El 9 de octubre pasado, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, recibió la Medalla al Mérito Cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, que otorga la Cámara de Diputados, convirtiéndose además en la primera mujer del país en recibir el galardón.

En la ceremonia de entrega, el presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, el panista Marcos Aguilar Vega, destacó el trabajo de la ministra por la igualdad de género y el pleno acceso a los derechos humanos; además la calificó de “pionera” en diversos campos, pues fue la primera notaria pública por oposición en el Distrito Federal.

Su postulación, dijo entonces el legislador queretano, fue motivo de un intenso debate al interior de la comisión, para finalmente alcanzar un consenso, el cual exhibe la legitimidad de las decisiones que ahí se toman, “ya que la democracia no es sinónimo de unanimidad, sino el espacio en donde se construye un camino común con base en el respeto y la tolerancia”.

Pero 21 días después, y luego de que la SCJN rechazara, primero, la solicitud del Partido Acción Nacional (PAN) para que en 2015 se realizara una consulta popular sobre el monto del salario mínimo y, luego, las consultas populares que el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) pretendían realizar, por separado, para revertir la Reforma Energética, la ministra Sánchez Cordero se convirtió en la enemiga número 1 de esos institutos políticos.

La jueza estuvo entre el grupo mayoritario que rechazó el 29 de octubre la propuesta panista y, un día después, también la de los partidos de izquierda, considerando ambas peticiones como “inconstitucionales”.

La respuesta de los legisladores a este revés, que puede ser injusto desde el punto de vista del reclamo de esos partidos, fue responder con una chiquillada, un berrinche, si se considera que semanas antes habían llenado de loas a la ministra.

El 30 de octubre, en un boletín de prensa que pasó desapercibido para muchos, los diputados de los grupos parlamentarios de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC), suscribieron una petición a la presidencia de la Mesa Directiva, para que le sea retirada la medalla al mérito cívico “Eduardo Neri y Legisladores de 1913”, a la ministra Olga Sánchez.

El vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, afirmó que la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se manifestó en contra del clamor popular y el derecho de las personas a ser consultadas en temas de relevancia nacional.

“Ha sido un grave error de esta Legislatura entregarle esta medalla a un funcionario público en activo, sobre a todo una ministra de la Corte que ha tomado decisiones contrarias al interés nacional”, expuso.

Mejía Berdeja recordó que desde que se le entregó la medalla, un grupo nutrido de legisladores se opusieron a la dicha entrega, sobre todo por tratarse de una funcionaria en activo, pero no dijo quién o quiénes fueron los que rechazaron entregarle el galardón a la jueza.

“La ministra Sánchez Cordero no tiene la autoridad moral. Eduardo Neri fue un legislador patriota que supo en su tiempo oponerse al poder presidencial del dictador Victoriano Huerta y parece que la ministra es todo lo contrario, pues ha estado al servicio del Ejecutivo y evidentemente en estas decisiones de negar las consultas populares actuando de manera servil y de sometimiento al Ejecutivo”, afirmó.

De acuerdo con el legislador federal, tienen más de 80 firmas que suscriben esta petición y esperan se sumen aún más en los próximos días.

Sin embargo, este caso vuelve a dejar un muy mal sabor de boca respecto a las decisiones y el comportamiento de los partidos en el Congreso.

El mensaje, parece, es: si me beneficias te premio, te pago, te reconozco, te empodero. Pero si me atacas te desacredito, te menoscabo y te retiro el apoyo, incluso te arrebato las medallas, porque si no estás conmigo estás contra mí y contra mis intereses.

Es verdad que durante este sexenio, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [Luis María Aguilar Morales, Fernando Franco González Salas, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Margarita Luna Ramos, Jorge Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Juan Nepomuceno Silva Meza –quien preside la Corte Suprema–, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y la propia Sánchez Cordero–, han evidenciado con sus decisiones una franca inclinación hacia quienes hoy gobiernan México y no hacia los millones de mexicanos que reclaman justicia y equidad en diversos temas, ya sean los que conciernen a la agenda de los derechos humanos, a los asuntos electorales, a los temas de transparencia, corrupción e impunidad, entre muchos otros.

Ese sesgo en apoyo al gobierno federal lo han mantenido desde el inicio del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto y sí, agravia a millones de mexicanos convencidos de que las cosas en el Poder Judicial están cada vez peor, y ni la Corte Suprema de Justicia es capaz de dar la cara por ellos.

Pero esto, como decimos, no es nuevo. Entonces, ¿por qué los partidos premiaron a Olga Sánchez Cordero con tanto revuelo y ahora, que sus decisiones no les son favorables, exigen retirarle la medalla y de paso la acusan de servil? ¿Qué no habían dado cuenta de su actuación en otros casos? ¿Qué nadie investigó para quién trabaja?

La reacción de los partidos, ahora, a toro pasado, es tan lamentable como su elección al otorgar semejante reconocimiento a la ministra. Huele mal, huele a conveniencia y a una concesión para, como ahora le reclaman, buscar también los favores de la Corte.

La sociedad está frita, eso que ni qué.

Por un lado tenemos ministros que inclinan la ley a favor de los poderosos y, por el otro, partidos políticos que dan premios a modo para favorecer sus intereses y sin mirar a quién. En el medio quedan los ciudadanos, los verdaderos defenestrados de las grandes decisiones en el país y, por tanto, los que realmente siguen siendo lacerados por los artificios que practican un puñado de hombres y mujeres, siempre en pos de un beneficio personal y del “como veo, doy” que nos ha sumergido en el hoyo de la impunidad en que ahora estamos.

Redacción/SinEmbargo

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