Un año y medio después de que se anunciara la suspensión indefinida de las operaciones de Mexicana de Aviación y sus filiales Click y Link, debido a los malos manejos financieros quien fuera su director general, Gastón Azcárraga Andrade, llegó la luz al final del túnel: Med Atlántica será la que encabece la restructuración de la empresa.

El anuncio, realizado por Felipe Consuelo Soto, juez conciliador del concurso mercantil, y Dionisio Pérez Jácome Friscione, secretario de Comunicaciones y Transportes, generó júbilo e incluso lágrimas de alegría por parte de los trabajadores de la aerolínea, quienes mantuvieron una férrea lucha en la defensa de sus derechos laborales, enfrentando a poderosos funcionarios del calderonismo, como el entonces secretario de la SCT, Juan Molinar Horcasitas –a quien demandaron ante la PGR– y el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón –a quien acusaron de favorecer los intereses de otras aerolíneas, con la salida de operación de Mexicana–.

Para iniciar la reestructuración se realizará un nuevo convenio con los acreedores y luego la SCT terminará el análisis de toda la operación para otorgar a los nuevos dueños de esa empresa un nuevo certificado de operador aéreo.

Med Atlántica inyectará un capital de 300 millones de dólares para que la empresa pueda volar en una primer fase con siete aviones, en abril próximo. De acuerdo con la información oficial, al final de este año la firma tendrá 40 aeronaves, lo que permitirá hacerla rentable y contratar a un mayor número de empleados.

Por supuesto, la noticia es una de las mejores para el país en los últimos meses.

El gobierno federal dejó a la buena de Dios no sólo a los empleados de la compañía, sino a un sector vital para la buena marcha de la economía del país, que desde hace 18 meses se mantenía colapsado.

Esa dilación no hizo sino alimentar los rumores y los reclamos de los trabajadores en el sentido de que era claro que el gobierno operaba en favor de empresas como Aeroméxico, Volaris e Interjet.

Por fortuna, el arreglo llegó y la Compañía Mexicana de Aviación, creada en 1921 y que fuera la aerolínea más grande del país, levantará nuevamente el vuelo.

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Obligado por la lluvia de críticas, Felipe Calderón Hinojosa utilizó la ceremonia del Día de la Bandera para comprometerse a respetar el voto de los ciudadanos y el resultado de los comicios federales del 1 de julio próximo.

Por ello pidió a los mexicanos ejercer sus derechos políticos y “esforzarnos” para que “haya en todos la plena libertad de la expresión de las ideas, derecho en cuya garantía, se ha esmerado el gobierno”.

Como se recordará, el jueves 23 de febrero, el Presidente de la República dijo –en una reunión ante 700 consejeros del Banco Nacional de México– que la precandidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, se encontraba ya a cuatro puntos del priísta Enrique Peña Nieto, de acuerdo con las encuestas de la casa presidencial.

De inmediato, partidos, candidatos y políticos de la oposición le exigieron comportarse como un Jefe de Estado y no meter las manos en la elección federal, además que pidieron al Instituto Federal Electoral una investigación sobre el caso.

En este contexto, Calderón Hinojosa aseguró que su gobierno despejará cualquier suspicacia, y evitará cualquier expresión que genere desconfianza. Él, prometió, se mantendrá apegado a lo que dicta la ley.

Veremos, pues, si resiste esa tentación.

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El Congreso de Guerrero pretende aprobar su nueva Ley de Fiscalización Superior, en medio de señalamientos entre los propios legisladores de pretender responder a intereses ajenos a la soberanía local.

Uno de los peligros que se corre con el tipo de ley que se quiere imponer ahí es que se replique el modelo a nivel nacional y acabar con la fiscalización moderna, enterrar e impedir que los informes se den, como los hace el Auditor Superior de la Federación (ASF), y que han otorgado muy buenos elementos de información pública, sobre funcionarios y la operación de los recursos que son de todos los ciudadanos.

El pasado miércoles, en sesión extraordinaria, se llevó la discusión al pleno con un quorum legal intermitente que finalmente obligó al Presidente de la Mesa Directiva a levantar la sesión y reanudarla hasta el lunes próximo. La ley, impulsada por la Comisión de Vigilancia de la Auditoría General del Estado, se pretendía aprobar en olla express y sin discusión alguna.

Entre las argumentaciones vertidas destaca la inédita violación a la autonomía del órgano de fiscalización del propio Poder Legislativo, al pretender que sea una comisión camaral quien designe a los titulares de las auditorías especiales y direcciones.

Con esa “puntada” se corre el riesgo de replicar el modelo guerrerense en otras entidades y acabar con la incipiente rendición de cuentas gubernamental, y quebrantar los principios de imparcialidad y legalidad a los que se debe apegar todo modelo fiscalizador.

En días pasados, el país fue testigo de los resultados de la auditoría publicados por el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, en donde se rindió cuenta detallada de observaciones y recomendaciones puntuales hechas por el órgano fiscalizador tanto a secretarías de Estado como a gobiernos estatales.

La ciudadanía fue depositaria de la información que derivó del ejercicio de fiscalización, circunstancia que debería darse en cada estado de la República. Sin embargo, el planteamiento guerrerense no aporta en ese objetivo y, más bien, busca que los ciudadanos desconozcan datos a los que tienen derecho, para beneficiar los intereses particulares de unos pocos.

Habrá que estar pendientes de la decisión que se tome el lunes 27 de febrero.

¡Feliz fin de semana!