Políticos, empresarios, líderes sociales e intelectuales presentaron ayer el “Acuerdo por Michoacán”, un documento con 58 compromisos, dividido en seis líneas estratégicas, que pretende impulsar la seguridad, el desarrollo económico y la justicia social en la entidad, pasando por temas de administración, finanzas y rendición de cuentas por parte del gobierno estatal.

La crisis de inseguridad, pobreza e injusticia por la que atraviesa esa entidad, la ha colocado como el mayor foco rojo en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, y ha obligado al gobierno federal, como hace casi siete años hizo el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, ha implementar un operativo con miles de militares, marinos y policías federales para combatir a los cárteles del crimen organizado que tienen secuestrada a la población y detentan el poder en vastas regiones.

Por eso, los michoacanos aplaudieron ayer que todos los sectores productivos del estado se unieran en torno a un pacto, a un acuerdo, donde el objetivo es generar, luego de décadas de abandono, una ruta de políticas públicas que verdaderamente hagan viable el desarrollo de los michoacanos abrumados por la violencia.

Sin embargo, el reclamo de los legisladores de la oposición en el Congreso local sigue centrado en el tema de la gobernabilidad.

Para los diputados del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) no basta con establecer un acuerdo que de prioridad al tema de la seguridad publica, misma que absorbe 11 de los compromisos firmados ayer.

Hace falta, dicen, que de una vez por todas el partido en el gobierno, el Revolucionario Institucional (PRI), defina quién se quedará al frente del Ejecutivo estatal, pues el Gobernador electo Fausto Vallejo Figueroa –quien asumió el cargo en febrero de 2012– ha estado lejos de esa administración mucho más días de los que ha gobernado.

La primera vez que Vallejo Figueroa pidió ausentarse de la gubernatura fue el 7 de marzo pasado, cuando se retiró por 10 días del cargo para practicarse un examen médico. Un mes más tarde, el 22 de abril, solicitó al Congreso una licencia para retirarse por 90 días, tiempo en el cual fue sometido a un trasplante de hígado en una clínica de la ciudad de Chicago, Illinois.

Pero ahora, dicen los congresistas, planea una nueva solicitud de seis meses debido a su quebrantada salud.

Todo esto sucedió, además, en el marco de la ola de violencia más grave que ha padecido esa entidad en su historia.

Desde el 22 de abril pasado, el ex secretario de Gobierno, el también priista Jesús Reyna García, ocupa el cargo de Gobernador interino. Pero sus facultades y credibilidad han sido limitadas ante la incertidumbre del regreso de Fausto Vallejo.

Ahora, con el “Acuerdo por Michoacán” esa administración puede tener un rumbo más certero y que sea respaldado por todos los actores políticos, económicos y sociales del estado. Sin embargo, la oposición insiste en que el PRI debe definir, y pronto, quién estará finalmente al frente del Ejecutivo estatal para evitar más vacilaciones.

Aunque el PAN y el PRD no pueden exigir a los priistas quién debe quedarse finalmente como Gobernador, sí han emplazado al tricolor para que asuman su responsabilidad y definan la situación para tener un gobierno avalado por el Congreso y por todos los partidos políticos.

La agenda común que contiene el “Acuerdo por Michoacán” es un gran avance, pero mientras ese estado siga descabezado se mantendrá la sensación de ingobernabilidad y la incertidumbre de quién tiene las riendas del gobierno. Lo demás, dicen los opositores al PRI, son sólo propuestas que suenan muy bonito, pero que no tienen un líder visible y con respaldo político para llevarlas a cabo.