Las protestas de ayer en Chilpancingo, Guerrero, en las que estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y maestros del estado incendiaron parte del edificio del Palacio de Gobierno y también instalaciones del Ayuntamiento de esa ciudad, son una muestra más de que el Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero ya no tiene control sobre la entidad y no es una figura de autoridad y mucho menos de confianza para participar en la investigación de la muerte y la desaparición de normalistas en Iguala.

Mientras la tensión y el miedo se apoderó de la capital del estado, y por momentos se dieron amagos de una enfrentamiento con las fuerzas del orden locales, que bien pudo derivar en una nueva tragedia, el Gobernador se dio tiempo para estar en entrevistas con estaciones de radio nacionales y promocionar una entrevista en televisión, donde insistió en que en Guerrero no hay ingobernabilidad.

Es verdad que incendiar las instalaciones del Palacio de Gobierno no fue una reacción plausible de los muchachos de Ayotzinapa pero, ante la falta de resultados y diálogo con las autoridades locales y federales, se les están dejando pocas opciones.

La indignación por la muerte y desaparición de sus compañeros es tan grande que puede provocar más reacciones violentas y, además, ya no son sólo ellos. Se habla de que, desde diversos puntos del país, cientos de estudiantes –si no es que miles– se trasladarán a Chilpancingo e Iguala para apoyar la lucha de los normalistas.

Este día, además, las principales universidades públicas de la capital del país y de otros estados realizarán un paro académico, al que han identificado en redes sociales con la etiqueta #ParoNAcionalYA.

Pero ni el gobierno federal y menos el de Aguirre Rivero parecen darse cuenta del riesgo que significa no dar respuestas ni alternativas a la indignación no sólo de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, sino de toda la sociedad en Guerrero, cansada de los abusos de un narco-gobierno que ha alentado la impunidad y que la ha puesto al límite de su tolerancia.

Son estudiantes que, además, representan a la parte más desprotegida de la sociedad: la que ha sido marginada por décadas, la indígena, la marginada, la más pobre.

Pero ni aun así, ni siquiera entre los líderes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al cual pertenecen Aguirre y el ahora prófugo Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez –un hombre desde hace años señalado por sus ligas con el crimen organizado– cabe la ética y la congruencia.

No hay una sola voz que exija que el Gobernador se vaya y que, además, responda por el desastre en que se convirtió esa entidad.

A Carlos Navarrete Ruiz, el nuevo presidente nacional del PRD, la crisis de Ayotzinapa le explotó en el rostro apenas minutos después de haber tomado protesta.

Las acusaciones directas sobre que el Alcalde Abarca Velázquez ordenó la represión y la cacería de los estudiantes y que éste, además, era colaborador del cártel Guerreros Unidos y en las narices de todos los habitantes de la región cometía diversos crímenes, no ha merecido una verdadera autocrítica de los perredistas, menos aún del grupo de “Los Chuchos” al cual pertenece Navarrete Ruiz y del que era parte el propio Abarca.

El presidente nacional del Sol Azteca se ha limitado a ofrecerle una disculpa pública a los ciudadanos de Iguala, arremeter contra las políticas del gobierno federal para enfrentar la inseguridad y a eludir las exigencias del pueblo guerrerense que pide que Ángel Aguirre se vaya de la gubernatura y sea investigado a fondo.

El PRD ha dejado correr la indignación no sólo en Guerrero sino a nivel nacional, cuando es su responsabilidad dar la cara y comportarse con responsabilidad ante esta crisis.

Es urgente que el partido que llevó a Aguirre y al Alcalde de Iguala al poder recapacite a en virtud de los hechos. La historia dice que los hombres desesperados cometen tonterías. Anoche se anunciaron refuerzos policiacos, tras los desmanes en la capital de la entidad. Una mecha encendida tarde o temprano llega a la carga explosiva.

Redacción/SinEmbargo

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