Si los enfrentamientos de 2006 en San Salvador Atenco marcaron con su violencia el sexenio de Enrique Peña Nieto como Gobernador del Estado de México, el caso del asesinato de seis estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y la desaparición de 43 más, el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, marcan un antes y un después en la carrera política del ahora Presidente de la República.

El 3 y 4 de mayo de 2006, las fuerzas de seguridad del Edomex y de la entonces Policía Federal Preventiva arremetieron contra los pobladores de Atenco, dejando como resultado la muerte de dos personas –Alexis Benhumea y Javier Cortés–; la detención de 207 personas, entre ellas 10 menores de edad; 146 detenciones arbitrarias; la expulsión de cinco extranjeros y quejas contra elementos policiacos por presuntas vejaciones y violaciones sexuales a 26 mujeres, de acuerdo con un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que acusó violaciones graves y el uso excesivo de la fuerza por parte de mandos policiales.

Aquella tragedia, que también alcanzó repercusión internacional, es una sombra que ha perseguido a Peña Nieto y se hizo más grande durante su campaña a la Presidencia de México en 2012. Sin embargo, no pesó lo suficiente –no al menos entre el electorado que votó por el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI)– para obstaculizar su llegada a Los Pinos.

Pero a más de ocho años de aquel operativo fallido contra los ejidatarios de Atenco, el ahora Presidente está ante el caso más complicado de toda su carrera política.

En la reunión que sostuvo el miércoles pasado con los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala –cuyo secuestro es aún más grave porque fue realizado por orden del Alcalde de ese municipio y por sus policías, además de otros elementos de seguridad del ayuntamiento de Cocula–, el rostro del Jefe del Ejecutivo federal dio muestras de un agobio que no se le había visto.

Su gobierno está, como nunca antes en estos casi dos años, sujeto a una presión nacional e internacional que ha puesto en vilo el poco prestigio ganado, por lo menos a los ojos del extranjero, gracias a sus polémicas reformas estructurales.

Era el rostro de un hombre que sabe que en este caso se está jugando el futuro, y no el político, sino con el que quedará su nombre grabado en la historia del país.

Ayer, por primera vez desde que estalló esta crisis, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, es el problema “más grave” al que se ha enfrentado el actual gobierno federal.

“Este es el problema más grave que ha tenido este gobierno, sin duda. Lamentablemente, se ha dado una circunstancia que no sólo a nivel nacional, sino internacional nos ha lastimado”, afirmó el funcionario federal y jefe del Gabinete Legal a Radio Fórmula.

Y sí, el político hidalguense no hizo sino aceptar lo que se ha repetido durante los últimos 34 días: que el gobierno de Peña Nieto es visto hoy por organizaciones defensores de derechos humanos nacionales y extranjeras, por una parte de la prensa mexicana y por los medios más influyentes del mundo, como un Estado fallido, ante la corrupción que ha alimentado por años y por propia mano.

Ayotzinapa es un antes y un después para el Presidente. De su equipo más cercano y de su voluntad política para llegar hasta el fondo en este caso, dependerá el grado del prestigio o, en su defecto, del desdoro que su paso por la Presidencia pueda dejar.

Redacción/SinEmbargo

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