitio 70), Botswana (68) y Namibia (66) y los caribeños Haití (67), Jamaica (49) y Bahamas (40) ofrecen mejores condiciones para trabajar, invertir y producir que en México.

Pero si se revisan indicadores de corrupción, por ejemplo, veremos que en 2011 se pasó del sitio 98 al 100, entre las 180 posiciones en el listado mundial del Índice de Percepción de la Corrupción, realizado por Transparencia Internacional. En este caso, de 2007 a la fecha, en la administración del presidente Calderón se ha retrocedido 28 sitios.

Y podríamos hacer una lista más y más larga. Todas sirven para explicar por qué el país perdió su liderazgo en el escenario mundial y por qué, ahora, México es visto con preocupación por ser semillero de pobres y de violencia.