Quien diga que el único partido responsable y en crisis por el caso Ayotzinapa es el de la Revolución Democrática (PRD) está totalmente equivocado.

A más de un mes de la tragedia en Iguala, Guerrero, y con cada vez más evidencia de la culpabilidad de autoridades locales perredistas, en la represión, asesinatos y desaparición de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, y además con nexos con el crimen organizado, ese partido tiene mucho qué explicar a la sociedad.

El PRD está ante el enorme reto de asumir su responsabilidad por las omisiones cometidas en Guerrero: desde impulsar la candidatura de un priista, como Ángel Heladio Aguirre Rivero y sólo por la ambición de poder, hasta la de un Alcalde con amplios señalamientos criminales en Iguala, como es el caso de José Luis Abarca Velázquez, presunto responsable de ordenar el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre.

Pero los otros dos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que es hoy gobierno en México, y el Partido Acción Nacional (PAN), que no supo ser gobierno y ahora es una oposición complaciente, también deben asumir los costos de este desastre social no sólo en Guerrero, sino en todo el país.

México no marcha ni en lo económico ni en lo social gracias a la complacencia de esos tres partidos con el poder en turno. En éste, el que encabeza el priista Enrique Peña Nieto, la sumisión ha sido total.

Los tres partidos han aprobado reformas que, en su conjunto, no contribuyen al desarrollo y el progreso de la Nación porque están echas a modo de los intereses propios de cada instituto político y no de los ciudadanos, y porque no fueron a fondo para exterminar los grandes problemas: la falta de transparencia y rendición de cuentas, el ataque frontal a la corrupción y la impunidad, y el combate a los monopolios, por ejemplo, tres exigencia de la sociedad, la que les da de comer y de beber a esos políticos y a sus familias, y a la que nunca han escuchado.

Ahora, ante la indignación y la rabia desatada por el ataque a los normalistas; ante la evidencia de que Guerrero se pudrió por la complacencia de los tres partidos que, durante décadas, desatendieron los llamados de los ciudadanos para hacer justicia y terminar con los caciques, que no han causado sino miseria, hambre y terror en esa entidad, el PRD, el PRI y el PAN están en el desprestigio total.

Las familias de los 43 desaparecidos y los estudiantes de Ayotzinapa, a los que apoya ahora el país entero, se impusieron para que el Gobernador interino de Guerrero no fuera un militante de esos partidos. Exigieron a un representante de la sociedad civil en ese gobierno. Y, por supuesto, ante ese reclamo no había nadie con suficiente autoridad moral y ética por arriba de ellos para contradecirles.

Los partidos y el gobierno federal deben dejar de estar en las nubes, dejar de repartirse en cada sexenio la riqueza del país desde la Presidencia y el Congreso, y situarse cuanto antes en la tremenda realidad de marginación, pobreza, falta de oportunidades, violencia y crimen, en la que han situado a más de 112 millones de mexicanos.

El riesgo de no hacerlo es terminar con todas las instituciones del Estado, incluso con el sistema político que les da vida… y una gran vida por cierto. El riesgo es que la inestabilidad social cunda por toda la República, que haya más sangre que la que ahora corre como río, y que el país termine, por completo, hundido en esa enorme fosa común que ellos también han ayudado a cavar.

Redacción/SinEmbargo

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