El gobernador priísta de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y su secretario de Finanzas, Tomás Ruiz González, siguen sin aclarar por qué en su administración se paga a los proveedores con, por ejemplo, 25 millones de pesos en efectivo, enviados en maletas y por avión, sin presentar documentos oficiales, como facturas, contratos, recibos, etcétera, y sin enterar los impuestos correspondientes a la Secretaría de Hacienda, entre otras instituciones.

Ese tema aún no ha quedado cerrado, es una investigación en curso. Incluso, el Senado de la República pidió a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Bancaria y de Valores, y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar y entregar un informe detallado respecto de la investigación de los 25 millones de pesos incautados al gobierno de Duarte de Ochoa el pasado en el aeropuerto de Toluca, el pasado 27 de enero.

Sin embargo, los diputados federales del PRI por Veracruz, en un acto de verdadera desvergüenza y aprovechando la guerra de lodo que, ciertamente, ha sido emprendida desde el gobierno federal contra los del tricolor, ahora no sólo piden le regresen a Duarte sus 25 millones de pesos, sino exigen –indignados ellos– que el presidente Felipe Calderón Hinojosa cumpla con su tarea de servir a los ciudadanos sin distingo ni interés político de por medio.

Es verdad que la estrategia de Calderón de atacar a los priístas desde instituciones federales no le ha dado el resultado que esperaba e incluso se le ha revertido, al punto que ahora los tricolores se muestran como víctimas y, en especial, los veracruzanos están aprovechando la fallida cruzada de Los Pinos, para defender a su gobernador, quien tiene menos de año y medio en funciones y ha demostrado que no es una blanca paloma.

En esta guerra de declaraciones, que no tienen otro sentido más que el electoral, el legislador Juan Nicolás Callejas advirtió que “como veracruzanos no permitiremos que el esfuerzo de un gobierno como el de Javier Duarte de Ochoa sea distorsionado para fines ajenos al beneficio de nuestro estado y del país”. Es más, exigió a la PGR no caer en la tentación de un manejo faccioso de la justicia, que cumpla con su deber legal y devuelva los recursos asegurados y que, según él, pertenecen a los veracruzanos… aunque, claro, no dice a cuáles en particular, pues seguro la población en general no verá un solo peso.

Si los priístas realmente quieren que el gobierno federal aclare esa situación y se apegue a la ley, también deben exigir que tanto Duarte como Ruiz hablen con toda claridad sobre el origen y el destino de esos recursos y respondan a todas las interrogantes sobre el caso. De lo contrario, por más ofendidos que se sientan –y más aún si su respuesta es sólo a la luz de los escarceos electorales–, los legisladores priístas por Veracruz también serán corresponsables de tolerar las supuestas conductas ilegales del gobierno local.

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Justo para evitar que la contienda electoral del próximo 1 de julio siga llenándose de asegunes y de acusaciones de persecución desde Los Pinos, todos los partidos en la Cámara de Senadores –incluido el PAN, que lo hizo en forma general sin referir la exigencia directamente a Felipe Calderón–avalaron pedir al Jefe del Ejecutivo Federal que “ajuste sus actos a la ley y no interfiera en el proceso electoral”.

Además, solicitó a la titular de la PGR, Marisela Morales Ibáñez, “no utilizar a la institución con fines electorales y que rinda un informe sobre las razones de la destitución del anterior titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales”.

Además, el Senado exhortó a las fuerzas políticas, a los tres órdenes de gobierno, los tres poderes y a la ciudadanía, “abonar en la creación de las condiciones más propicias para que el proceso electoral se desarrolle en un marco de respeto a la ley, tolerancia y participación”, con el objetivo de que entre los candidatos prevalezca el debate político de las ideas y no de la guerra sucia, las denostaciones y las mentiras”.

Lo del Senado no es más que una advertencia sobre lo que se podría desatar desde la noche del domingo 1 de julio: una lluvia de acusaciones sobre violencia, fraude y delincuencia electoral. Este escenario, aunado a la polarización del país, ya se vivió en julio de 2006 y las heridas infligidas fueron tan profundas que aún no cierran.

Más desconfianza e irritación social, vengan de donde vengan, a nadie le convienen.

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No señores, la liga entre Enrique Peña Nieto y Elba Esther Gordillo Morales no está rota, simplemente se estiró hacia otros ámbitos, pero de que, al final, jugarán del mismo lado de la cancha, al tiempo…

El Partido Revolucionario Institucional y el Partido Nueva Alianza (Panal) registraron ayer la “Alianza Por Morelos” ante el Instituto Estatal Electoral para ir coaligados en seis de 18 distritos, 13 de 33 ayuntamientos, mientras que en los otras alcaldías, diputaciones locales y la gubernatura irán con “candidaturas comunes”.

Es decir, el priísmo morelense le cedió prácticamente todo el paquete a los del partido de la “maestra”, ante la amenaza que les significa la candidatura de Graco Ramírez Garrido Abreu por la coalición PRD, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, y quien, de acuerdo con las encuestas más recientes, es quien encabeza las preferencias de los morelenses.

Y aunque el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en Morelos, Manuel Martínez Garrigós, se negó a contestar a la prensa si la cercanía con la presidenta vitalicia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, es positiva o negativa para el tricolor morelense, sí reconoció que “los maestros suman, suma todo el sindicato, no sólo Gordillo”.

Así que, en estados con riesgo de perderse, la “maestra” estará presente para “apoyar” a su amigo Peña Nieto. Veremos si en verdad aún su presencia significa “ayuda” o, se confirma por fin, que ahora ya sólo estorba.